- Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno “estudiará” si recurre la PNL ante el Tribunal Constitucional
En vísperas de las elecciones generales del 10N y con la mayoría de las encuestas reflejando el ascenso de Vox, este jueves por la tarde PP y Ciudadanos se han sumado a una iniciativa en la Asamblea de Madrid del partido de extrema derecha para que el Gobierno central proceda a la ilegalización de “los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello”. Lo han hecho a través de una Proposición No de Ley (PNL), promovida por el grupo parlamentario de Vox y debatida en el Pleno de la Cámara autonómica, que ha contado con el rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
En ella también se ha instado a la Unión Europea a que “inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas”, remitiendo a tal fin un expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional. Además, han solicitado que se proceda “de inmediato” a suspender “cualquier pago y en su caso revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma”.
En el debate parlamentario, el diputado de Vox José Ignacio Arias ha justificado la presentación de esta iniciativa aludiendo a “las centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de dos años se están produciendo en Catalunya”, y ha hecho especial hincapié en las declaraciones de los CDR detenidos. “La culminación de todos los actos violentos, tenencia de sustancias para fabricar explosivos, la tenencia de armas de guerra con el objetivo de asaltar el Parlamento catalán para que el señor Torra se pudiera atrinchear después de proclamar la República no ofrecen dudas”, ha afirmado Arias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el Gobierno “estudiará” si recurre esta PNL ante el Tribunal Constitucional. “No me parece un mal debate. Ayer nos quedamos todos muy sorprendidos”, ha asegurado en una entrevista en la SER. “Estamos empezando a ser testigos de algo preocupante. Vox veta a partidos, señala a los homosexuales, culpa a las mujeres de la violencia machista, plantea la ilegalización de partidos políticos. Tiene un nombre que no hace falta decirlo”, ha subrayado.
“Libertad de pensamiento”
A pesar de su voto favorable, la diputada de Ciudadanos Araceli Gómez ha afeado a Vox la presentación de esta propuesta por “llevar iniciativas sin rango de ley a la Asamblea” cuando ni siquiera creen en “el Estado autonómico”. Además, ha recordado, como premisa, que no están de acuerdo con algunos puntos, pero la defenderán porque creen en “la libertad de pensamiento”.
Por su parte, la parlamentaria del PP Yolanda Ibarrola ha criticado la “dejación de funciones” del Gobierno del PSOE pero ha recordado a Vox que la Asamblea no es “un foro para hacer campaña”. A pesar de que comparten la finalidad perseguida por la iniciativa, a su parecer está presentada con una redacción “de brocha gorda”.
Normativa “de Franco y Mussolini”
El diputado de Unidas Podemos Tito Morano ha sostenido que lo planteado se basa en “una normativa legal de Franco y de Mussolini”, tildando la propuesta de “fascista”. “Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al sol que toca Vox porque es un son de marchas militares”, ha señalado. Por su parte, el portavoz de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà ha sostenido que Vox ha pasado “una línea roja” y ha calificado al iniciativa “esperpento político y legal”.
Por último, el parlamentario del PSOE José Manuel Uribes ha indicado que se trata de una proposición “improcedente formal y legalmente”, no solo por el lugar sino por “los valores o los contravalores que esconde”. “Se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas y ahora hay que decírselo a ustedes: en una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio; delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional”, ha concluido.