“La Comunidad de Madrid pone en marcha un plan histórico que unirá la sanidad pública y privada bajo una única coordinación. Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”. Era 12 de marzo de 2020 y Madrid presentaba en público su receta para paliar el desborde de la Sanidad por la Covid-19. Con 475 residencias en la Región y, para entonces, una mujer de 99 años fallecida, a la que se sumarían 9.469 residentes más en los primeros 60 días de pandemia. Un día después del anuncio de la medicalización, la residencia Monte Hermoso envía un correo de auxilio a la Consejería de Sanidad que nadie contesta. Días después, otro a la presidencia de Díaz Ayuso para exponer que tienen un brote y que no se está derivando a pacientes ni tienen medios ni recursos. Cinco días después de la nota de prensa, mueren 20 mayores en esa residencia sin más tratamientos que los que el centro, en situación precaria y con el personal también enfermo, pudo improvisar. La Fiscalía abrió una investigación, el caso se denunció a un juzgado y se cerró, sin que haya habido responsables ni más información a los familiares. Este caso ejemplifica lo que, según el Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid presentado este viernes en el Ateneo de la capital, fue una tónica general en las residencias de la Comunidad de Madrid. “No pretendemos suplantar a nadie, simplemente hacemos un trabajo con rigor y metodología. Era una situación excepcional en todo el mundo, y los políticos tuvieron una urgencia de tomar decisiones, pero no todas las comunidades actuaron de la misma forma”, ha destacado el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión.
Entre los datos que aporta el texto está que el 21,5% de los mayores que vivían en residencias en Madrid fallecieron entre el 1 de marzo y el 30 de abril. Había 44.000 plazas ocupadas de las 52.000 disponibles, según un informe realizado por Javier Martínez-Peromingo (que fue director de Coordinación Sociosanitaria de Ayuso). Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en esos dos meses murieron 9.470 personas mayores que tenían su domicilio en una residencia (está confirmado que más de 5.000 por Covid o síntomas compatibles). De ellos, la gran mayoría (7.219), sin ser trasladados a un hospital, ya que el Gobierno de Ayuso limitó los traslados de los residentes ante la presunta medicalización de las residencias que nunca sucedió, más allá del trabajo en negro, sin contrato y todavía sin pagar, de una decena de personas que visitaron residencias, capitaneadas por Encarnación Burgueño, hija del asesor sanitario de Ayuso en aquel momento, y sin experiencia en situaciones de gestión de emergencias.
Las cifras de fallecidos –las de contagiados son imposibles de saber puesto que no había tests al alcance de la población– revela, como denuncia el informe de 148 páginas, que las residencias de Madrid tuvieron una mortalidad de un 129% más de lo esperado, según las plazas con las que contaba respecto al resto de España. ¿Por qué pasó esto? Según analiza el texto, a las carencias que venían arrastrando las residencias madrileñas en cuanto a inversión se sumó la falta de test y preparación, la convivencia de miles de mayores en espacios cerrados sin mascarillas ni EPIS, el personal (lejos de aumentarse con un plan de choque como el anunciado) se contrajo radicalmente, ya que enfermaron también. No había médicos disponibles ni respiradores y tanto las direcciones de las residencias como los geriatras de enlace de los hospitales (a quienes llamaban las residencias para ver si se podía derivar a hospitales a los ancianos) siguieron los protocolos de Sanidad, que vetaron las derivaciones para mayores dependientes o con enfermedades previas importantes durante lo peor de la pandemia. Según recoge el informe y ha destacado Fernando Lamata –experto en Gestión y Administración Sanitaria, miembro del panel de expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias y miembro de la comisión ciudadana– “de 120 derivaciones diarias se pasó a 65 en las peores semanas, del 7 a 31 de marzo y se pone de puerta de entrada el geriatra de referencia. No se medicalizaron las residencias, los recursos que había se derivaron a Ifema”. Unos 3.000 sanitarios fueron allí y solo se trasladó a 23 mayores de residencias y todos con síntomas leves. Y ha concluido que “no hubieran muerto igual –como ha mantenido Ayuso en la Asamblea– ya que el 65% de los que fueron derivados sobrevivieron (son datos oficiales), de manera que podrían haberse salvado más de 4.000 personas”. Como recoge el informe, “en marzo y abril de 2020, se produjeron 6.308 derivaciones desde las residencias a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid: 2.305 en marzo y 4.003 en abril. Y, en el mismo periodo, fallecieron en el hospital 2.179 residentes y sobrevivieron 4.129. Por tanto, salvaron su vida el 65% de los residentes trasladados al hospital en los meses de marzo y abril”. Haciendo una media aritmética, podrían haberse salvado 4.600 mayores.
De hecho, el estudio científico de hace unos meses de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, también miembro de la comisión ciudadana –junto a la politóloga Cristina Monge, el redactor del informe Fernando Flores, el abogado Eduardo Ranz o la escritora Anna Freixas– demuestra que no solo no se iban a morir igual, sino que en otras comunidades autónomas que no limitaron la atención hospitalaria, el número de muertos presentaron porcentajes más bajos. Mientras dos estudios realizados sobre el área geográfica de la Comunidad señalan que fallecieron entre el 40,8% y el 46,7% de los mayores con Covid-19 en residencias, en el resto de zonas ese porcentaje oscila entre el 7,7% de Granada hasta el 25,9% de Castellón. Además, según los datos, salvaron su vida el 65% de los residentes trasladados al hospital en los meses de marzo y abril.
Además de reducir las derivaciones a hospitales, el texto recuerda que ni una sola personas de residencias fue derivada a la sanidad privada, que tenía 1.000 camas libres, las ambulancias no recogían enfermos sin la autorización del geriatra de enlace y solo quien tenía seguros privados pudo llamar a ambulancias.
Otro punto que destaca el informe presentado este viernes es que la reacción cuando se presentó la pandemia fue tardía y escasa. Cuenta, entre otros detalles, la investigación que se hizo en Monte Hermoso, después de que se produjeran 16 defunciones en 72 horas, según la investigación oficial a la que la comisión ha tenido acceso: “La epidemióloga de área se desplaza al centro el domingo 15 de marzo. Como consta en su declaración ante la jueza, constató la situación, propuso soluciones y envió un mensaje a sus superiores en la subdirección de epidemiología, con la intención de que fuera útil para tomar medidas de prevención y control en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. No nos consta que sus superiores siguieran sus recomendaciones”. Según la respuesta del Portal de Transparencia a la comisión, la Comunidad de Madrid no efectuó ninguna investigación de ningún brote en residencias en 2020 ni 2021.
Respecto a la labor de la Fiscalía, los expertos que han analizado lo que pasó esos meses han sumado cerca de 500 diligencias preprocesales abiertas, “de las que una treintena dieron lugar a denuncia o querella. A ellas se sumaron algunas más, pero muy pocas quedan vivas en los tribunales”. La comisión critica la falta de investigación y el “desamparo institucional” de las familias. Martin Pallín ha señalado que enviarán el informe a “la Corona, al Defensor del Pueblo y la comisión europea, también a la Fiscalía”, de quien ha lamentado que haya mantenido una actitud “conformista”. Ranz ha resumido que “se les privó del derecho fundamental de morir sin dolor y acompañados de sus seres queridos, en caso de que hubieran muerto igual. Las familias todavía no han tenido un informe que explique las causas de la muerte”. Los miembros de la comisión han destacado testimonios impactantes, como la hija a la que le devolvieron objetos personales de sus dos padres fallecidos que no eran de ellos o que no le devolvieron las alianzas. O el testimonio de una trabajadora que contó que “habían muerto de una manera horrible, asfixiados, deshidratados”.
Entre las seis recomendaciones finales, la comisión ciudadana insiste en “el deber de no olvidar”, reabrir la comisión de investigación en la Asamblea, que la Fiscalía investigue lo que pasó en las residencias madrileñas o “un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados”.