“La situación ha sido muy desagradable, un drama humano y personal”, dice David (nombre ficticio), un bombero que trabaja en el parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Las Rozas que prefiere mantener el anonimato. Este parque fue el encargado durante las peores semanas de la pandemia, entre mediados de marzo y mediados de abril, de la retirada de cadáveres de las residencias madrileñas. Su cometido era llegar allí donde las funerarias y la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) no habían podido acudir a tiempo a recoger a las personas que habían muerto.
Por eso, recuerda, eran llamados cuando los fallecidos llevaban “al menos 36 horas en las residencias sin recoger”. En la mayoría de los casos, relata David, “ya estaban en descomposición”. “Te sobrepasa”, añade visiblemente afectado. “Nos encontramos personas que llevaban entre siete y diez días allí”.
Los efectivos de la Comunidad de Madrid retiraron en los días más duros de la pandemia al menos 185 cadáveres que estaban “desatendidos” en las residencias, tal y como se recoge en los documentos que adelantó El País. En el peor día llegaron a retirar en torno a los 40 cuerpos. El Ejecutivo regional les pidió ayuda especialmente para “la retirada de fallecidos que nadie recoge”, según otra de esas notas. Su labor era la de retirar a los “fallecidos pendientes de recogida desde hace 36 o más horas”, explicita la documentación a la que ha accedido este diario.
“Recuerdo que un día entramos a una residencia para recoger cuatro cadáveres y los trabajadores nos dijeron que en realidad tenían 12 fallecidos. Les tuvimos que explicar que nuestra labor era llevarnos solo a los cuatro de la lista que llevaban allí días, su cara de desolación lo decía todo”, cuenta Francisco, otro de los bomberos que trabajó en estas labores.
Durante 21 días, entre el 27 de marzo y el 17 de abril, las dotaciones de Las Rozas hicieron hasta dos salidas diarias para retirar cadáveres, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El dispositivo, que obligó a reforzar ese parque para garantizar la “capacidad operativa suficiente”, acabó tres días después, el 20 de abril.
La labor de Francisco (seudónimo) como jefe de dotación era la de llegar antes que sus compañeros, levantar acta y tapar los cadáveres con una sábana antes de que otro equipo entrase a proceder a la retirada y desinfección del lugar. “En casi todos los casos los encontrábamos en el mismo lugar donde habían fallecido días antes, principalmente era tumbados en sus camas, pero también alguno sentado en un sofá”, recuerda. “Lo que ocurrió es que los trabajadores de las residencias por miedo a que contagiasen los dejaban tal cual donde habían muerto y cerraban la puerta hasta que alguien, que podían ser las funerarias o la UME, o nosotros cuando ya habían pasado más de 36 horas, nos los llevábamos”.
Lo que relatan estos dos bomberos consta también en las actas de la Policía Municipal de Madrid. Las inspecciones realizadas por los agentes en los momentos más duros de la pandemia, publicadas por eldiario.es, recogen las quejas y peticiones de ayuda de las direcciones de los centros de mayores para poder atender a los residentes, pero también las dificultad con la que se encontraron para retirar cadáveres de los ya fallecidos.
La desesperación de las residencias la recuerdan perfectamente los bomberos: “Llegábamos a las residencias y les dábamos nuestro material, el que sabíamos que podía ser reutilizado como bajas o máscaras; lo desinfectábamos y se lo regalábamos porque no tenían nada”, dice Francisco.
El Reglamento de Sanidad Mortuoria establece que el traslado de cadaÌveres y restos humanos “se realizaraÌ exclusivamente por las empresas funerarias autorizadas”, aunque también faculta a la administración autonómica y estatal responsable en materia sanitaria a modificar ese apartado “en casos excepcionales de guerra, epidemias, cataÌstrofes y situaciones similares”. Es lo que hizo el Ejecutivo regional el 26 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid sumaba casi 300 muertes diarias por coronavirus. En ese balance que hacía público el Ministerio de Sanidad con las cifras que le facilitaban las autonomías no estaban incluidos los fallecidos en las residencias que en esa fecha ya eran más de mil en Madrid. Solo diez días después, la cifra de muertos en los centros sociosanitarios sobrepasaba ya los 3.000.
La entonces directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, firmó una resolución para habilitar “excepcional y temporalmente” a los bomberos —también al ejército y las fuerzas de seguridad— a trasladar cadáveres desde el hospital o lugar de fallecimiento hasta el depoÌsito o la funeraria designada. Esa tarea “complicada y dura” la asumió principalmente el parque autonómico de Las Rozas. Los “problemas de material” y la “dificultad para impartir maÌs formaciones” imposibilitaron que otras dotaciones de la Comunidad de Madrid se sumaran a estos trabajos, tal y como reconoce la jefatura del Cuerpo de Bomberos en una nota interna. Sí contribuyeron a la recogida de cadáveres los bomberos de los municipios de Madrid, Leganés, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada, aunque días después de que lo estuvieran haciendo los del servicio autonómico.
Formación especial
“La logística y la escasez de material hacía imposible que algún otro parque autonómico se sumara a las labores de recogida de cadáveres”, explica Francisco. “Tuvimos que hacer una formación especial para prepararnos para este tipo de siniestros en los que te tienes que proteger porque vas a trabajar con personas que han fallecido, que ya están en descomposición y que siguen teniendo una carga viral muy elevada”, recuerda David.
A partir del 9 de abril y hasta el 23 de ese mes, dotaciones de bomberos autonómicos de las localidades de Valdemoro, Tres Cantos, Coslada y San Martín de Valdeiglesias empezaron a hacer labores de desinfección, establecimiento de circuitos limpio-sucio o cambios en los procedimientos habituales de lavanderiÌa, comedor y utilizacioÌn de espacios en las “residencias más críticas”. Miembros de ONG como Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras también participaron en esta tarea en las residencias más desbordadas por el alto número de infectados y fallecidos, según recoge otra de las notas internas de la jefatura del Cuerpo de Bomberos.
Desde el sindicato CSIT Unión Profesional, sin embargo, denunciaron esta situación al considerar que la carga emocional estaba recayendo sobre pocos compañeros cuando la Comunidad de Madrid cuenta con 19 parques. “Que se centralizara en un solo parque la capacitación y la formación no estamos en absoluto de acuerdo”, asegura Israel Naveso, responsable del sindicato. “No es normal que solo lo tuviera que asumir un parque, se infrautilizaron los recursos y un parque tuvo que hacer en un mes lo que varios podrían haber hecho en días”, añade. “Por no hablar de que fue un drama, los compañeros de Las Rozas van a tardar mucho tiempo en asimilar lo que allí ha pasado”, lamenta.
Así ha sido para David, que reconoce que se ha quedado “tocado”. “Nosotros estamos acostumbrados a ir a salvar, ya sean vidas o cosas cuando por ejemplo se incendia una casa, y en este caso íbamos a todo lo contrario, y lo que vimos nos impactó”, asegura. “Desde el parque nos facilitaban ayuda psicológica durante las operaciones, pero lo que más nos ha ayudado es hablarlo entre nosotros, con nuestras familias”, añade.
Para Francisco, la peor parte se la llevaron los ancianos que quedaban. “Lo pasaron muy mal, fallecían los que habían sido sus amigos. Tenían mucho miedo. En muchos casos tuvimos que hacerles terapia porque les veían morir”, recuerda.
Para este jefe de dotación de bomberos estas labores le han dado la “dimensión” real de la pandemia, algo que considera no tuvieron las administraciones. “Cuando lo vives desde dentro te das cuenta de que los políticos estaban fuera de la realidad, no eran conscientes de lo que pasaba y tampoco se dejaron asesorar”, lamenta. “Creo que podríamos haber hecho más”.