Daniel vive en una residencia adaptada en Madrid desde hace 11 años. Acude diariamente a un Centro de Día en el barrio de Cuatro Caminos de la ciudad. Una furgoneta le recoge cada mañana a las 10.30 porque no puede moverse en metro. Ninguna estación de la zona está preparada para que baje al andén en su silla de ruedas.
Al lado de Daniel está Anxo Quiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), cuya organización gestiona el centro en el que vive Daniel. “Que no podamos bajar al metro en ninguna estación de la zona [barrio de la Prosperidad, Madrid] como ciudadanos cualquiera me parece un desprecio hacia un grupo social que tiene dificultades en su día a día. Los bienes y servicios no están preparados para todas las personas”, se queja cuando habla con eldiario.es
Ambos son ejemplo y explican cómo muchas empresas e instituciones se escabullen a la hora de cumplir las normativas diseñadas para garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional. En el caso de Anxo y Daniel, la ley de inclusión debería beneficiar a 323.000 personas de la Comunidad de Madrid: “Los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas”, dice el texto aprobado en 2013.
Consejo poco efectivo
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, arremete sin tapujos contra el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras del Gobierno de Cristina Cifuentes –encargado de recibir las denuncias de incumplimientos de la ley por parte de empresas e instituciones–: “Se supone que está para velar por los intereses de la eliminación de barreras, pero ha habido históricamente un retraso importantísimo en todo y muy pocas ganas de hacer cosas. Están convirtiendo esta Comunidad en una auténtica república bananera. Son un órgano que nos está impidiendo la integración”.
Font asegura que no se ponen sanciones a pesar de recibir entre 300 y 400 denuncias al año. El Director General de Vivienda y Rehabilitación (Consejería de la que depende el consejo), José María García Gómez, puntializa: “El Consejo es realmente un organismo autónomo que actúa de manera independiente. No tiene competencia sancionadora de acuerdo con sus estatutos”.
Y luego desvía el problema hacia los gobiernos locales: “Son los ayuntamientos los que tienen esa potestad. Ya hemos trasladado a la Federación Madrileña de Municipios que todas las denuncias tienen que dar lugar a un expediente y ese expediente tiene que concluir o bien subsanando la actuación o dando lugar a una sanción”.
Por su parte, Ana Paula Vicente, técnica de la Federación Madrileña de Municipios, se defiende argumentando que “se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, somos los únicos que hemos puesto en marcha un programa de instalación de pictogramas identificativos en todos los edificios públicos. Todos los ayuntamientos tendrán que instalarlos”.
Con todo, Paula Vicente reconoce que es normal que el ritmo de trabajo se cuestione: “Sé que a veces suena a poco, pero hace diez años no había absolutamente nada. Estamos empezando con el tema de parques infantiles accesibles. Vamos a hacer un decálogo para los ayuntamientos”.
Las misma revindicaciones que hace 30 años
Se detiene a diferenciar, a menudo, entre las obras ya existentes y las nuevas construcciones, señalando que son problemáticas muy distintas. También pone sobre la mesa otra dificultad: “Tendremos que trabajar la normativa de la accesibilidad entre todos, porque hay muchas reglamentaciones diferentes y las empresas constructoras se acogen a la normativa mínima, que muchas veces para nosotros no es suficiente”.
Por su parte el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que debe controlar las sanciones en la gran urbe, no ha querido dar su visión sobre la aplicación de la ley de Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Queiruga va más allá y reitera que la cosa no se queda solo en la accesibilidad y se reproduce en la educación obligatoria y en materia de empleo: “El 70% de las reclamaciones del colectivo son las mismas que hace treinta años.”