El desfile de moda del diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, Palomo Spain, celebrado hace casi un año en Madrid ha generado una nueva tormenta política en el Ayuntamiento de Madrid. El evento se celebró en pleno Paseo del Prado y al recinto, vallado y engalanado para la ocasión, solo accedió un grupo de invitados VIP como Rocío Carrasco o Raquel Sánchez Silva, una lista diseñada por el Ayuntamiento de Madrid y los organizadores del evento. Sobre las tablas desfilaron modelos ataviados con túnicas romanas, delantales con acabados flamencos o estampados africanos. Los viandantes que pasaban por esa céntrica calle de la capital y quisieron contemplar el espectáculo tuvieron que mirar a través de los árboles y escudriñar entre las vallas que se desplegaron para convertir el desfile en un evento privado.
La organización corrió a cargo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Andrea Levy. A pesar de que se trataba de un evento exclusivo, de imposible acceso para el conjunto de la ciudadanía, el consistorio llevó a la Banda Sinfónica Municipal, alquiló un piano y contrató a la pianista cordobesa María Dolores Gaitán. Los modelos pudieron desfilar así entre acordes en directo de música soul de los años 60 y 70.
El acto, que se celebró en octubre del año pasado, fue denunciado poco después ante la Oficina contra el Fraude y la Corrupción de Madrid por el PSOE y CCOO al considerar que hubo un uso indebido de recursos públicos para un evento de índole privada. Sin embargo, el organismo municipal que dirige el ex fiscal general del Estado Carlos Granados, ha dictaminado ahora que en los hechos “no se aprecian indicios de fraude o corrupción”, según señala el informe remitido a las partes, al que ha tenido acceso este diario. “La Oficina contra el Fraude da por buenas las explicaciones del Área de Cultura. El Grupo Municipal Socialista, no”, replica la portavoz de este grupo, Mar Espinar.
El desfile pudo haberse llevado a cabo en el Puente Romano de Córdoba, pero al alcalde de esta ciudad, José María Bellido, del PP, le parecieron excesivos los 500.000 euros que le pedía la empresa del diseñador, con la que al final no llegaron a un acuerdo, según adelantó el digital Cordópolis. Almeida, en cambio, accedió a que se realizara en Madrid bajo el argumento de que no supondría gasto para el consistorio y que serviría “como promoción de la capital” dado que, según sostuvo, la marca Palomo Spain “tiene proyección internacional”.
De hecho, en la información aportada por el propio Ayuntamiento a la Oficina Municipal contra el Fraude se especifica que el desfile “no supuso ningún coste”, salvo el alquiler del piano y el pago a la pianista. “Para el concierto de la Banda Sinfónica del 7 de octubre, que contó con la aprobación del maestro Jan Cober –director de la Banda– desde el principio de la propuesta se invirtieron única y exclusivamente 12.100 euros. Una suma que responde a la partida de alquiler del piano (2.057 euros, IVA incluido) y al alquiler del escenario (10.043 euros, IVA incluido)”, afirman.
Mar Espinar contraataca: “Una vez más, este alcalde permite el beneficio de empresas privadas a costa de recursos municipales. Este grupo municipal examinó el expediente, en el que no existía ningún documento que justificara la participación de la Banda Sinfónica ni los gastos pagados para ese acto por todos los madrileños”. Los socialistas ya habían preguntado por este extremo en la Comisión de Cultura. Les contestó la entonces directora General de Programas Culturales del Ayuntamiento de Madrid, María Ballesteros de Prado, entre cuyas competencias está la Banda Sinfónica, que insistió en que en ningún momento se incurrió en ilegalidad alguna “por facilitar una colaboración entre un colectivo municipal y otro del sector de la moda”. Ballesteros aseguró también que no tenía que producir “vergüenza alguna” apostar por una colaboración público-privada en un acto que, insistió, contó “con la conformidad de la dirección de la banda desde el primer momento”.
Ballesteros de Prado, un cese que nadie se explica
Se da la circunstancia de que Ballesteros del Prado fue repentinamente cesada por Levy el pasado 22 de julio para ser sustituida por José Luis Ramos Romo, que ejercía como asesor en el gabinete de la concejala. Fuentes del Área de Cultura, preguntadas por esta redacción, justifican el relevo asegurando que “se trata simplemente de una redistribución del propio equipo, en aras de afrontar, de la mejor manera posible, los retos que quedan hasta el fin de la legislatura”, aclarando que la anterior directora general se queda en ese departamento pero “como asesora”.
Este repentino cambio, sin embargo, ha extrañado a los socialistas. “Resulta llamativo el cese justo cuando se resuelve el expediente y cuando podemos comprobar que se nos ha ocultado información. Quizá habría que preguntarse si este despido busca proteger a la propia Delegada de Cultura y mantenerla así en su puesto hasta final de mandato”, afirma Espinar. “Lo que vemos con claridad es la falta de capacidad de gestión de esta última y del alcalde a la hora de llevar a cabo procedimientos y expedientes como el denunciado. Quizá el cese tenía que haber sido el de la propia Levy tras tres años de abandono de los sectores culturales y de los propios trabajadores municipales”, añade.
El cese también pilló por sorpresa a los miembros de la Banda Municipal, que conocieron al sucesor de su máximo responsable justamente un día después de que la exdirectora general se acercara a despedirse de ellos mientras estaban preparando una actuación. “Nos pareció todo muy precipitado. En el departamento nadie sabe el por qué de este cese”, explican fuentes de CCOO a esta redacción.
El director titular de la banda, Jan Cober, es holandés y ejerce también como profesor en el conservatorio de Maastricht, en su país natal. Según explican las mismas fuentes de este sindicato, el pasado mayo se programaron una serie de ensayos con alumnos del curso de Cober para hacer prácticas con la banda. “Nos dijeron que era una colaboración internacional con bandas europeas”, cuentan, mientras dudan de que este tipo de actividades entren dentro de sus competencias y estén reguladas a través de algún convenio, dado que se usa para ello dinero público y no ven que estos ensayos aporten beneficio alguno a los ciudadanos de Madrid.
Necesidad de un convenio público-privado
En el caso del desfile de Palomo Spain, los socialistas pidieron que el Área de Cultura concretara si el acto estaba amparado por algún convenio marco. “Esa colaboración público-privada tiene que estar reglada por algún convenio o firma que ofrezca garantías tanto a los ciudadanos como al propio Ayuntamiento”, afirmó entonces la portavoz del Grupo Socialista. “El PP, una vez más, no está entendiendo lo que son los servicios públicos y que a quien tienen que beneficiar es a la ciudadanía”, concluyó.
El departamento de Levy reconoce en las explicaciones dadas a la Oficina contra el Fraude que en el caso concreto del desfile de Palomo Spain en el Paseo del Prado las condiciones “quedaron plasmadas por correo electrónico dado el escaso tiempo de gestión para la tramitación y ejecución de la acción”. “Atendiendo al interés sobre la documentación que recoge los términos y/o condiciones de la colaboración público-privada a la que se hace mención en el primer informe, cabe resaltar que la buena voluntad entre ambas partes y el escaso tiempo gestión para la tramitación y ejecución de la acción hizo que los términos y condiciones del desarrollo de esta se llevaran a cabo mediante la correspondencia por correo electrónico: una de las prácticas habituales en la Unidad de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM)”, dice Cultura.
Pero en el informe se señala que “la Sección Sindical de Áreas y Servicios Centrales del Sindicato CCOO afirma que es a finales del mes de agosto de 2021 cuando el diseñador Alejandro Palomo se dirige al Área de Cultura para mostrar su interés en celebrar el desfile”. Un dato que corrobora la Oficina que dirige Granados: “Efectivamente, el 25 de agosto de 2021, según se refleja en la Agenda pública de la Dirección General de Programas y Actividades Culturales, la Directora General mantiene una reunión telemática con distintos asistentes” para ese fin.
El informe, a su vez, puntualiza: “La colaboración público-privada supone la aportación mutua de los recursos cuando existe un interés común entre Administración Pública y sector privado. Se puede concretar a través de un contrato, convenio o por cualquiera de las formas previstas en derecho. En el correspondiente documento de colaboración se establecerían los objetivos, finalidades y compromisos de las partes, así como el régimen de obligaciones, vigencia o seguimiento de las condiciones acordadas”.
Los socialistas ven inadmisibles tanto las justificaciones de área de Levy como la respuesta de la Oficina contra el Fraude, “que ha sido la que de manera reiterada ha requerido a Cultura para que presente el documento que daba soporte a este uso particular de recursos municipales”. “Un correo electrónico que no consta en el expediente y que no ha sido facilitado a este grupo municipal [se asombran] y con el que justifican la ausencia de cualquier convenio o acuerdo que plasme las condiciones de esta colaboración y la no aplicación de la normativa vigente en la premura de tiempo”.
“Ese correo da cobertura a la Oficina contra el Fraude para no considerar este uso como corrupción, pero lo que sí queda confirmado es que el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento previsto en la ley para realizar este tipo de colaboraciones público-privadas”, concluye Espinar, que adelanta que van a pedir que se les envíe dicho correo. “Veremos si existe vicio de nulidad o anulabilidad del procedimiento”, añade.
“El fin que la Administración persigue con este tipo de colaboraciones debe ser el interés general y nunca el particular como ha sido en este caso”, denuncia la portavoz del PSOE. “En cuanto a la Oficina contra el Fraude, pareciera que está recomendando al Ayuntamiento cumplir la ley, cuando es una obligación que lo haga. Lo cierto es que, ante este caso, ha realizado una pirueta con triple salto mortal, para no afirmar lo que, por otro lado, se desprende de toda la documentación existente”, concluye la portavoz del PSOE.
Un desfile con antecedentes polémicos
El desfile del diseñador cordobés provocó mucha polémica. Entre los invitados, junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, Andrea Levy y los periodistas especializados en moda de todo el mundo, se pudo ver a caras muy conocidas del llamado mundo de la farándula. Según recoge la crónica del digital Cordópolis, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpretó música soul de los años 60 y 70, dirigida por Valter Sivilotti, con la pianista cordobesa María Dolores Gaitán. Los modelos (entre ellos, el cantaor Israel Fernández) desfilaron por el Paseo del Prado con túnicas romanas, volantes y delantales con acabados flamencos, zapatos de hombre de tacón, camisas abiertas en el pecho y con alguna túnica árabe y estampados africanos.
Los invitados al evento, sentados en sillas, contemplaron de cerca los modelos, mientras los que pasaba por allí contemplaban como podían el espectáculo detrás de las vallas. Por ello, el Ayuntamiento sostiene que se trató de un acto de carácter “abierto”. “No parece que hubiera impedimento para el disfrute de la ambientación musical, e incluso el propio desfile, para viandantes y público en general, dada la escasa altura de los elementos separadores del evento”, dice.
El alcalde de Madrid tampoco vio nada extraño en este evento y lo justificó asegurando que se trataba de “un desfile de moda internacional en un lugar emblemático de Madrid” y en un “momento importante para la recuperación de la ciudad de Madrid”, “un evento singular, de ciudad, que ayuda a creadores y diseñadores y al mismo tiempo da una imagen de ciudad”. También defendió “la colaboración público-privada para ayudar a levantar el sector”. “Consideramos conveniente que la Banda Sinfónica puede ayudar. A los que no les gusta que desde las instituciones se pueda ayudar tendrán que dar explicaciones”, retó.
Precisamente, el director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, Carlos Granados, compareció en el último Pleno de Cibeles para realizar un balance de su gestión al frente de este organismo municipal. Pero en la Memoria anual que presentó no se hace ninguna alusión a este asunto dado que ese balance se refiere al año anterior.
Granados fue Fiscal General del Estado en la etapa del socialista Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia. En enero de 2018, fue designado director de esa Oficina por el Gobierno de Manuel Carmena, cargo en el que continúa con Martínez-Almeida, ya que su mandato dura cinco años, con posibilidad de prórroga de otro periodo idéntico.