El Ministerio de Hacienda ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que retenga de sus previsiones de gasto un total de 233 millones de euros al entender que ha incumplido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.
En concreto, el Ministerio envío ayer por vía telemática una solicitud al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, dando un plazo de 15 días naturales para “remitir el acuerdo plenario de adopción de la no disponibilidad de crédito”.
El objetivo, como han señalado las mismas fuentes, es “cumplir con la regla de gasto que han incumplido”. Asimismo, debe detallar las medidas de reducción de gasto identificando el crédito presupuestario al que afecta, han señalado las mismas fuentes.
En la solicitud, firmada por la secretaria general y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio informa de que con fecha de 30 de marzo han sido recibidas las comunicaciones por parte del Ayuntamiento referentes a la liquidación de 2016 y el Plan Económico y Financiero (PEF) “elaborado como consecuencia del incumplimiento de la Regla de Gasto prevista para el ejercicio de 2016”.
Así, destacan que los datos de liquidación del presupuesto de 2016 “constatan incumplimiento” por parte del Ayuntamiento de la regla de gasto por un importe de 233,4 millones de euros y recuerda que se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 25.1a de la Ley de Estabilidad Presupuestaria “por falta de aprobación del preceptivo PEF que debió ser aprobado en aplicación del artículo 21 dado el incumplimiento de la regla de gasto puesto de manifiesto en la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015”.
Además, recuerda que el pasado 16 de enero se comunicó al Ayuntamiento esta circunstancia y dado que ya se entra “en un ejercicio presupuestario diferente, la propuesta de un Plan Económico Financiero debe basarse en la constatación de cumplimiento o incumplimiento de los objetivos definidos en la ley al momento de la liquidación del ejercicio 2016, debiendo una vez aprobada ésta, actuar en consecuencia con la medida correctiva pertinente”.
Por todo ello, se solicita al Ayuntamiento que en el plazo de 15 días naturales (a constar desde la recepción de la solicitud) que remita a la Secretaria General, el acuerdo plenario “donde se reflejen los oportunos acuerdos de no disponibilidad sobre créditos no destinados a necesidades imprevistas, inaplazables y no discreccionales del presupuesto 2017” por un importe de al menos 238,3 millones que “garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto al cierre de 2017” así como la “senda de gasto excedida”.
El importe total del acuerdo de no disponibilidad de 238,8 millones de euros sale de la suma de los 233,4 millones de euros del incumplimiento más el 2,1 por ciento añadido por la tasa de variación autorizada en 2017.
Por otro lado, explican que “sin perjuicio de la valoración definitiva del PEF presentado, estos acuerdos de no disponibilidad ”deben ser incorporados como medidas en el plan propuesto.
Pasos del Ayuntamiento
Tras esta solicitud, el Ayuntamiento tendría que acordar en Junta de Gobierno esta no disponibilidad de crédito y después convocar un pleno extraordinario para aprobar este nuevo recorte de gasto en las cuentas municipales.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó su nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) 2017-2018 el pasado 29 de marzo después de liquidar 2016 con un superávit fiscal de 1.022 millones pero con un incumplimiento de la regla de gasto en 233 millones de euros.
En las líneas fundamentales del PEF se detallan los motivos por los que se ha sobrepasado la regla de gasto en 2016 en 233 millones y que obedecen a la amortización adelantada de deuda, que fue penalizada con un coste de 1,8 millones de euros.
Entre los motivos del incumplimiento se encuentran también, según el Consistorio, los 101 millones de gastos derivados de la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes no previstas en 2016 y “que son consecuencia de la gestión de gobiernos anteriores, además del cambio de política de vivienda desde un modelo de venta a un modelo de alquiler”. Supone un incremento del gasto contable por 70 millones de euros.
También habría que incluir las medidas de ahorro del gasto en alquileres a medio plazo y los gastos financiados con ingresos de particulares por valor de 6,6 millones. Y es que, como han explicado desde el Ayuntamiento, algunas actuaciones y obras que benefician a particulares son realizadas por el Consistorio, que les acaba cobrando el servicio a través de impuestos específicos (vados, vallas...). “Es un gasto no previsto y no controlable que no debería computar para la regla de gasto”, han apostillado.
A eso se suman los 428 millones de gasto derivado de competencias impropias que está prestando el Ayuntamiento con sus propios recursos.
Propuesta de revisión
El Gobierno municipal plantea una revisión de la interpretación de la regla de gasto para que sea más flexible, así como una serie de medidas que reducirían el gasto computable. La propuesta consiste en que esté supeditado al gasto realizado en 2013 --año anterior a la puesta en marcha de la regla de gasto-- ya que, de ser así, el Ayuntamiento de Madrid no la habría incumplido “ningún año”.
Las medidas a adoptar en el ejercicio actual y en 2018 son acciones, cantidades y gastos que no computarían en la regla de gasto, de acuerdo al planteamiento del Gobierno municipal. Aquí se incluye el requerimiento de un nuevo marco de financiación para poder contar, al menos, con el 50 por ciento de la financiación que le corresponde acorde a la ley, para cubrir el gasto derivado de las competencias impropias.
Otra medida tiene que ver con una serie de inversiones reales por importe de 104,6 millones de euros en 2017 que serán financiadas con el remanente de tesorería dado que cumplen los requisitos para ser tratadas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Esta cifra tampoco contaría para la regla de gasto.
Igualmente se emprenderán acciones encaminadas a optimizar al máximo la ocupación de los edificios en propiedad municipal para poder adecuarlos a su mejor uso y reducir así el coste de los arrendamientos y, por tanto, el gasto que computa para la regla de gasto.