La tranquila vida del funcionario Ignacio González

Su paso como presidente de la Comunidad de Madrid, entre septiembre de 2012 y junio de 2015 –cargo al que accedió tras la dimisión de Esperanza Aguirre–, ha caído en el olvido. Su nombre ya no es la comidilla de las conversaciones de sus antiguos compañeros del PP de Madrid, ni de los de la Asamblea regional. Desde hace años, en las últimas recepciones en la Casa de Correos con motivo de los aniversarios de la Constitución, el nombre de Ignacio González ha sido borrado de la lista de invitados. Ya no se cuenta con él. El exdirigente de Madrid tiene una pesada mochila repleta de casos de corrupción que, a día de hoy, aún colean en los tribunales.

Después de permanecer varios meses en prisión provisional por su implicación en el caso Lezo sobre las presuntas irregularidades realizadas en el Canal de Isabel II, organismo que presidió, en noviembre de 2017 González salió de la prisión de Soto del Real (Madrid) tras pagar una fianza de 400.000 euros. Poco después, en julio de 2018, pidió su reingreso en el Ayuntamiento de Madrid de donde es funcionario del grupo A con un nivel 30.

Al no pesar sobre él ninguna inhabilitación para ejercer un puesto público, se admitió su solicitud y comenzó su nueva vida en el Consistorio de Madrid, donde en un principio ni siquiera tenía un despacho propio asignado y fue ubicado en un espacio común, según las fuentes consultadas. Una vez instalado, el exdirigente madrileño comenzó a desempeñar su labor en las dependencias municipales de la calle Bustamante, en el distrito de Arganzuela, como consejero técnico de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Disciplinario, dependiente del área de Economía, Innovación y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo. Por desempeñar ese cargo recibe un salario de 54.000 euros anuales. Entre sus competencias está realizar trabajos de redacción de informes jurídicos en materia de recursos humanos (RRHH) y sobre interpretación de normas de aplicación al ámbito de la función pública y el derecho laboral.

Una vida “discreta” de 'probo' funcionario

“Es muy discreto. Llega muy temprano y cumple estrictamente con su horario, de ocho de la mañana a tres de la tarde, como cualquier otro trabajador de la casa. Y dos días a la semana teletrabaja. Es un tío serio”, aseguran quienes le ven a diario en su nuevo cargo. Estas fuentes señalan que aunque tiene poca relación con los compañeros del ayuntamiento esta es “cordial”.

El expresidente de la Comunidad de Madrid se estrenó como funcionario del ayuntamiento hace casi tres décadas cuando trabajó de director de Servicios Generales de la Primera Tenencia de Alcaldía. Sus competencias eran de comunicación, servicios informativos, documentación y publicidad institucional. Para esa tarea fue nombrado el 1 de agosto de 1995. Pero unos años después, el 13 de mayo de 1996, pidió una excedencia al ser nombrado subsecretario de Educación y Cultura en el ministerio que entonces ocupaba Esperanza Aguirre.

Ante su regreso de nuevo al consistorio tras salir de prisión se especuló con la posibilidad de que se reincorporase como asesor del grupo municipal del Partido Popular. Pero el PP no quiso. El partido que en la ciudad lidera José Luis Martínez Almeida debería haber solicitado la adscripción del expresidente madrileño al grupo, pero no lo hizo, tal y como entonces confirmaron desde la formación conservadora a este diario.

Diversas causas pendientes en los tribunales

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional siguió abierto el caso Lezo y varias de sus diversas ramificaciones. La justicia continuó investigando si el expresidente madrileño cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos como presidente del Canal de Isabel II, así como la supuesta red de corrupción que se fraguó dentro. Unas comisiones que él negó una y otra vez ante el juez. No obstante, la Audiencia Nacional logró decomisar parte de la fortuna que González amasó durante sus actividades irregulares y que escondía en Colombia, unos 5,4 millones de dólares en metálico que el político ocultaba en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros, además de varios bienes inmuebles que tenía en aquel país sudamericano. Para ello los jueces contaron con la ayuda de las autoridades colombianas y también de las de Panamá, que lo acreditaron.

El hallazgo de este 'botín' resultó decisivo para que el político pudiera salir en libertad condicional, ya que el juez consideró que disminuía el riesgo de destrucción o alteración de prueba y, sobre todo, el riesgo de fuga.

En 2021 se supo que la Fiscalía pedía para él seis años de cárcel por delitos de cohecho por los supuestos amaños en la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. A eso hay que sumar los otros ocho años de cárcel pedidos por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público. En su escrito de acusación de la pieza sobre la compra Emissao, dentro del caso Lezo, el Ministerio Público atribuyó a González los delitos de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales. Por si fuera poco a su abultado currículo judicial hay que añadir la petición anterior de otros cuatro años más de prisión por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero y el supuesto cobro de comisiones.

Pero su historial presuntamente delictivo se remonta a años anteriores. También estuvo implicado en el caso Púnica, Sin embargo, a finales de noviembre del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió archivar la pieza, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de pruebas sólidas, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011 que se achacaba tanto a Esperanza Aguirre como a González a través de Fundescam.

Entre julio y agosto de 2011, Ignacio González también fue investigado por la Policía por el uso de un ático de lujo en Marbella, un caso que derivó en otra investigación, ya que en unas grabaciones intervenidas por los agentes, González pedía que no saliera a la luz que él, según un confidente, era el propietario de una empresa pantalla radicada en Estados Unidos que poseía un ático en Estepona (Málaga) que había sido un regalo entregado a dicha sociedad. El juzgado de instrucción número 5 de Estepona le imputó entonces los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

A finales de 2018, cuando González acababa de incorporarse a su trabajo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el embargo de su salario como funcionario para cubrir las posibles responsabilidades de los delitos que se le imputaban en el caso Lezo, pero poco después el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, volvió a dictar una resolución a su favor rechazando dicho embargo. El expresidente por entonces tenía la totalidad de sus bienes requisados por orden judicial.

Según publicó El Mundo en mayo de 2022, ese mismo juzgado de la Audiencia Nacional le exculpó del delito de blanqueo de capitales. El juez acordó de esta manera el sobreseimiento de la pieza abierta para investigar el posible lavado de fondos en relación con González pero también en lo referente a su mujer, Lourdes Cavero.

Declaración en la Comisión de Investigación sobre el espionaje a Ayuso

Una de las última apariciones publicas de Ignacio González fue en mayo del 2022, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid para esclarecer el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). Su comparecencia fue pedida por los ediles del desaparecido grupo Mixto. González, que vivió en sus carnes el espionaje interno que él sufrió a través de varias agencias de detectives, como descubrió por medio de la agenda del comisario Villarejo, dio durante aquella comparecencia una auténtica lección de cómo se llevaban a cabo esas prácticas en el PP, su antiguo partido, prácticas que no dudó en calificar de “deleznables”. Una de esta agencias casualmente era Mira, dirigida por Julio Gutiez, y es a la que supuestamente se acudió para intentar espiar a Ayuso. “Los espionajes no son aislados, son recurrentes y hay mucha más gente implicada”, “son prácticas deleznables y mafiosas que hay que erradicar”, soltó el exdirigente del PP madrileño.

El año pasado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso lo excluyó de su lista de invitados para asistir al pleno extraordinario de la Asamblea regional con motivo del 40 aniversario del Estatuto de autonomía, aprobado en febrero de 1983, y también aniversario de la sede parlamentaria de Vallecas. La presencia de González en ese acto institucional al que no faltaron otros expresidentes madrileños, habría resultado muy incómoda para Ayuso y los dirigentes del PP. En ese acto tomaron la palabra solo los presidentes que fueron elegidos por las urnas al figurar como cabeza de cartel en las elecciones, como Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. González fue también borrado de la galería de fotos que se montó con motivo de la efeméride.

El turbio pasado de González ha propiciado también que el nuevo estatuto de expresidentes que planea impulsar Ayuso incluya alguna fórmula para que su antecesor en el cargo no se pueda acoger a él. El problema es que si se aludiera a su negro expediente judicial podría afectar también a Cristina Cifuentes que tuvo que dimitir acuciada por el caso Máster –que destapó elDiario.es– y tras descubrirse que hurtó unas cremas de un supermercado.

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Nota de rectificación remitida por Ignacio González

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por Ignacio González González a la redacción de elDiario.es:

“1.– La Audiencia Nacional no ha decomisado a D. Ignacio González ninguna fortuna -ni cantidad alguna- de procedencia ilícita, siendo completamente falso que escondiera en Colombia 5,4 millones de dólares en metálico.

2.– D. Ignacio González jamás ha tenido testaferros ni ha poseído bienes inmuebles en ningún país de Sudamérica.

3.– La investigación relativa a D. Ignacio González y un ático en la localidad de Estepona está archivada de manera definitiva desde el año 2020, cuando la decisión de sobreseimiento acordada por el Juzgado fue confirmada por la Audiencia Provincial.“