Las oposiciones para los agentes de movilidad de Madrid que aspiran a convertirse en policías municipales están previstas para la primera quincena de marzo. Pero al menos 71 agentes que al contar con más de dos años de experiencia pueden optar a una de las 154 plazas de promoción interna se han encontrado con la sorpresa de que el departamento de Recursos Humanos de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias no quiere aplicar un importante punto del acuerdo-convenio regulador de las condiciones comunes para los trabajadores municipales: que no tengan que realizar la prueba del primer examen, relativo a “conocimientos e idiomas”, porque ya la aprobaron en su día en la anterior convocatoria de promoción interna a policía municipal.
Entre las condiciones requeridas para esa exención se exige que no hayan pasado más de tres años entre las convocatorias, que el resultado del examen fuera superado y “que el tipo de examen, el contenido del temario y la forma de corrección sean similares”. Pero el Ayuntamiento ha encontrado la fórmula para no aplicar esa cláusula y en una reciente reunión mantenida con representantes sindicales, los emisarios municipales alegaron que en esta ocasión “se han introducido temas nuevos, como el referente a la ley LGTBI”, y “se ha dado nueva estructura al temario exigido en la anterior convocatoria, hecho que puede ser comprobado cotejando los programas de ambas convocatorias”.
Los agentes afectados sospechan que lo que ocurre en realidad es que “no tienen intención de cubrir las 154 plazas ofertadas, ya que se produciría una merma muy importante en el cuerpo de agentes de movilidad”, que actualmente tiene unos 550 componentes. Sostienen, en todo caso, que la exención del examen, que data de muchos años atrás, “siempre se ha respetado”. De hecho, ponen encima de la mesa el precedente de “siete casos de diferentes colectivos del mismo ayuntamiento en los cuales se ha permitido la exención de las pruebas habiendo cambios en estas mucho más destacados”.
Además, los denunciantes creen que ha habido presiones internas. De hecho, en una reunión que celebraron el pasado 11 de enero con el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento madrileño, Jesús Gil Martín, a la que acudió también la subdirectora de Recursos Humanos del área, María Cruz Sánchez Rodríguez, ambos reconocieron, según estos agentes, que se “habían recibido varios escritos de otras personas que van a acceder al proceso selectivo de referencia y que han manifestado su disconformidad a que en el mismo se mantenga la nota del proceso anterior”.
Este súbito cambio de criterio del consistorio ha indignado al menos a 71 de esos aspirantes a esas oposiciones que están a punto de celebrarse. “Nos perjudican y nos dejan indefensos, ya que nos obligan a volver a preparar más de 20 temas que en su día ya aprobamos, sin margen apenas para estudiar”, alegan fuentes de este colectivo.
Estas mismas fuentes adelantan a esta redacción que ultiman ya sus recursos de alzada contra la decisión y se preparan para acudir al contencioso-administrativo, si, como sospechan, el ayuntamiento no restablece sus derechos y guarda esa nota a quien ya lo ha solicitado en la convocatoria que está ya en vigor.
El caso llega a la Comisión de Emergencia
El caso va a llegar este miércoles a la Comisión de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias que dirige Inmaculada Sanz, de la que depende el cuerpo. En ella, la concejala de Más Madrid Esther Gómez tiene previsto preguntar a Sanz –o a quien envíe en su nombre– si “va a respetar el equipo de gobierno en las pruebas de promoción de agentes de movilidad a Policía Municipal que se van a desarrollar en breve el derecho recogido en el artículo 7 del acuerdo Convenio respecto a la exención de pruebas para aquellos aspirantes que lo soliciten”.
“Queremos saber los motivos por los que no se va a aplicar el artículo 7 del convenio a estos agentes de movilidad”, adelanta Gómez a esta redacción. “Pensamos que se va a perjudicar a estos opositores frente a otros funcionarios a los que sí se les aplica ese criterio. A nuestro juicio, lo que va a generar todo eso es desigualdad entre el cuerpo de funcionarios por lo que no se debe continuar por ese senda”. “Por lo tanto –añade la concejala–, lo que vamos a exigir en la comisión es que se aplique el convenio, como se está aplicando a otros funcionarios, ya que las características de los ejercicios van a ser similares y no hay justificación en este caso para que no sea aplicado”, concluye Gómez.
Las pruebas de la anterior oposición se realizaron en 2021 y fueron para cubrir 66 plazas reservadas a agentes de movilidad para que pudieran pasar a la Policía municipal. En dicha promoción hubo muchos aspirantes que aprobaron el primer examen relativo a “conocimientos e idiomas”, pero no consiguieron superar el psicotécnico. Este grupo de agentes de movilidad insiste y se aferra a que tanto el acuerdo de convenio vigente como las bases específicas del proceso selectivo convocado para la provisión de estas 154 plazas disponen que “los y las aspirantes que hubieran superado alguna o todas las pruebas en la anterior convocatoria, pero no hubieran aprobado el proceso selectivo por no haber alcanzado méritos suficientes, quedarán exentos de la realización de dichas pruebas en la correspondiente convocatoria posterior a la que se presenten, a excepción del reconocimiento médico”.
Según relata este grupo de afectados a esta redacción, los sindicatos del cuerpo de agentes de movilidad (CPPM, UPM, UGT y CCOO) y la Dirección General de Policía, junto a la subdirectora de Recursos Humanos de Seguridad, mantuvieron muchas reuniones desde el año 2021 para negociar esas bases y cómo se iba a realizar el proceso selectivo. “En todas esas reuniones, tanto el director general, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, como Sánchez Rodríguez nos confirmaron que no iba a haber ningún problema en la exención de los ejercicios aprobados”.
La última de aquellas reuniones data del día 5 de octubre de 2023, cuando “se terminó de cerrar el acuerdo sobre las bases definitivas” aunque “la corporación ya sabía seguro las bases de la promoción, con el contenido del temario y la forma de corrección”. Por eso lamentan que “si se hubieran pronunciado en ese momento, los ahora agraviados habrían podido preparar el ejercicio con casi seis meses de tiempo”.
El proceso
El 24 de noviembre de 2023 se inició la presentación de instancias para optar a las nuevas oposiciones. Los aspirantes iban a poder solicitar la exención de ese primer ejercicio ya realizado y aprobado anteriormente. Sin embargo, para sorpresa de este grupo “a finales de diciembre de 2023 comienza a correr un rumor fundado acerca de que no se va a permitir la exención de dicha prueba”, explican, motivo por el cual solicitan una reunión urgente con el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento madrileño, Jesús Gil Martín, para saber qué está ocurriendo.
La reunión se celebró el pasado 11 de enero de 2024 y a ella acudió también María Cruz Sánchez Rodríguez. “Allí se nos confirma que no tienen intención de permitir esa exención”, afirman los agentes. Los argumentos que les trasladan son que para que pueda conservarse la nota “es necesario que se cumplan una serie de requisitos, tal y como dispone el vigente Acuerdo Convenio y la base cuarta de las Bases Específicas del proceso selectivo de referencia”.
Estos requisitos, como se comenta anteriormente, son: “Que se trate de la convocatoria inmediatamente anterior” y que “no hayan transcurrido más de tres años entre la publicación en el BOE de las respectivas convocatorias”; “que el contenido del temario sea similar” y que “los ejercicios a realizar y su modo de calificación sean también similares”. Según se les indica, ahora se cumplen dos de esos requisitos, ya que la convocatoria respecto de la que se quiere guardar la nota es la inmediata anterior, que fue publicada en el BOE el 1 de febrero de 2021, y por lo tanto no han transcurrido más de tres años de la nueva, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023.
Pero el Ayuntamiento alega que hay otras exigencias que no se cumplen ya que en esta ocasión, “se han introducido temas nuevos, como el referente a la Ley LGTBI”, y, además, “se ha dado nueva estructura al temario exigido en la anterior convocatoria, hecho que puede ser comprobado cotejando los programas de ambas convocatorias”.
En dicha reunión el Ayuntamiento concluye que “al ser el modo de corrección diferente, no se puede conservar la nota obtenida en el anterior proceso selectivo ya que de hacerse, además de incumplir lo dispuesto en el Acuerdo Convenio y en las Bases del proceso selectivo se estaría atentando contra el principio de igualdad ya que un colectivo de personas que no cumplen uno de los requisitos para conservar la nota del anterior proceso selectivo se vería beneficiado con respecto a otras que necesariamente tendrían que superar con 5 puntos tanto la parte del cuestionario que versa sobre el temario como la parte del cuestionario que versa sobre el idioma”.
Los agentes de movilidad recuerdan que todos los aspirantes que participaron en el anterior proceso selectivo realizaron “exactamente el mismo examen que se plantea en esta ocasión, un test teórico de 54 preguntas, de las cuales 49 se corresponden a la parte de conocimientos y 5 preguntas a idiomas”.
Para dar mayor énfasis a su decisión, en la reunión los representantes del ayuntamiento reconocen que “han recibido varios escritos de otras personas que van a acceder al proceso selectivo de referencia y que han manifestado su disconformidad a que en el mismo se mantenga la nota del proceso anterior”. Es decir, aspirantes que en la anterior convocatoria pudieron participar en las mismas condiciones que los que solicitan la exención de la prueba pero o bien no se presentaron porque no les interesaba o se presentaron y suspendieron el ejercicio.
Los precedentes que esgrimen los afectados
Por su parte, los delegados sindicales de la Policía Municipal que acuden a aquella reunión con Gil Martín y Sánchez Rodríguez ponen encima de la mesa los precedentes de “siete casos de diferentes colectivos del mismo Ayuntamiento en los cuales se ha permitido la exención de pruebas habiendo cambios en estas más destacados”.
La reunión finaliza con el compromiso de Gil Martín de dar un tiempo a estos agentes para que envíen esa documentación que acredita esos casos anteriores para “evaluarlos” y contestarles “en cuanto pueda”. “A los pocos días, le mandamos la documentación, entre las cuales está un informe de la asesoría de CCOO, un dossier con los siete colectivos mencionados y un informe jurídico de un abogado de prestigio, todo ello avalando la exención de la prueba”, sigue relatando el portavoz de este grupo de agentes afectados.
Finalmente, el 14 de febrero, Gil Martín “contacta vía telefónica con el delegado de CCOO y le comunica que han decidido que no van permitir la exención y que en próximas fechas se publicará de forma expresa”, afirma el mismo portavoz.
Estos 71 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, con categoría de agente de movilidad, que llevan en la Corporación entre 15 y 20 años, y aspiran ahora a ser policías municipales, aseguran que se encuentran en “una situación desesperada”. “Si finalmente la Justicia nos avala, el Ayuntamiento se puede encontrar con otra sentencia similar a la de los militares” en la que en 2022 el Tribunal Supremo anuló una convocatoria de 112 plazas de la Policía Municipal de Madrid a instancias de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) por no reservar plazas para su personal. “Entonces, las arcas municipales tendrían que afrontar un fuerte desembolso en cuanto a salarios de tramitación y posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a los afectados”, advierten.