El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se ha convertido en un asunto “incómodo” para el Gobierno de Manuela Carmena. Tras pasar 200 días en prisión preventiva, acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Lezo, una red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II, González ha solicitado reincorporarse a su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, la que abandonó hace más de 20 años para desempeñar responsabilidades políticas en distintos Gobiernos del Partido Popular.
La providencia del magistrado Manuel García Castellón estimando que no hay “impedimento legal” para que se reincorpore a su plaza de alto funcionario, como había solicitado el expresidente de la Comunidad de Madrid en julio, deja “poco margen” al Ejecutivo municipal de Ahora Madrid que no podrá evitar que González ocupe su plaza de alto funcionario en el Consistorio, aseguran a eldiario.es fuentes municipales.
El departamento de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid ya busca un hueco para González. El expresidente madrileño se encuentra en excedencia desde 1996, pero el pasado 24 de julio solicitó su reincorporación al cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Fue entonces cuando el Consistorio de la capital solicitó información al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga la causa del caso Lezo, acerca de si González tenía “algún tipo de inhabilitación” debido a los graves delitos que se le imputan derivados de su gestión pública y que le hicieron pasar 201 días en la cárcel.
La respuesta del magistrado García Castellón llegó a Cibeles el pasado lunes. El juez aclaró que no existe “ninguna medida cautelar que inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública” a Ignacio González y dejó el asunto en manos del Gobierno de Ahora Madrid: “Deberá ser el Ayuntamiento de Madrid quien adopte la decisión que estime pertinente de acuerdo con lo que disponga la legislación de funcionarios públicos que resulte aplicable”.
“Ocupará el puesto que le corresponda en función de su categoría y el sistema de provisión municipal”, explican desde el Gobierno municipal, sin ofrecer muchos más detalles. González es funcionario del grupo A con un nivel 30: la máxima categoría. Los puestos que podría ocupar son los de alta dirección o subdirección y las “áreas más comunes teniendo en cuenta su nivel”, aseguran desde el Gobierno municipal, son la Agencia tributaria, la intervención general o la asesoría legal, entre otras.
El último puesto que ocupó González en el Ayuntamiento fue el de director de Servicios Generales de la Primera Tenencia de Alcaldía. Sus competencias eran comunicación, servicios informativos, documentación y publicidad institucional. Le nombraron el 1 de agosto de 1995 y ocupó el puesto hasta 13 de mayo de 1996. Es en ese momento cuando empieza su excedencia al ser nombrado subsecretario de Estado de Educación y Cultura en el Ministerio que entonces ocupaba Esperanza Aguirre.
No será asesor en el PP
Otra de las posibilidades sería que Ignacio González se reincorporase como asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento. Para ello, el PP debería solicitar la adscripción del expresidente madrileño al grupo municipal popular, pero fuentes del grupo municipal que lidera su portavoz José Luis Martínez Almeida niegan a este diario que eso vaya a producirse. “Lo que pase con Ignacio González depende del Ayuntamiento”, se desmarcan los que fueron sus compañeros de partido.
Descartada esta opción, es el departamento de recursos humanos del Consistorio quien deberá ofrecer una plaza atendiendo a su categoría y a los puestos vacantes actuales. Otra posibilidad es que algún director general le solicite en su equipo en un puesto de libre designación como cargo de confianza, pero fuentes municipales descartan que tal cosa vaya producirse. “Cualquier dirección general que hiciera eso estaría señalándose”, argumentan.
Otras fuentes del Consistorio consideran que Ignacio González no pisará el Ayuntamiento al menos hasta que pasen las elecciones de mayo de 2019. “Existe una especie de cementerio de elefantes donde se encuentran los altos funcionarios que no tienen un destino asignación”, aseguran fuentes municipales. De darse esta opción, el expresidente madrileño cobraría su sueldo independientemente de que esté a la expectativa de destino, añaden estas mismas fuentes. En este caso, su retribución sería la más baja de los entre 60.000 y 90.000 euros que le corresponden según su categoría.
El cabecilla del caso Lezo
Ignacio González fue detenido en abril de 2017 en el marco de la Operación Lezo. Los investigadores lo sitúan como el cerebro de la trama y el sumario acumula pruebas que lo vinculan con las diferentes ramas de la causa. El expresidente de la Comunidad está acusado de haber recibido comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. Los investigadores señalan que se cobraron más de cinco millones de euros en comisiones por la compra de la firma Emissao por parte del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
El sumario del caso también le atribuye un papel central en el presunto amaño del Campo de Golf de Chamberí, edificado en los terrenos del Canal gracias a una modificación del contrato inicial. González propuso esa modificación como presidente del Canal y la aprobó como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil cree que buscaba beneficiar a ACS, que luego firmó contratos millonarios con la empresa vinculada a su hermano y su cuñado.