Enero de 2019. Pablo Casado presenta en un teatro madrileño a sus dos candidatos, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, como los mejores “continuadores” de una gestión “ejemplar” en Madrid. A ambos les pide volver a la escuela “de las ideas, del pico y pala”, como decía Esperanza Aguirre, la dirigente que lo fue todo en el PP regional durante casi dos décadas.
Año y medio después, con Ayuso y Almeida al frente de la Comunidad y el Ayuntamiento, pese a que por el medio haya tenido lugar la peor pandemia del siglo, que obligó a encerrar en casa a 50 millones de españoles, con cerca de 30.000 muertes, las viejas recetas populares siguen vigentes para la era post-Covid. Ante este tiempo nuevo, más construcción e infraestructuras, más colaboración público-privada (privatizaciones en castellano) y más eventos multitudinarios. El legado de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón sigue más vigente que nunca.
“Queremos demostrar la capacidad de Madrid para rehacerse en muy poco tiempo de la situación tan dramática que hemos atravesado”, justificó Almeida el día que postuló la capital para acoger el final de la Champions League. El plan de traer un partido de esta dimensión a la ciudad más golpeada por el coronavirus en Europa –con el permiso de Lombardía en Italia– ha fracasado solo una semana después. La capital escogida para albergar el partido, probablemente a puerta cerrada y el 23 de agosto, es Lisboa. Pero el mero anuncio anticipa la vuelta a las andadas de una región y una ciudad que gastaron cientos de millones en infraestructuras, propaganda y viajes para la carrera olímpica y que ha hecho de los grandes eventos su razón de ser.
En la misma jornada, el 9 de junio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba un hospital para pandemias y una inversión de 50 millones de euros, con el que quiere imitar a Ifema, su gran escaparate propagandístico durante la crisis sanitaria. El anuncio del nuevo hospital, con capacidad para 1.000 camas, no conlleva la contratación de personal, volvería a tirarse de “voluntarios” para su puesta en marcha, algo que ya ha indignado a los profesionales sanitarios, que vienen denunciando falta de medios y de plantillas para hacer frente a la pandemia. El nuevo centro proyectado por Ayuso, y que se espera para otoño, se construirá en el entorno de la Ciudad de la Justicia, otro gran complejo frustrado, símbolo del despilfarro y la corrupción del PP.
De esta manera, los gobiernos autonómico y municipal quieren resituar la capital en el mapa tras ser arrasada por el coronavirus a través de iniciativas que capten los focos y pongan en marcha la maquinaria económica, lo que el PP ha definido como “la locomotora de España”. Ayuso ya avanzó que la salida de la crisis pasa por “liberar suelo”, empujar el ladrillo y aligerar la burocracia. Traducido: los controles al urbanismo, cuya eliminación dicen los arquitectos amenaza con generar inseguridad jurídica.
En plena pandemia, Ayuso estableció prioridades. Su primer proyecto legislativo es la reforma de la ley del suelo para sustituir las licencias urbanísticas por declaraciones responsables. El Gobierno confía en que esté aprobada este verano. Con Aguirre al frente del gobierno, esta misma ley ya se había reformado otra decena de veces para dar acomodo legal a grandes proyectos que se topaban con trabas normativas.
La iniciativa que se está tramitando por la vía de urgencia –sin que haya debate parlamentario o enmiendas– ha sido confrontada esta semana por los grupos de la oposición y los colectivos ecologistas. Organizaciones sociales y oposición firmaron hace unos días un manifiesto en el que instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Suelo. Reclaman además iniciar un proceso de diálogo con el objetivo de conseguir el mayor grado de acuerdo posible en cuanto a la aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la región.
La declaración de intenciones de Ayuso, mientras los profesionales pedían reforzar la sanidad pública y revertir privatizaciones, llevará a que esta sea la primera iniciativa legislativa que salga adelante esta legislatura desde la formación del Gobierno en agosto de 2018, ya que todo apunta a que prosperará gracias al apoyo de Vox.
El Ayuntamiento que preside Almeida ha aprobado esta semana también una nueva ordenanza de “simplificación administrativa” que va en la misma dirección e incluye medidas como las licencias por fases para poder empezar a mover tierra con un informe de viabilidad urbanística.
Ayuso también presentó por sorpresa durante las últimas semanas un gran parking en el hospital Niño Jesús, junto al parque del Retiro en pleno centro de la capital, de gestión privada, que hará que el adjudicatario financie la construcción de una nueva ala del hospital. La dirigente del PP estudia además cómo retomar el proyecto fallido de la Ciudad de la Justicia, tras anunciar el hospital de pandemias, un agujero ideado por Aguirre, donde se dilapidaron 100 millones de euros y que ahora es un esqueleto arquitectónico inutilizable.
En su plan para la reactivación de la economía anunciado el 28 de mayo, el Gobierno regional también tiene prevista la flexibilización normativa en el área medioambiental “para reducir el intervencionismo y los trámites administrativos que, en muchas ocasiones, suponen trabas para la actividad económica y el día a día de ciudadanos, autónomos y empresas”, recoge el documento difundido por el Ejecutivo de Ayuso.
El plan también incluye entre sus medidas la venta de suelo público además de facilidades para cambiar su uso. Tras el anuncio, ya se ha sacado a subasta las primeras parcelas de titularidad pública propiedad de la Comunidad de Madrid o de municipios. Un total de 19 que tienen entre sus usos el residencial, comercial y también educativo.
Para todos estos proyectos, el PP ha encontrado un nuevo aliado en su socio de Gobierno, Ciudadanos. En el Ayuntamiento de Madrid gestiona la cartera de Urbanismo a través del concejal Mariano Fuentes, quien ha llevado el peso de las reformas en las licencias urbanísticas, aprobado de forma acompasada con la reforma de la ley del suelo en la Comunidad.
Martínez-Almeida ha repetido en las últimas semanas que “Madrid está de vuelta”. La capital acogerá en septiembre “el primer gran evento tecnológico” tras la crisis de la COVID-19, según una nota de prensa del Consistorio: el Digital Enterprise Show 2020. Aunque lo cierto es que el Ayuntamiento, pese a que ha bajado el volumen de actividad durante el confinamiento, ha dado algunas de las licencias urbanísticas (ya sean de obras o de apertura) más importantes y polémicas en pleno estado de alarma.
Es el caso del permiso para abrir Canalejas, un macroproyecto de lujo a dos pasos de la Puerta del Sol que impulsó el grupo del exministro Juan Miguel Villar Mir y que ya obligó a cambiar leyes regionales y normativa municipal; o el visto bueno para empezar a construir unos chalés de lujo en el Paseo de La Habana, cerca del estadio Santiago Bernabéu, dentro de un codiciado solar por el que se pagó una de las cifras más altas conocidas después de la burbuja. El 22 de marzo, en el pico más duro de la epidemia, se aprobó definitivamente Madrid Nuevo Norte, como estaba previsto, un proyecto que Ayuso vende como el estandarte de la recuperación económica.