Isabel Díaz Ayuso ya lo avisó cuando fue investida presidenta el pasado mes de junio: una de sus primeras medidas en la nueva legislatura sería modificar las leyes trans y LGTBI autonómicas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este viernes dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, que de facto supone recortar los derechos para el colectivo. Desde Más Madrid lo califican de “retroceso legislativo”.
En concreto, la proposición de ley mantiene la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans. Además, se suprime el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios y se elimina la formación del profesorado y los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI. También desparece el consejo LGBTI.
La ley se aprobará por la vía de urgencia con el objetivo de que salga adelante con la mayoría absoluta del PP antes de que finalice el año. Este mecanismo impide que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la norma. La tramitación de urgencia responde, aseguran desde el grupo popular, a la necesidad de “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.
La realidad, sin embargo, es que con la modificación se recortan derechos. Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan “corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución”.
En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la 'discriminación por error', que, explican, es una variante de facto de la “falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes”. “Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera”, indica el texto.
En medio del debate público sobre los derechos del colectivo LGTBI después de que Vox los haya cuestionado en todos aquellos parlamentos y ayuntamientos donde ha llegado el poder, Ayuso se suma a esta agenda ideológica con su mayoría absoluta –sin necesidad de la extrema derecha–.
Más Madrid: “Es la derogación de la ley trans”
La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este viernes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de “meter por la puerta de atrás” la “derogación” de la Ley Trans y ha advertido que las modificaciones que pretende el PP en la región supone “el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas”.
“Una reforma que le quita los derechos a las personas trans, que les quita el reconocimiento y que además las patologiza”, ha recalcado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y todo ello, ha lamentado García, “en un contexto de auge de los ataques a las personas trans”.
La portavoz de Más Madrid ha acusado a Ayuso de “allanar el terreno a los comportamientos violentos” con una reforma “que es de facto una derogación camuflada”. “Supone un retroceso y sobre todo va a suponer la primera vez en décadas que la Comunidad de Madrid va hacia atrás, va atrás en el reconocimiento legislativo de las personas trans y las personas LGTBI”, ha defendido.
También ha salido a criticar la proposición de ley la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la normativa estatal. “Ayuso despliega su agenda reaccionaria. Que no olvide que está obligada a cumplir la ley”, ha apuntado la ministra.
La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también ha reaccionado a la medida del PP de Madrid asegurando que en las elecciones generales del 23 de julio “la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos”. “Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España”, ha avisado Díaz.