La asociación mayoritaria de directores y directoras de la Comunidad de Madrid, Adimad, ha emitido un comunicado este miércoles en el que aclaran que su responsabilidad en el caso que investiga la Fiscalía sobre obras fraccionadas para construir centros educativos en Madrid es nula. “Los directores y directoras de Institutos de la Comunidad de Madrid, tienen una autonomía de gestión muy limitada o inexistente en cuanto a gestión de recursos humanos o gestión económica, en tanto que dependen de las diferentes instancias de la Administración, concretamente de las Direcciones de Área Territorial (DAT), en adelante, o las Direcciones Generales”, apuntan.
En los últimos meses, elDiario.es ha desvelado que la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuando la dirigía Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) construyó al menos ocho centros de FP y Formación de Profesorado sin concurso, a dedo, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico. Dos de los casos han sido enviados a la Fiscalía por la actual Consejería de Educación ante los indicios de que pueda haber delito de corrupción o prevaricación.
“Es importante señalar que los directores de los centros no tienen ninguna capacidad para hacer llegar créditos extraordinarios a sus centros para grandes obras o adquisición de material que sobrepase lo establecido en la normativa correspondiente. Es siempre la Consejería, a través de la DAT o de la Dirección General correspondiente quien decide, ordena y libra estos créditos extraordinarios, cuyo importe es ingresado en la cuenta corriente del centro con la descripción del uso finalista al que se destina”, continúa el comunicado de la asociación, que representa a 240 de los 360 directores de Secundaria que hay en la Región.
El primer caso que se conoció fue el Ciudad Escolar. Allí se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Uno de directores señaló a elDiario.es que simplemente hicieron lo que les pedían desde arriba: “Seguimos las órdenes de la Dirección General”. Al año siguiente se empezó a construir la Escuela de Arte Alcalá con el mismo sistema de pago para abonar 1,2 millones de euros.
Después de estos casos, elDiario.es ha desvelado reformas ilegales en otros cinco centros. También se construyó con este sistema ilegal y opaco uno de los proyectos estrella postpandemia de la presidenta de la Comunidad: el centro de FP a distancia Ignacio Ellacuría.
El actual consejero de Educación, Emilio Viciana, envió este caso de fraccionamiento de contratos a la Fiscalía que afecta a los años 2021, 2022 y 2023, cuando era consejero Enrique Ossorio. Su número dos era Rocío Albert, hoy consejera de Economía y Hacienda. El PSOE de Madrid también ha denunciado el caso desvelado por elDiario.es a la Fiscalía y Más Madrid pidió en julio la comparecencia de Viciana, que no se produjo porque la bloqueó el PP, que tiene mayoría en la Cámara. También han solicitado una comisión de investigación en la Asamblea. Además, Educación ha ordenado auditorías para conocer el alcance de la ilegalidad, aunque de momento ha apuntado en sus escritos a directores de Instituto (son profesores con cargo) y a un subdirector de FP cesado. Sin embargo, las obras eran conocidas por la Consejería y, al menos, por un director general, además de que el modus operandi se repitió fuera de la FP y en todas las áreas menos la norte.
Precisamente a las responsabilidades apela Adimad en su último párrafo: “Solicitamos que la Consejería de Educación sea quien depure las responsabilidades oportunas y adopte las medidas necesarias al respecto, en relación con la autorización y concesión de los créditos extraordinarios para la realización de estas obras mayores en los centros implicados. Cabe recordar que hasta el momento únicamente han resultado responsables y auditados los equipos directivos de estos centros, que únicamente han cumplido directrices de instancias superiores”.