“Es muy curioso porque nadie sabe nada de nada”. La presión por pagar el alquiler mes a mes continúa en aumento mientras los jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid que han solicitado el bono del alquiler siguen a la espera de la primera tanda de ingresos. Una espera muy diferente para cada caso: mientras para algunos se trata de un trámite administrativo que se dilata como otros tantos, para otros supone la diferencia entre vivir ahogados económicamente o tener un respiro en la precariedad: “Silencio administrativo”, repiten algunos de ellos.
Aunque los fondos provienen de la administración estatal, la implementación de las ayudas viene de las comunidades autónomas y estas podían elegir aumentar o no en 100 euros la ayuda, de 250 euros al mes. En el caso de Madrid, la convocatoria se abrió el 21 de septiembre de 2022 y por el momento se han publicado cuatro listados de beneficiarios de la concesión: tres en diciembre de 2022 y otro este mes de abril. En total, 8.200 personas, que por el momento no han recibido ningún ingreso.
Eric apareció en las primeras listas de beneficiados. Como otros, en un periodo de 15 días tuvo que subsanar la documentación requerida para poder continuar el procedimiento: en su caso, las facturas de pago del alquiler. Una vez adjuntó la información, preguntó a la Comunidad por el estado del trámite y tras más de un mes y medio, todavía no ha obtenido respuesta: “Lo doy por silencio administrativo”, explica en conversación telefónica. “Estamos mi madre y yo en el paro, así que si nos ingresaran esto, nos daría una inyección de dinero. Al menos lo que ingresamos de paro lo podríamos dedicar a comer”, cuenta.
Los requisitos recogían principalmente ser menor de 35 años y que la renta no superara en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Una vez concedida la ayuda y aprobado el pago, se sumaría el dinero correspondiente y se realizaría la transferencia de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2022 hasta 24 meses después. Mila, una joven maestra en paro, expone que en su caso este procedimiento le perjudica porque ella tiene que seguir pagando mes a mes el alquiler, con o sin ayuda: “Desde la comunidad te dicen que es muy difícil de gestionar”, explica en conversación telefónica. El problema para la profesora no es solo que deban hacer frente al pago sin la ayuda, sino que el arrendamiento en ciudades como Madrid es cada vez más caro: “Ya no hablamos de barrios pudientes, es que un alquiler en un barrio normal por menos de 900 euros no encuentras nada”.
Cristina relata un caso similar: pidió la ayuda el mismo día de su publicación y salió en la primera lista de beneficiarios en enero después de que le requiriesen información. Tras más de cuatro meses, todavía no ha obtenido respuesta y desde la consejería le indican que “se están revisando los recibos”. Además, apunta que en 2024 acaba el contrato de alquiler de su piso y que, aunque haya aparecido como beneficiaria, no sabe si el dinero del bono llegará este año o el siguiente. “Llamamos y nadie sabe nada”, añade.
“Abono de todos en bloque en junio”
Desde la Dirección General de Vivienda de la Comunidad indican que “se está comprobando que la documentación” de los beneficiarios de los tres primeros listados es correcta “para proceder al abono de todos en bloque en junio” y aseguran que el decreto no recoge un plazo legal para el abono de la subvención, sino uno para la concesión de las ayudas, que “es de seis meses y se está cumpliendo rigurosamente”. Desde la Comunidad critican la “complejidad” de las bases regulatorias del Gobierno y afirman que ese es el motivo por el que se ha “enmarañado la tramitación”. Además dicen que el dinero del Estado “solo cubrirá al 1% de la población joven de Madrid”.
El plazo de seis meses también se recoge en la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno del 14 de septiembre de 2022, aunque todavía hay gente a la espera de que se resuelva la notificación. “El vencimiento de este plazo máximo sin dictar resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención”, indica el documento.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya dijo que no iban a aumentar esos 100 euros extra para dilatar la ayuda inicial del Ejecutivo, aunque sí se ha ampliado el umbral del precio del alquiler con el que se puede solicitar el bono, que queda en 900 euros por apartamento o 450 por habitación como máximo en 29 municipios de la comunidad autónoma.
Por su parte, Fernando habla de que el “objetivo final” del subsidio está “mal planteado” por la demora en los ingresos. “A mí se sorprende que si la ayuda se implantó para que la gente joven se pudiera emancipar, yo he estado adelantando el alquiler de un año entero”, explica a elDiario.es. Él también continúa esperando que se actualice el estado del trámite y mientras tiene que seguir abonando la mensualidad correspondiente.
Situación del bono en otras comunidades
Aunque los retrasos en los pagos y el avance del bono no es exclusivo de la capital. En Andalucía están teniendo problemas para recibir la subvención y miles de andaluces continúan a la espera. Además, la página colapsó. La Comunitat Valenciana ya ha resuelto todas las solicitudes del bono de la convocatoria de 2022, mientras que la próxima convocatoria saldrá este martes. En total, la región ha destinado 45 millones de euros para 2022 y 2023. En Catalunya, el 62% de de los solicitantes se quedaron fuera por falta de presupuesto. Siete comunidades no resolvieron en 2022 de manera favorable ninguna de las solicitudes: Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla.
Según informan desde el Observatorio de Vivienda Asequible de la asociación Provivienda, las comunidades que han empezado ya a ingresar el dinero del bono son Extremadura, Comunidad Valenciana, Catalunya, Canarias, Baleares, Asturias, La Rioja y Ceuta.
La recién aprobada ley de vivienda, que llegará este jueves al Congreso de los Diputados, se ha hecho eco de estos incrementos de los alquileres, una de las principales tareas pendientes en el país en materia de vivienda, y pretende poner un tope al precio para 2024. Sin embargo, Ayuso ya ha avisado de que no aplicará la norma pese a los problemas que tiene la región con la vivienda. “Allá donde no sea obligatorio no lo voy a hacer y desde luego con todas mis competencias recurriré en los tribunales lo que se pueda, pues es un atropello contra la propiedad”, dijo la semana pasada.
Por el momento, los jóvenes residentes en Madrid siguen a la espera de las necesarias ayudas para paliar el precio de los alquileres, con un efecto agravado en muchos casos por trabajos precarios. “Lo van a ingresar cuatro días antes de las elecciones”, vaticina con sorna Mila.