El escándalo del presunto fraude cometido en las oposiciones a comisario e inspector de la Policía Municipal de Madrid, celebradas en 2022, sigue persiguiendo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una vez que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado ahora reabrir la causa, archivada por el juez instructor en julio del año pasado. Las irregularidades en aquellas pruebas fueron llevadas ante la Fiscalía Provincial por Más Madrid a finales de aquel año, siendo objeto también de una denuncia interpuesta por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) –a la que se adhirió el sindicato Unión de la Policía Municipal (UPM)– al menos contra cinco altos cargos de este cuerpo, a los que acusaban de supuestos amaños en los exámenes, así como de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Cinco meses después, a principios de julio de 2023, el juez instructor del caso decidió su sobreseimiento al no ver “suficientes indicios” de los delitos investigados tras practicar algunas diligencias y recibir el informe realizado por el departamento de Asuntos Internos –la propia comisaría principal de régimen interior del Cuerpo– en el que se concluía, según fuentes conocedoras del mismo, que “no había habido ninguna situación que pudiera dar lugar a esos hechos delictivos” y que las denuncias “solo eran meras conjeturas”. Ninguno de los supuestos implicados, por lo tanto, fue llamado siquiera a declarar ante el juez.
Contra la citada sentencia que daba carpetazo al asunto cabía recurso de apelación y así lo hicieron tanto la APMU como el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM), recurso que fue admitido a trámite.
El pasado mes de diciembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid ordenaba reabrir la causa y citaba como investigados al director general del Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, a otros 15 mandos del Cuerpo, entre ellos, el que era comisario principal de la Policía Municipal, Oskar de Santos; a los ahora comisarios (antes llamados intendentes) José Luis Rodríguez Vacas y Miguel Carmona, así como al comisario principal José Luis Morcillo –estos dos últimos ya jubilados–. En la lista también se incluyó a algunos de los opositores que realizaron esas pruebas.
Este mismo viernes está previsto que comiencen a prestar declaración en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, en calidad de investigados, varios de esos mandos de la Policía Municipal: de momento, Oskar de Santos, José Luis Morcillo y Miguel Carmona.
El auto que revoca la primera resolución judicial, al que ha tenido acceso esta redacción, dicta que se prosiga la causa “a fin de un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación”. En su recurso de apelación, tanto la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) como el sindicato Unión de la Policía Municipal (UPM) alegan que los denunciados únicamente habían sido interrogados por la Unidad de Asuntos Internos, es decir, por sus propios compañeros, sin que ninguna de las acusaciones, ni el juez ni la Fiscalía hubieran podido interrogarles a fin de contrastar lo recogido en las actas de Asuntos Internos. Los apelantes relatan en su escrito que se “ha creado un sistema para subvertir los principios de igualdad e imparcialidad que deben regir en todo proceso selectivo de acceso a un cargo público, a fin de que ello opere en beneficio de sus familiares, amigos y su propio patrimonio”. Después de relatar todas las anomalías que rodearon a esas pruebas, consideran que la única forma de llegar a esclarecer los hechos es tomando declaración en sede judicial a los implicados y afectados porque “solo de esta manera se podrán ver debidamente garantizados sus derechos procesales”.
La reapertura de la investigación reaviva políticamente el caso
Estas nuevas circunstancias han llevado a Más Madrid y al PSOE a exigir a Almeida que se impulse en Cibeles una comisión de investigación para esclarecer si hubo amaño en los exámenes y reclamar, si se derivara de ello, responsabilidades políticas dentro del gobierno municipal. Tanto el concejal de Más Madrid Ignacio Murgui como Enrique Rico, del PSOE, que defendió en el Pleno de Cibeles la apertura de dicha comisión, creen “urgente y necesario” que se aclaren todas las dudas e irregularidades que se ciernen sobre las bases de aquellas oposiciones y sobre los tribunales que calificaron las pruebas, ya que el posible amaño de esos exámenes “puede vulnerar los principios de mérito y capacidad siendo víctima de ello toda la plantilla”, del Cuerpo.
Pero el alcalde y la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, de cuya área depende la Policía Municipal, se niegan en redondo a las pretensiones de la izquierda alegando que el caso está en manos de los tribunales, por lo que se debe esperar a ver qué dictamina de nuevo el juez, requisito que el PP, sin embargo, no respetó cuando estaba en la oposición y forzó una investigación sobre la municipalización de Bicimad realizada por el gobierno de Manuela Carmena, contra la que el PP presentó una denuncia por prevaricación y malversación de fondos.
Los dos grupos de la oposición de izquierdas han hecho causa común al considerar que se trata de algo “gravísimo” que ponía en tela de juicio “el prestigio de la Policía Municipal”, algunos de cuyos mandos ahora investigados ya habían protagonizado más de una polémica durante el primer mandato de Almeida. De hecho, el intendente José Rodríguez Vacas fue cesado como responsable de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Municipal por sus ataques en Internet al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Vete de este país o de este mundo hijo de la gran puta y deja que podamos vivir”, escribió en Facebook. Además, a Vacas se le abrió un expediente disciplinario por una inspección a un local de intercambio de parejas en septiembre de 2022 en la que se vio implicado.
A eso hay que añadir que tanto él como el comisario principal, José Luis Morcillo, fueron también expedientados por el caso del funeral de la madre de este último, al que acudieron cuatro agentes municipales vestidos con el uniforme de gala del cuerpo, algo que prohíbe el reglamento.
Tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre –que en su momento llegó a pedir la paralización de manera inmediata de aquellas oposiciones, de las que impugnaron las bases–, como su homóloga del PSOE, Reyes Maroto, han redoblado estos días la presión contra el regidor para que acceda a que el Ayuntamiento investigue. Pero la mayoría absoluta de Almeida funciona a pleno rendimiento.
Las sospechas del fraude en las oposiciones colean desde hace años
Las sospechas sobre el amaño de esas pruebas de promoción en la Policía Municipal colean desde hace años. El grupo de Rita Maestre ya advirtió en 2019 que también las bases de las oposiciones a siete plazas de inspector/a y otras seis de intendente del Cuerpo, ambas de turno libre y correspondientes a la oferta de empleo público de aquel año, no reservaban el 50% para promoción interna. Según denunció entonces el concejal Miguel Montejo, dichas bases contenían “un cúmulo de errores, ya que no respetan lo establecido en la Ley de Coordinación de las Policías Locales ni los reglamentos de la Comunidad de Madrid ni de la propia Policía Municipal de la capital”.
Posteriormente, el Ayuntamiento tuvo que paralizar el último ejercicio –unas pruebas físicas– de una nueva convocatoria que tenía que celebrarse para cubrir siete plazas de inspector del Cuerpo, mediante turno libre. La decisión fue comunicada a través de un edicto por el tribunal calificador que fue designado por decreto de la portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz, el 21 de octubre de 2021 para las pruebas selectivas convocadas para finales de octubre de 2022.
Poco a poco se fueron conociendo un cúmulo de irregularidades que apuntaban a que pudo haber un trato de favor por parte de algunos miembros de los tribunales de las oposiciones a amigos y familiares, así como filtraciones de las preguntas de los exámenes por parte de una de las academias que preparan a los opositores en estos procesos, Cronos, que se jacta de ser el centro que más aprobados tiene en su historial. El tribunal de aquellas oposiciones cuestionadas estaba presidido por José Luis Morcillo Pérez, comisario principal de la Policía Municipal.
La segunda mejor nota hasta el segundo ejercicio de estas oposiciones a inspector la ostentaba la abogada Sarah Maia Silveira, con quien, según fuentes policiales, Morcillo mantenía una estrecha relación personal a través de su mujer. La mejor puntuación en las dos primeras pruebas la había obtenido, no obstante, Óscar García Martínez, quien es amigo y trabajó directamente con el suplente de Morcillo en el tribunal, Luis Fernando Martín Bernal, precisamente el comisario que lleva asuntos internos en el Cuerpo.
Otro de los afectados por esas sospechas fue el intendente Rodríguez Vacas, que presentó su dimisión como miembro del tribunal al comprobarse que un compañero e íntimo amigo suyo, José Valverde Turiégano, policía de Alcalá de Henares, había sacado la tercera mejor nota en el proceso. En su denuncia, Más Madrid consideró que Rodríguez Vacas “debió haber comunicado a sus superiores y al propio presidente del tribunal la gran amistad que tenía con dicho opositor”.
La academia Cronos, en el punto de mira
Carolina Hernando Boiso y Miguel Carmona, nuera e hijo respectivamente del entonces intendente y ahora comisario, Miguel Carmona, que daba clases en la academia Cronos, también lograron superar las pruebas con altas puntuaciones. Ambos son policías locales del municipio de Arganda del Rey. Y según los resultados de otra prueba de conocimientos, a los que tuvo acceso esta redacción, Jorge Blanco Arce, que fue durante un tiempo chófer de Carmona en el distrito de Barajas, quedó como tercer clasificado. El cuarto puesto volvió a ser para el hijo del profesor de Cronos, Miguel Carmona.
Pero hay más. En una conversación, revelada por El Plural, el intendente y profesor Carmona fue grabado por uno de sus alumnos mientras impartía una clase en la academia en noviembre del año pasado. En ella presumía de ser “el que más sabe de esto” por llevar “40 años” y por conocer “a todos”. “Los test que yo paso los dos últimos meses os caen el 80% de las preguntas [...]. Primero hay que ver quién está en el tribunal; yo me los conozco a todos, la mayoría han sido compañeros míos. Sé qué temas les interesan, y sobre eso elaboro un simulacro. Un trabajo de campo que merece la pena porque luego vosotros aprobáis y eso redunda en mi prestigio profesional”, admitía.
En otra grabación, como pudo comprobar elDiario.es, Carmona, cuya mujer regenta dicha academia, reparte unos simulacros de examen a los alumnos y les avisa: “Lo que os den por ahí no vale nada, solo vale lo que hago yo. Lo vais a comprobar el lunes [el día después del examen]. Lo que hagáis aquí, el 85% del examen más o menos lo tenéis”. En un momento dado, el profesor advierte a los alumnos de que no por acudir ese día a realizar los simulacros lo tienen hecho. “No porque hoy vengáis aquí ya lo tenéis solucionado. Una leche. Esto es darle el último empujón”, dice.
Carmona después prohíbe a los aspirantes hacer fotos de los simulacros que les está entregando y les advierte de las consecuencias de que esos test salgan del “entorno”. “Si hago este esfuerzo, me jode un montón si luego me entero yo de que lo tiene alguien que no es alumno mío –dice–. Si yo me entero de eso y es alguien de vosotros, os aseguro que me va a oír”, asegura en la grabación.
“Un entramado cuasi mafioso”
Fuentes del sindicato UPM aseguran que comunicaron mediante un burofax a la delegada del área, Inmaculada Sanz, el cúmulo de anomalías detectadas en las pruebas pidiéndole ya entonces que abriera una investigación “ante unos hechos tan graves y lamentables”. “Pero se negó”, según explican a esta redacción. Fue entonces, a raíz de esta negativa, cuando la Asociación de Policía Municipal Unificada decidió presentar su denuncia, a la que se adhirió el sindicato.
Por su parte, la líder de Más Madrid, Rita Maestre, insiste en que se trata del “mayor escándalo de corrupción que se está produciendo en los últimos años en Madrid”, “un entramado cuasi mafioso dirigido a que los amigos de la cúpula policial designada por Almeida lleguen a los puestos de mayor dirección de la Policía Municipal”.
Tanto la UPM como la APMU están contentos por la reapertura del caso, y esperan que sirva al menos “para que se limpie el honor del Cuerpo y se deje de verter sospechas de que todo el que llega arriba es por medio de chanchullos o enchufes en las oposiciones”. “Son muchos los agentes que quieren ascender pero que ven mermados sus derechos al presentarse a las pruebas en desventaja”, señalan.
No obstante, también creen que “judicialmente va a ser difícil demostrar los hechos” porque muchos de los aspirantes a las pruebas que se vieron afectados por las irregularidades “tienen miedo a declarar”. La única esperanza que albergan es que la apertura de nuevo del proceso sirva al menos para dotar a las próximas convocatorias de “mayor transparencia”.