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Un teleoperador, el único condenado por el 'tamayazo“

Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, en octubre de 2003.

Andrés Gil

Ni políticos ni empresarios. Ni los tránsfugas ni los que les incentivaron a serlo. Nadie de la trama del tamayazo ha tenido problemas judiciales. Pero sí ha habido un condenado: un teleoperador de Telefónica Móviles, acusado de filtrar los registros de las llamadas telefónicas entre los sospechosos del caso. Se llama Alberto Moreno y acaba de recibir la negativa del Tribunal Constitucional a revisar su caso y esta viendo cómo puede recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Después de 15 años, el único condenado soy yo. Manda huevos”, se lamenta Moreno: “Yo era un teleoperador de Telefónica Móviles y se me comunica por un telegrama mi despido que y no se me deja volver a entrar en la empresa”.

La instrucción de su caso se ha prolongado por 12 años, “y la Fiscalía no ha hecho nada ni ha averiguado nada”. Moreno niega los hechos: “Todos reconocen que las claves de los usuarios se compartían y estaban al alcance de cualquiera entrar en los ordenadores. El propio Pablo González Valderrama, en la comisión de investigación, hizo dos afirmaciones: 'No puedo confirmar que ninguno de los dos sean los culpables, y que para el trabajo de diario las claves eran compartidas”.

“A partir de ahí”, explica Moreno, “se me acusa de revelación de secretos. Porque dicen que yo saqué listados de llamadas telefónicas. Nosotros no podíamos saber ni tan siquiera a qué números llamaba, no teníamos esa información. Si yo me tenía que ocupar de una una empresa que tenía 200 líneas, lo que yo sabía es que el contrato estaba al nombre de esa empresa, pero no quién era el usuario de cada línea. Esa información sólo la conocía alguien de la empresa. Nosotros no sabíamos los usuarios de los teléfonos. No puedo sacar llamadas de los teléfonos cuyos usuarios no sé. Pero nunca se investigó a las empresas”.

“Fueron a por mí y a por otro”, argumenta Moreno, “quizá porque vengo de donde vengo, porque defendí una serie de derechos y estuve en la sección sindical de CCOO, por ser molesto. Pero no soy más que un mero trabajador, y ahora me gano 1.000 euros mensuales netos en una empresa familiar del barrio que me ha dado trabajo. Ha habido otras empresas, pero cuando metían en Google mi nombre y apellidos... Ya sólo me queda el TEDH. Me condenó el juzgado 22, la Audiencia Provincial y el Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo, me lo notificaron el lunes”.

Moreno denuncia que no se han aportado pruebas suficientes para su condena y que no ha podido presentar las suyas: “Los derechos constitucionales se han saltado a la torera.

“¿Quién se puede creer que un empleado de la escala más baja de telefónica móviles de aquella época es capaz de cambiar todas las estructuras de la comunidad de Madrid?”, se pregunta: “Yo no lo hice, pero, ¿a quién se persigue? ¿al corrupto o al que denuncia? ¿Quién miró si el señor Tamayo recibió dinero o no, esos 6 millones de los que se ha hablado? Todo son mentiras. Hasta las pruebas van contra los indicios. Se han inventado la película, me han condenado seis meses y la responsabilidad civil que piden. Romero de Tejada pide 1 millón; Verdes pide 1,5; el PP, 1 millón; los constructores piden 2,4 millones... El responsable civil soy yo, y subsidiariamente está Telefónica. Estamos en los recursos de la ejecución penal, pero todas las costas procesales son mías y me quitan mi casa”.

“Nosotros somos del pueblo de Vallecas y me han destrozado la vida. Llevo 15 años llorando. A mi madre hace 10 años le dio un aneurisma, que casi la mata con un 80% de dependencia. Lo primero que dijo mi madre al despertar en el hospital fue: '¿cómo está lo del juicio de mi hijo?”

Modesto Nolla, diputado autonómico socialista que participó en la comisión del tamayazo, reflexiona: “Es verdad que es el único condenado. No entro en la legalidad o ilegalidad, pero no deja de ser penoso que el único condenado no ha sido uno de los culpables del golpe, sino quien supuestamente facilitó ayuda para desenmascararlo. Los verdaderos culpables de aquel golpe institucional, en el que se rompió la decisión del voto popular que había decidido quitarle la mayoría absoluta al PP, siguen libres. Espero que lo conozcamos algún día”.

Nolla recuerda que gracias a los registros de llamadas se decubrieron “los contactos telefónicos entre Tamayo y otras personas, descubrí que estaba hablando con el abogado José Esteban Verdes, el marido de Paloma García Romero, concejala del PP en Madrid, y se descubre también la conexión con Romero de Tejada. Pero en aquella comisión no se facilitó ni un solo folio. El PP negó cualquier documento. El gobierno presidido en funciones por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón no facilitó un solo papel. Estuvimos trabajando a ciegas”.

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