Hace cuatro años, Isabel Díaz Ayuso se comprometió a combatir los desorbitados precios de las vivienda de libre mercado en Madrid y anunció un ambicioso plan para construir 25.000 pisos públicos en régimen de alquiler asequible que se distribuirían en más de 40 municipios de la región. Corría el año 2019 y la presidenta regional gobernaba entonces en coalición con Ciudadanos. De ese lote, unas 15.000 viviendas estarían listas para entregar durante esa legislatura. Y, a día de hoy, solo ha abierto el plazo de inscripción para las primeras 274.
El proyecto plantea ceder suelo público a inversores privados para ofertar esos pisos de unos 70 metros cuadrados de media a precio mucho más bajo que el del mercado libre: entre 500 o 600 euros de renta –la media de la región es de 1.700 euros al mes para un piso de 100 metros cuadrados [17,8 euros por metro cuadrado], según los datos del portal Idealista–, orientados principalmente a mayores de 65 años que se hubieran jubilado y a jóvenes sin ahorros y con escasos ingresos mensuales. Lo bautizó como 'Plan Vive'.
Pero en marzo de 2020 estalló la pandemia y se paralizó la actividad política. Meses después, en octubre de ese año, cuando se levantaron los estados de alarma, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se apresuró a publicar el Decreto 84/2020, en el que se recogían las condiciones del plan. Pero aquella legislatura finalizó en marzo de 2021 de forma abrupta, ya que Ayuso expulsó a Ciudadanos de su gobierno y convocó elecciones anticipadas.
El proyecto quedó paralizado pese a que Ayuso ganó esos comicios y pudo gobernar en solitario durante los dos años siguientes hasta que el pasado mes de mayo la nueva cita con las urnas le dio la ansiada mayoría absoluta. Hasta entonces ni una sola de esas 15.000 primeras viviendas que anunció Ayuso a bombo y platillo se había entregado.
La semana pasada, el gobierno regional presentaba los segundos presupuestos de Ayuso en cinco años, que está vez no tendrá problemas para aprobar gracias a su mayoría absoluta. Según señaló la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, la partida para vivienda estatal y regional crece para el próximo año un 21,5% más con respecto al anterior. Albert volvía a referirse a la construcción de 4.000 viviendas de ese Plan Vive, además de anunciar que se iniciaba la construcción de otras 2.472, ampliándose además “las ayudas al alquiler, a la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética”.
El mercado de la vivienda en Madrid –y en muchas otras provincias españolas– se ha disparado. Y para intentar paliar el problema, el Gobierno de Pedro Sánchez terminó por aprobar el pasado mes de abril la ley de Vivienda que, entre otras muchas cosas, regula de los precios del alquiler de zonas tensionadas, relajando los requisitos para que las administraciones puedan declarar esas zonas allí donde lo vean necesario. También redefine la figura de los grandes propietarios y establece un índice de referencia para determinar las rentas que deben pagarse por los pisos. El PP afirmó en aquel debate del Congreso que la normativa “no convence a nadie” y, además, “no responde a los problemas de las personas vulnerables o jóvenes”. “No hace falta esta ley, lo que hace falta es construir”, sentenció entonces la diputada de este grupo, Ana María Zurita.
'No' a la ley de Vivienda estatal y 'sí' a una nueva ley del Suelo
Tras su entrada en vigor, los de Feijóo se apresuraron a recurrir la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional, pero mucho menos tiempo tardó Ayuso en adelantar que su gobierno no iba a cumplirla ni a aplicarla en Madrid, una insumisión a la que se sumaron otros presidentes autonómicos del PP.
La presidenta regional, de hecho, ha paralizado cualquier intento de limitar el alza de los alquileres en los grandes municipios limítrofes a la capital que están sufriendo las consecuencias del desorbitado aumento de los precios del mercado en Madrid. Un ejemplo es la ciudad de Getafe a cuya alcaldesa, la socialista Sara Hernández, Ayuso le ha denegado la posibilidad de declararla “zona tensionada”, prerrogativa que contempla la nueva norma estatal. Pero las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y por lo tanto los gobiernos regionales no tienen autoridad para decidir si admiten o deniegan esas cosas.
“Rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va en contra la oferta de vivienda de alquiler”, afirmó el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que sostiene que esa experiencia llevada a cabo en otras ciudades de España, como Barcelona, así como en otras ciudades europeas como París o Berlín “no ha funcionado”. “No compartimos esta iniciativa, mucho menos topar los precios. Lo que queremos es que la vivienda se mueva con libertad en el mercado”, añadió Rodrigo.
Y en Madrid el PP ha apostado por el modelo público-privado que, según la derecha, da “mayor estabilidad al mercado” y no es “intervencionista”, un objetivo en el que están poniendo todo su empeño. A principios del mes de octubre el Gobierno regional anunció que se impulsará una ley del Suelo con el fin de que entre en vigor el próximo año para “flexibilizar los usos” de los terrenos públicos municipales y “simplificar los procesos y los plazos” para que el sector privado pueda edificar en ellos. En el Ejecutivo regional defienden que en Madrid existe “un déficit estructural de vivienda” y que la solución pasa por construir más.
Según explicó en un desayuno informativo el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, “hay un problema importante de viviendas en la Comunidad de Madrid y para eso necesitamos instrumentos legislativos que ayuden a que haya más oferta de vivienda y con eso puedan reducirse los precios. Y, por tanto, la administración tiene que ser un vehículo y no un freno, y por eso queremos que la ley del Suelo sea un instrumento para que los ayuntamientos puedan poner más terreno disponible para viviendas y otras infraestructuras necesarias”.
Foto en Vallecas para la entrega de 44 viviendas públicas
El pasado 24 de octubre Ayuso se hacía la foto en el distrito madrileño de Vallecas para entregar a 44 familias las llaves de unas viviendas de promoción pública. En ese acto, retransmitido en directo, la dirigente madrileña cargó como es habitual contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su ley estatal. Según dijo, el resultado de su aplicación “no puede ser peor: se ha hundido el 30% de la oferta en el alquiler, y se han disparado los precios más de un 9%”.
“Frente a los experimentos políticos, nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso para que cada vez sea más viviendas las que pueden llegar a más ciudadanos y en las mejores condiciones”, afirmó. La teoría de Ayuso es que “cuando se intervienen los precios de la vivienda, suena a priori bien pero luego las consecuencias no son así” y eso provoca, por ejemplo, que “el propietario de una vivienda, que no siempre tiene por qué ser rico porque tenga una vivienda –apostilló–, si quiere ponerla en alquiler y ”por las dificultades extraordinarias con las que se encuentre ante cualquier situación sobrevenida no puede ponerla al precio que necesita“, pues ”prefiere no alquilarla y, por tanto, no la saca [al mercado]“. La consecuencia de ello es, según Ayuso, que ”baja la oferta y se disparan nuevamente los precios y esto es un no parar“. ”No se trata de meternos en la vivienda privada ni tampoco de la intervención salvaje sino de dar más oferta para que ella pueda poco a poco bajar los precios“, defendió durante el acto en el distrito de Vallecas.
Además presumió de que su Gobierno regional ha entregado ya 117 viviendas en lo que va de año en los municipios de Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo, Berzosa de Lozoya y Puentes Viejas“. Y ”próximamente está prevista otra entrega en Majadahonda, Móstoles, Valdemoro, Rivas Vaciamadrid, Villa del Prado, Guadarrama y Madrid“, ”que se integran en el proyecto del Ejecutivo autonómico para la construcción en esta Legislatura de más de 1.600 hogares con un presupuesto de 250 millones“, añadió.
El Plan Vive se ha retrasado más de cuatro años
Su compromiso inicial, sin embargo, fue entregar un primer lote de 15.000 viviendas dentro del Plan Vive en la pasada legislatura. El gobierno regional incluso desveló las condiciones para acceder a esos pisos, que pasaban por tener unos ingresos mínimos de 14.000 euros brutos al año por unidad familiar, y unos 45.000 como máximo. El alquiler sería por 10 años, aunque con posibilidad de prórroga. Pero de momento solo se ha abierto el plazo de inscripción para solicitar las primeras 274 viviendas del Plan que estarán situadas en la localidad de Alcorcón, y cuya entrega está prevista en el primer trimestre del próximo año 2024. Y, según dijo, el consejero, “se prevé que otras 1.900 estén finalizadas para el primer semestre del próximo año”.
Por otro lado, se ha anunciado la edificación de 6.500 nuevas viviendas en alquiler asequible en 12 municipios de la región. Concretamente, en Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Boadilla del Monte y Pinto, aunque el “cálculo” que hace la Comunidad de Madrid es que “en los próximos cuatro años se podrán construir hasta 50.000 viviendas nuevas a precio también asequibles, de las cuales una cuarta parte va a ser promovida por el Gobierno autonómico”.
Todo de cara al futuro y con escasos resultados hasta el momento mientras aún planea la venta en 2013 de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre que la ex alcaldesa del PP, Ana Botella, permitió en Madrid por 128,5 millones de euros. La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas terminó revocando una sentencia condenatoria anterior y absolvió a la regidora y a siete miembros de su equipo, gracias al voto de dos consejeros vinculados al PP.