El 1 de abril de 2020 los madrileños cumplían dos semanas encerrados en sus casas. El Gobierno central había decretado el confinamiento como medida extrema ante la grave pandemia que dejaba centenares de muertos cada jornada. Ese primero de abril, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid cerraba un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, un material de protección escaso ante un virus de dimensión mundial. Había que recurrir al mercado chino y para los empresarios con contactos en el país asiático se abría una oportunidad de negocio en medio de un mar de desesperación general.
Entre esos empresarios estuvo Daniel Alcázar. Aunque a sus supuestos contactos en China, Alcázar podía sumar otros que no reunían sus competidores: él conocía a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde bien pequeños. Han veraneado años y años en el pueblo paterno de la presidenta, Sotillo de la Adrada. Era habitual verlos juntos y también al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso. Finalmente vendió 250.000 mascarillas por un millón y medio de euros, a 6 euros la unidad. Estos son los interrogantes que presenta aquella operación que está en el origen de la explosión política que ha sufrido el Partido Popular en las últimas horas:
Un comisionista de apellido Díaz Ayuso
“Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado a conseguir absolutamente nada en su vida laboral”. Así se refirió la presidenta de la Comunidad de Madrid a Tomás Díaz Ayuso en la comparecencia de este jueves, en la que cargó contra el PP nacional por un supuesto espionaje contra ella. Diplomado en gestión empresarial, Tomás Díaz Ayuso se dedica a sus negocios.
La comparecencia sin preguntas de la presidenta madrileña supone el segundo hito del episodio desvelado por elDiario.es en noviembre de 2021. Entonces, este periódico reveló que la Comunidad de Madrid había adjudicado a Daniel Alcázar un contrato por 1,5 millones de euros, que el empresario es amigo de Isabel y Tomás Díaz Ayuso y que la Administración autonómica había elegido a su proveedor a dedo, amparada por la especial situación que se vivía en ese momento. Este viernes, la presidenta dio un impulso al caso reconociendo que su hermano había cobrado una comisión por aquella intermediación.
Algunos medios han cifrado esa comisión en 280.000 euros. Según el diario ABC, Tomás Díaz Ayuso cobró esa cantidad por poner en contacto a su amigo Alcázar con la Administración que preside su hermana en el momento más dramático vivido en España desde la Guerra Civil. La presidenta se desvinculó de la decisión de contrataron con su amigo: “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”, defendió la presidenta. Y añadió: “De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno”.
Una empresa sin relación alguna con el sector de la sanidad
En un bajo del popular barrio de San Isidro, en Madrid, se encuentra la sede de Priviet Sportive S. L, la empresa adjudicataria del contrato de las mascarillas FFP2 y FFP3 para la Comunidad de Madrid, perteneciente a otra empresa de la que es administrador único Daniel Alcázar Barranco. El empresario está al frente de otras siete sociedades, la mayoría dedicadas al comercio textil y ganadero. Ni rastro de fabricación de productos sanitarios.
Daniel Alcázar conoce a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano Tomás del pueblo abulense de Sotillo La Adrada, en el Valle del Tiétar, destino vacacional de los que emigraron a Madrid, o de los madrileños que no tienen relación familiar con la localidad pero pueden permitirse una segunda residencia en el campo. La amistad en la infancia se prolongó durante la adolescencia y la juventud y al grupo de amigos le vinculan en el pueblo a uno de los pubs donde mataban las horas los veranos, el Paparazzi, según pudo comprobar elDiario.es a través de los testimonios recogidos en el pueblo.
Esta redacción se puso en contacto en noviembre con Daniel Alcázar que se limitó a colgar el teléfono. Este jueves, elDiario.es ha intentado contactar de nuevo con el empresario que no ha respondido las llamadas. La Comunidad de Madrid reconoció que la presidenta y el empresario mantenían una relación estrecha pero aseguraron que la presidenta no intervino.
Un relación que nace y muere con este contrato
La relación contractual entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportive S.L nace y muere con este contrato. No hay rastro de más relaciones contractuales con esta empresa en el Portal de Contratación. Cuando elDiario.es lo investigó, preguntó a la Comunidad de Madrid quién se había puesto en contacto con la empresa o si la dirección fue la opuesta, que la empresa se puso en contacto con la administración regional.
Este jueves, la presidenta madrileña ha asegurado que el contrato “está firmado y promovido por un médico, que era el máximo responsable asistencial del SERMAS”. La realidad es que ese contrato lo firma la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, –hoy diputada en la Asamblea de Madrid– que no es médico de profesión, sino psicóloga. Dávila fue destituida de ese cargo en la Consejería de Sanidad en octubre de 2020.
Dos tipos de mascarilla pero sin detallar
El amigo de los Díaz Ayuso cerró el contrato el 1 de abril de 2020 para suministrar 250.000 mascarillas al hospital de campaña que se había instalado en el pabellón 10 de Ifema. Fue un monto total de 1.512.000 euros, IVA incluido. Cada mascarilla costó a la Administración autonómica 6,05 euros, un precio muy elevado en situación normal, pero que se vio igualado o superado en algunas otras adquisiciones de distintas comunidades autónomas en el mismo periodo crítico.
Otro de los datos curiosos del contrato, y que la Consejería de Sanidad no supo responder en noviembre, es cuántas mascarillas de FFP2 y FFP3 se compraron a la empresa propiedad del empresario amigo de Ayuso y que supuso una comisión para su hermano. En el contrato se detalla que se adquirieron estos dos modelos –que tienen importes diferentes en el mercado– pero no detallan la cantidad de cada una. En la Consejería no respondieron a esta cuestión a preguntas de este diario.
Un contrato difícil de encontrar
elDiario.es también se puso en contacto con la Consejería de Sanidad el 16 de noviembre de 2021 a las 18:43 horas para constatar la información con la que disponía respecto al polémico contrato. Hasta ese momento era tarea casi imposible encontrar su contenido a través de las búsquedas que ofrece el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. Desde ese momento, fue perfectamente accesible.
“El contrato está colgado desde junio de 2020 en el portal de contratación. Está fiscalizado y es perfectamente legal. No hay nada más que comentar por nuestra parte”, respondieron en esa llamada fuentes del Gobierno de Ayuso.
En los archivos que figuran en el portal de contratación también puede comprobarse que la Consejería de Sanidad modificó después de publicarlo la fecha real en la que se produjo la relación contractual. Aunque en un primer momento se indicaba que había sido el 24 de marzo, en un documento posterior se especifica que fue el 1 de abril.