El relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, ha visitado este domingo un centro pionero en España de atención a empleadas domésticas en Usera. El espacio, que existe desde hace seis meses, recibía financiación pública del Ayuntamiento de Madrid hasta que el Consistorio decidió destinarle una partida de cero euros en los presupuestos de diciembre, aprobados por PP y Ciudadanos. Alston apenas ha hablado durante el encuentro de casi una hora en el que ha escuchado las experiencias de las trabajadoras, pero, cuando lo ha hecho, ha sido contundente. El experto independiente se ha mostrado “impactado” por el recorte y ha señalado: “Espero que se reconsidere o consigan otra fuente de financiación”.
La reunión es parte de la investigación que realiza Alston durante casi dos semanas en el país para determinar la situación de España y hacer recomendaciones al Gobierno sobre pobreza y desigualdad. El relator, que es profesor de la Universidad de Nueva York, ya ha visitado Galicia, Euskadi, Extremadura, Andalucía y Catalunya, y durante toda esta semana estará en Madrid para terminar la investigación y presentar los resultados preliminares este viernes. Por eso, este domingo se ha entrevistado con una veintena de profesionales que asisten a este espacio pionero, el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid, que gestiona la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y está en riesgo.
Allí, las mujeres, que en su mayoría son extranjeras, reciben asesoramiento jurídico y psicológico, asisten a talleres de formación y encuentran un espacio de contención. “La mayoría no tenemos redes y acá las mujeres hacen amigas y se empoderan”, ha contado Carolina Elías, coordinadora del centro, a Alston mientras han recorrido las instalaciones. Allí, en seis meses, han recibido ayuda más de 350 mujeres y más de 2.000 han participado en los talleres. “Lo lamentable es que nos han dejado sin presupuesto”, ha explicado Elías, que ha apuntado que la situación de las trabajadoras del hogar “es muy dura”: “La ley nos deja sin muchos derechos”.
Son situaciones como la de Blanca, que con 71 años sigue trabajando de interna y no tiene derecho a jubilarse. Aunque debería tener 9 años cotizados, solo tiene 5. “[Los empleadores] no pagan lo que deberían pagar en la seguridad social por nuestro trabajo”, ha señalado sentada alrededor de una mesa junto a una veintena de otras mujeres.
O experiencias de acoso, como la que vivió Sandra, boliviana, cuando acudió a su primera entrevista para cuidar a una persona mayor: “El hombre que me entrevistó me dijo que si me dejaba tocar las tetas, tendría un dinero más”. Sandra no aceptó ese trabajo y encontró otro en el que estuvo 18 años como interna. Según ha contado, sus jornadas laborales eran de “16, 17, 18 horas sin descanso”. “Somos esclavas para muchas personas”, ha agregado otra trabajadora.
“Pedimos derecho a la prestación por desempleo, cotizar por nuestro salario real, derecho a la prevención de accidentes laborales… y que nos sigan manteniendo este local”, ha resumido Yanina, otra de las mujeres que se han dirigido al relator de la ONU. Alston, tras escucharlas en silencio, asistido por dos intérpretes, ha señalado que siente “vergüenza”. “Conozco muchas personas que contratan a empleadas domésticas y sé que estas actitudes prevalecen”, ha precisado.
“Sé que hay mucha resistencia, incluso entre personas que son progresistas, para hacer un cambio significativo en las condiciones bajo las que ustedes trabajan”, ha respondido Alston. El relator especial de la ONU ha indicado que no cree “que ningún gobierno, ni en España ni en ningún otro país, vaya a transformar la situación de repente”. “Ustedes proveen un servicio indispensable a muy bajo coste y muchos de sus empleadores no les podrían pagar un salario real y dejarles tener verdaderas condiciones de trabajo. Los gobiernos no están dispuestos a tomar las medidas drásticas necesarias”, ha añadido y asegurado que apoya “100% sus derechos de ser tratadas decentemente”.
Alston también ha afirmado que apoya el reclamo de estas trabajadoras para que el Gobierno de PSOE y Podemos ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio, que ha sido ratificado por 25 Estados, supone ampliar los derechos de estas profesionales. El Ejecutivo se comprometió a sacarlo adelante cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
“Pero como alguien que trabaja en el área de los derechos humanos, sé que hace falta una campaña política, que vaya paso a paso e identifique algunas prioridades. Porque pedir todo, usualmente, termina en obtener nada”, les ha recomendado Alston. Para el profesor de la Universidad de Nueva York, “un primer paso indispensable” es que estas trabajadoras asistan al centro de apoyo en Usera, que ahora está en riesgo.
“Un centro como este es valiosísimo, porque sin solidaridad y sin capacidad para trabajar juntas no lograrán nada”, ha indicado para añadir: “Una de las mayores debilidades de las trabajadoras del hogar radica en el aislamiento, en el hecho de que no forman parte de una red”. “El Gobierno actuará solo en respuesta a sus esfuerzos por hacer que el público en general note que la ausencia de algunos de los derechos de los que hablan es inhumana”, ha concluido.