Ha pasado un mes desde que se celebrasen las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y desde entonces poco se sabe de las negociaciones para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña en funciones logró una holgada victoria con 65 escaños, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta –69 diputados–, por lo que necesita a Vox para gobernar. Y aunque la formación de extrema derecha dijo en un primer momento que entregaría gratis la investidura a Ayuso, la realidad se impuso a los pocos días cuando Santiago Abascal deslizó su deseo de obtener la presidencia de la Asamblea de Madrid. Desde entonces, los equipos se han puesto a negociar, unas conversaciones que se están llevando con absoluto secretismo.
Según reconocen dirigentes de ambas formaciones en privado a elDiario.es, las negociaciones se están produciendo entre los “altos estamentos del partido”. Es decir, en los equipos están: por un lado, el círculo más cercano de Ayuso y, por otro, la dirección de Vox, con el propio Abascal y también la líder de la formación ultraconservadora en Madrid, Rocío Monasterio, implicándose de lleno.
Ayuso fijó la fecha de constitución de la Asamblea para más de un mes después de los comicios, el 8 de junio. La presidenta regional apuraba así los tiempos legales que fijan la ley electoral y el estatuto de autonomía que establecen el plazo máximo de 25 días hábiles para reunir a los diputados y decidir la composición de la Mesa. Era la forma de garantizarse el tiempo suficiente para llegar a una investidura con los deberes hechos, después de las dificultades que experimentó en primera persona en 2019 cuando las negociaciones se estancaron y tardaron tres meses. Eran a dos bandas con Ciudadanos y Vox, con los primeros negándose a reunirse con los segundos.
Tras los comicios del 4M parecía que ese tiempo iba a ser en balde. “No hará falta una segunda vuelta, en una primera vuelta Vox votará a favor de la investidura”, dijo el líder de la formación de extrema derecha la noche electoral. Pero todo cayó poco después como un castillo de naipes. Las primeras palabras de Abascal fueron celebradas en Génova, 13 –sede del PP–, donde aseguraban que “la realidad” era que “Vox no tenía otra opción que apoyar al PP”. Pero esa tranquilidad que reinaba en la Puerta del Sol se desvaneció solo diez días después, cuando Santiago Abascal aseguró en una entrevista en la COPE que su formación aceptaría la Presidencia de la Asamblea de Madrid. “Teniendo en cuenta que Vox no ha pedido nada a cambio, sí pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad”, añadió.
Esa declaración de intenciones de Abascal pilló a Ayuso en una entrevista en directo en Antena 3, desde donde aseguró que quizás sería “demasiado” que Vox presidiera la Asamblea de Madrid ya que “solo tiene 13 de 136 diputados”. La candidata del PP prometió a renglón seguido que sería “humilde y generosa”, a la vez que pedía discreción a los que serán sus socios de Gobierno: “Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma [en referencia a la Asamblea regional]”, advirtió la dirigente del PP. Dicho y hecho. Desde entonces, el silencio ha reinado en las filas de Vox.
Las palabras de Abascal cayeron como un jarro de agua fría en la Puerta del Sol, reconocen fuentes populares, pero sirvieron para que diez días después de los comicios se descolgaran los teléfonos entre las formaciones que están obligadas a entenderse durante esta legislatura que terminará en 2023. Ya con Ciudadanos fuera de la Asamblea, las relaciones entre PP y Vox son “más fáciles de llevar”, dice un dirigente de la formación de ultraderecha a esta redacción. Desde ese 14 de mayo, las reuniones y las conversaciones se han sucedido entre ambas formaciones, sin que haya transcendido apenas información sobre los términos de un posible acuerdo.
En Vox, el silencio es absoluto. Monasterio ha desaparecido del foco mediático y hasta declinó hacer declaraciones ante la prensa el día que fue a recoger el acta de diputada a la Asamblea de Madrid la pasada semana. Por parte del PP, se han limitado a asegurar que van a garantizar un puesto en la Mesa para la formación pese a que apenas tiene 13 diputados, una fórmula que ya utilizaron los populares junto con Ciudadanos en 2019 para asegurarse el apoyo posterior a la investidura de Ayuso. “Voy a buscar la manera de que tengan un puesto en la Mesa porque creo que eso es de ley porque nos vamos a tener que entender en algunas ocasiones”, dijo la presidenta regional el pasado 21 de mayo, ocho días después de que Abascal lanzara el órdago para encarecer su apoyo que, en un principio, iba a ser sin condiciones.
Otro de los aspectos que han trascendido de las negociaciones entre los populares y la formación de extrema derecha es el intento de control de Telemadrid. El Gobierno regional estudia ya un cambio en la ley reguladora de la Radio Televisión de Madrid que permita destituir a la actual dirección de la cadena pública, con José Pablo López a la cabeza. Ayuso ha mostrado en numerosas ocasiones su disconformidad con la línea editorial de la cadena pública hasta el punto de quejarse del trato que recibe como presidenta, a pesar de que la televisión ha mejorado sus datos de audiencia tras años hundida.
Los términos de la modificación legal aún están por definirse, pero es una de las cartas que Ayuso ha puesto sobre la mesa en su negociación de su investidura con Vox, después de que la formación de extrema derecha haya abogado en numerosas ocasiones por subastar o cerrar el ente público. Hasta ahora, era Ciudadanos el que impedía cualquier intento de control en la cadena. Pero con la salida de la formación de la Asamblea, y la amplia mayoría que suman PP y Vox ñ, ha sido una de las primeras cuestiones que Ayuso se ha puesto a revisar.
Los presupuestos son otra de las cuestiones que ambas formaciones ya trabajan en secreto desde hace un par de semanas. Ayuso aseguró pocos días después de las elecciones que renunciaba a presentar cuentas este año. La candidata popular alegó “falta de tiempo” a estas alturas del año y señaló que se centraría en los de 2022. La letra pequeña de ese acuerdo ya se está negociando, según ha podido saber este diario y hay voces que aseguran que ambas formaciones se plantean presentar un proyecto en julio para la aprobación de unas cuentas este año.
El próximo martes se constituye la Asamblea regional. Será la primera prueba que sirva para testar hasta qué punto las formaciones conservadoras se han entendido. La siguiente cita llegará solo nueve días después. Ayuso quiere que el debate de investidura sea el 17 y 18 de junio. Una fecha clave para conocer hasta qué punto llega el acuerdo del PP con la extrema derecha.