La revista científicaThe Lancet dedicaba su editorial del sábado a la marcha del coronavirus en nuestro país. España es uno de los estados más golpeados por la pandemia en la primera ola y ahora también en la segunda. Y en el epicentro está Madrid al igual que pasó en primavera. La conclusión principal de la publicación británica es que “cuando se levantó el confinamiento nacional en junio, algunas autoridades regionales fueron demasiado rápidas en reabrir y demasiado lentas en implementar un sistema eficiente de detección y rastreo de casos”. Define a la perfección lo que los expertos consideran ya que pasó en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso.
Hay dos cosas que la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva prometiendo desde mayo: un aumento de la plantilla de rastreo y el refuerzo de la Atención Primaria. Entonces, Ayuso batallaba por que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera el paso del confinamiento a la fase 1. La dirigente del PP lo hacía en contra del criterio de su ya exdirectora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que dimitió por estar en contra de que la región avanzase en la desescalada. Y el tiempo le ha dado la razón. Con Madrid de nuevo a la cabeza de los contagios en España y en Europa, los expertos empiezan poner el punto de mira en la desescalada que, dicen, se hizo de manera precipitada vistas las consecuencias posteriores.
Los expertos también ponen como motivo de que Madrid tenga la situación actual precisamente el incumplimiento de sus promesas en materia de rastreo y Atención Primaria. La presidenta madrileña, sin embargo, sigue defendiendo que ha sido Barajas la culpable de la expansión del virus, como expuso este viernes en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea para pedir más controles en el aeropuerto pese a que el organismo no dispone de competencias para ello.
La jefa del Ejecutivo madrileño llegó hasta los tribunales y presionó sin cuartel para que Madrid pasase a la fase 1. Finalmente lo logró el 25 de mayo en base a dos compromisos: que contrataría a más de 400 rastreadores y reforzaría de la Atención Primaria –muchos centros de salud se ven aún a día de hoy desbordados y otros no abrieron hasta este septiembre–.
En materia de refuerzo, la Comunidad de Madrid se comprometió a contratar a 650 profesionales. En Salud Pública, el departamento en el que se ubican los denominados rastreadores, que entonces tenía 175, llegar a los 400. Ninguna de las promesas se cumplieron a tiempo y a finales de julio se hizo pública la raquítica plantilla de rastreadores coincidiendo con el aumento de casos en la región.
A finales de julio, cuando los contagios volvían a subir en la región, se desveló la cifra real de rastreadores para esa fecha era de 182. Ayuso volvió a comprometerse entonces a subir esta plantilla hasta un equipo de 380 profesionales a principios de agosto. Tampoco lo logró y tras pedir voluntarios en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, sin éxito, finalmente recurrió a la privatización del servicio que se llevó la empresa sanitaria Quirón.
Con la Atención Primaria la situación fue similar. Los contratos llegaron a cuentagotas a los centros de salud. A finales de agosto los ambulatorios ya eran incapaces de hacer frente a la oleada de contagiados, ya que a la vez que atender a los enfermos realizaban en muchas ocasiones labores de rastreo que no les correspondía.
Ante la crítica situación, los sanitarios de la Atención Primaria convocaron el 10 de septiembre una huelga indefinida en los centros de salud que comenzaría el 28 de septiembre: “No podemos trabajar en estas condiciones”, recogía el escrito de los sindicatos. Cinco días después, la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Debate del Estado de la región prometió entonces una inversión de 80 millones de euros en tres años –había recibido 1.400 millones del fondo Covid del Gobierno regional–, que le sirvió para frenar la huelga de médicos.
Entre otras cosas, Ayuso se comprometió con los sanitarios que se contratarían en los próximos tres ejercicios 571 profesionales. De ellas 150 llegarían en el último trimestre 2020, es decir, ahora; 265 en el año 2021 y 156 en el año 2022. Quedaba patente de nuevo que los 650 profesionales que prometió para la Atención Primaria nunca llegaron. El argumento que la presidenta regional repitió hasta la saciedad en septiembre para justificar la falta de efectivos en los centros de salud fue que no había médicos para contratar ya en España, así como culpabilizar a los anteriores gobiernos regionales –del PP– de las condiciones laborales que se comprometió a mejorar.
El incumplimiento de estas promesas se ha producido mientras el Gobierno regional ha recibido ya más de 1.400 millones de euros del Ejecutivo central, un fondo no reembolsable.
Con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid enviaba este viernes una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedir más controles en los aeropuertos y en especial en el Adolfo Suárez Madrid Barajas, que Ayuso ha situado en el centro de su enfrentamiento con el Gobierno central. La dirigente del PP defiende en su misiva que “la incidencia de la pandemia en nuestra región fue baja hasta la reapertura de Barajas en julio y desde entonces ha ido aumentando lentamente hasta llegar a su pico en septiembre”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid obvia que el 21 de junio decayó el estado de alarma que hasta el 21 de junio estuvo vigente que se tradujo en un confinamiento estricto en la región desde marzo hasta finales de mayo. La propia Ayuso reconoce en su escrito que solo se han detectado a 159 positivos por PCR que hayan llegado por Barajas desde el 9 de mayo. Desde la Consejería de Sanidad calculan que pueden haber entrado desde esa fecha unos 700 contando a asintomáticos. Solo en el mes de septiembre, la autonomía sumaba cada día más de 3.000 personas contagiadas.
The Lancet se pregunta en su publicación del sábado si lo que se está viviendo aquí con la pandemia era una “tormenta predecible”. “La enfermedad ha amplificado algunas de las debilidades del sistema de salud y revelado las complejidades políticas que conforman el país”, dice el artículo.
Julio y agosto fueron meses perdidos para que Madrid reforzara su red de rastreo algo que los epidemiólogos pusieron como el centro de la estrategia de los gobiernos para contener el virus. La asociación madrileña en Salud Pública calculó a finales de julio que en Madrid, con una población de más se seis millones de habitantes, eran necesarios entre 1.200 y 1.700 personas realizando esta labor. A 15 de octubre, Madrid cuenta con 1.100, según los últimos datos facilitados el pasado miércoles por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, a pesar de la promesa de la presidenta hace un mes durante el Debate del Estado de la región de llegar a los 1.500 rastreadores para principios de octubre.
Madrid tiene una ratio de 8,4 rastreadores por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del país, en contraste con los 20,5 de Cataluña, los 20,9 de Castilla-La Mancha o los 25,8 de Castilla y León. A pesar de ser de las más golpeadas y contar con un déficit de rastreadores, fue de las que menos solicitó de los que el Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas casi 2.800 rastreadores del Ejército. Madrid sólo solicitó 150 rastreadores, frente a los 180 que pidió Galicia, los 245 de Castilla y León y los 360 que reclamó Andalucía. Sin embargo, no es por que no los necesite.
Otra de las recientes promesas de la presidenta regional era la de hacer tests de antígenos a un millón de personas que viven en las 37 zonas básicas de salud que Ayuso decidió cerrar perimetralmente el 18 de septiembre. A día de hoy solo ha realizado 28.941 pruebas, si bien los expertos desaconsejan ese tipo de cribados masivos que la presidenta de la Comunidad de Madrid realiza desde agosto sin demasiado éxito.
A esas promesas incumplidas pueden sumarse más: que se harían PCR a todos los compañeros de clase los alumnos que dieran positivos por Covid-19. Que se ampliaría la plantilla a 11.000 profesores (se han contratado en torno a 9.000) o que se comprarían miles de equipos tecnológicos para las aulas. Son promesas de la presidenta madrileña que se llevan titulares en todos los periódicos nacionales, pero que cuando se hace balance, nunca llegan.
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