El PP asume la condena por su acusación “temeraria” contra concejales de Carmena por el Open de Tenis

Ya es firme. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la condena en costas al PP el conocido como caso Open de Tenis, que fiscalizó la labor de esos ediles cuando la alcaldesa era Manuela Carmena. El auto fechado el 13 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es, llega después de que los populares hayan decidido no recurrir el último fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ratificó en noviembre que el PP, con el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como principal impulsor, actuó con “temeridad” en su acusación contra los exediles municipales y le condenó a pagar las costas judiciales.

Se pone así fin a este periplo judicial contra los exediles municipales que ha durado más de cinco años, después de que el PP de Almeida haya asumido todo el fallo, que estableció que su acusación no se sustentó en evidencias suficientes y respaldó las actuaciones de los exconcejales de Ahora Madrid al frente del gobierno municipal. El fallo supone un fracaso del actual alcalde en las iniciativas penales que inició desde la oposición contra el Gobierno de Manuela Carmena. Aunque el daño ya está hecho. Los populares llegaron a pedir hasta cinco años de cárcel para Sánchez Mato y Mayer y 24 años de inhabilitación para ejercer cargo públocp. Los actuales asesores en el Ministerio de Igualdad tuvieron que depositar una fianza de 56.900 euros.

“Se confirma lo que dijimos en todo momento: lo que ocurrió con la denuncia fue una cacería política para atacar a adversarios con acusaciones muy graves que contenían altas peticiones de cárcel y que nos han supuesto un daño reputacional muy difícil de subsanar”, lamenta Sánchez Mato en conversación con esta redacción. “Lamentablemente y aunque el desenlace haya sido la absolución, se han salido con la suya porque el resultado de lo que ellos pretendían se realizó, que fue nada menos que debilitar nuestra acción de gobierno y conseguir que esté gobernando Almeida”, añade el también dirigente de Izquierda Unida, actual asesor económico en el Ministerio de Igualdad con Irene Montero.

Los hechos dados por “probados” por la Audiencia Provincial en su primer fallo de mayo de 2022 –y ratificados después por el TSJM–, dejó claro que los responsables de esta empresa municipal –Sánchez Mato, Celia Mayer, y la entonces consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela– actuaron porque existían “fundadas y razonables dudas” de la legalidad de estos contratos que el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón firmaron con los promotores del Open de Tenis. El tribunal sentenció que los ex ediles de Ahora Madrid actuaron “con la única finalidad de proteger los intereses públicos”. En la resolución de 106 páginas el tribunal calificó de “sincera y convincente” la declaración de los tres acusados frente a la denuncia del Partido Popular. Una acusación que, en el caso de Celia Mayer, fue tan “generalista” que causó “indefensión” a la hoy también asesora del Ministerio de Igualdad.

Tanto la decisión de elaborar informes sobre estos contratos con la empresa MTP como la contratación de asesorías jurídicas externas por la que el PP acusó de delitos de prevaricación y malversación, la Audiencia de Madrid consideró que estuvieron justificadas por la dimensión económica del asunto. No hacer nada como defendía el PP en su querella, dijeron los jueces, hubiera supuesto “ponerse de espaldas y aceptar sumisamente la corrección de todo el proceso”. Los jueces de la sección séptima de la Audiencia de Madrid no escatimaron en folios para tirar por tierra las acusaciones del PP y ensalzar el trabajo que hicieron tanto los concejales como la consejera delegada. Actuaron, según los jueces, para “proteger y salvaguardar los intereses públicos y las arcas municipales”, con un “cumplimiento escrupuloso” de sus funciones y “extremando las consultas previas” antes de contratar a los abogados externos.

Una acusación sin pruebas

Pero el PP, y en concreto Almeida como líder de la oposición en esos momentos, convirtió este caso en un 'casus belli' contra el Gobierno de Carmena y contra Sánchez Mato, un edil que durante su acción de gobierno como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, levantó alfombras y denunció lo que consideraba que había sido una administración fraudulenta por parte de los anteriores gobiernos del PP.

El tribunal condenó en su sentencia de mayo al PP por actuar de “mala fe”, aunque el TSJM retiró esta acusación al entender que tendría que demostrarse que mantuvo la acusación con objeto de perseguir a los acusados. El tribunal mantuvo no obstante que el PP actuó con “temeridad”. La realidad es que pese a la inconsistencia de la denuncia, que el segundo tribunal ratificó, los populares llegaron a pedir cinco años de cárcel. La Audiencia Provincial incluso reprendió a la jueza de instrucción del caso, Concepción Jerez, que alargó durante varios años el caso. Es la misma magistrada de Plaza de Castilla que fue obligada a investigar el caso del Goya de Esperanza Aguirre después de archivarlo prematuramente.

Para el dirigente de IU, que el caso llegase tan lejos, con una imputación que duró varios años, tuvo mucho que ver con la jueza “que participó en que la persecución política fuera posible”. “Sin duda lo ocurrido en este caso fue un aviso a navegantes, de que si te metes con según que poderes políticos y económicos te pueden llevar por delante”. A pesar de todo, Sánchez Mato asegura que no se arrepiente de nada: “Volvería a actuar de la misma forma”, afirma.

“Que el tribunal dijera que habíamos tenido un especial cuidado con el dinero público fue oro puro, y al final me quedo con eso”, dice resignado, a pesar de que reconoce que el daño va a ser muy difícil de resarcirse. “La losa siempre va a caer contra nosotros y habrá gente a la que solo le haya llegado la acusación y no se haya enterado de la absolución. Al fin y al cabo, las noticias fueron más de un lado que del otro”, lamenta.

La sentencia firme supone una enmienda a la totalidad a la labor de oposición que inauguró Esperanza Aguirre y heredó después Almeida basada en la ofensiva judicial más allá del palacio de Cibeles. Ahora el PP tendrá que pagar por haber llevado su contienda política al terreno de los tribunales sin pruebas.