La gestión de las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus puede suponer la ruptura definitiva del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. La filtración de un correo electrónico enviado por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, alertando del protocolo que impedía el traslado de los ancianos de las residencias a los hospitales evidencia cómo las relaciones entre PP y Ciudadanos han saltado por los aires en la gestión de la crisis.
La aparición del correo también supone un sálvese quien pueda ahora que las dificultades no solo se quedan en el plano político. La orden de no trasladar a los ancianos a los hospitales puede disparar el inicio de una investigación judicial impulsada por familiares y asociaciones que piden responsabilidades penales para Ayuso por la gestión de los geriátricos y que ya está en la mesa del Tribunal Supremo.
Mientras, las constantes tensiones en el seno del Gobierno regional han avivado el debate sobre un posible adelanto electoral ahora que el PP de Madrid crece en algunas encuestas que hunden a Ciudadanos. Aunque en Génova también existe el miedo de que su socio de Gobierno decida unirse al PSOE en una moción de censura que sería apoyada por Más Madrid y también probablemente por Unidas Podemos. Los reproches, las discrepancias y la falta de confianza han sido una constante en el Ejecutivo regional desde el primer día. Pero los últimos acontecimientos abren una disputa sin precedentes que profundiza las grietas internas en la coalición.
Las residencias madrileñas, foco letal
La crisis ha colocado el modelo de residencias en el ojo del huracán. Los geriátricos madrileños han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia.
A la situación previa, muy comprometida, se han superpuesto decisiones muy cuestionadas: el bloqueo al traslado de mayores a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaron a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios; movimientos “caóticos” de personas positivas entre residencias, un modelo de “intervención” de los centros más colapsados consistente en visitas de un funcionario sin apoyo sanitario y falta de material y pruebas para trabajadoras y residentes.
6.007 ancianos han muerto en las residencias de Madrid con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde que estallara la crisis sanitaria, según la última cifra ofrecida por la Consejería de Sanidad este martes. Todos fallecieron en la cama de los centros en los que residían –los datos no incluyen los que perecieron en los hospitales–. Durante el grueso de la crisis, los familiares y los propios centros ya denunciaron que se estaba denegando el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales.
Entonces, todavía no había trascendido a la opinión pública el protocolo, publicado por Infolibre, que Sanidad remitió a las residencias en el que ordenaba que se restringiesen los traslados de determinados pacientes de residencias a los centros hospitalarios.
Pero las órdenes en realidad no se limitó solo a las residencias, como desveló recientemente eldiario.es. Durante la fase aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid también estableció criterios para que los médicos de Atención Primaria designaran qué pacientes de COVID-19 podían y no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo (el los mismos días del protocolo sobre las derivaciones de las residencias), recomendaba dejar fuera a pacientes con “compromiso respiratorio” si tenían más de 80 años y “enfermedad en órgano terminal”, aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con “expectativa de vida inferior a un año”.
Tres días de reproches y contradicciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró este miércoles que el protocolo enviado a hospitales y residencias se trataba de un borrador que nunca llegó a los centros. Mentía. Ayuso daba estas explicaciones después de que un día antes su consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos) tachara de “inmoral” y probablemente “ilegal” esta orden que ha abierto un boquete en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Lo que Ayuso dijo hace tan solo unos días que era un “borrador” tenía la firma del entonces director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur. El documento que recomendó no derivar a los hospitales a los ancianos infectados por coronavirus lleva la firma digital de Mur, cesado por la presidenta madrileña el 13 de mayo.
El consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, confirmó el martes las informaciones publicadas por la prensa sobre esos protocolos establecidos al inicio de la pandemia desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. “No es ético y posiblemente tampoco sea legal”, dijo Reyero sobre las decisiones del departamento de Sanidad, que gestiona el PP. El consejero se manifestó “radicalmente en contra” de imponer “unos niveles de exclusión” con base a la dependencia o discapacidad del enfermo, más allá de los “criterios clínicos”, que deben imperar en la valoración de cada caso concreto.
El consejero de Ciudadanos desveló también durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid que se había dirigido por escrito en tres ocasiones (el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril) al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para manifestarle su desacuerdo con lo que decían esos protocolos. Reyero aseguró en comisión que ya entonces le había planteado que “si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización de las residencias”.
Una de esas comunicaciones la publicaba este viernes El País. Un correo electrónico fechado el 22 de marzo en el que Reyero advertía de la posibilidad de que muchos mayores falleciesen “en unas condiciones indignas” en las residencias durante la pandemia de coronavirus. El consejero de Ciudadanos también alertaba en su misiva a Ruiz Escudero de que podría incurrirse “en una discriminación de graves consecuencias legales” si en los protocolos se recogía negar el auxilio a personas con discapacidad de cualquier edad. No obtuvo respuesta por parte del consejero de Sanidad, del Partido Popular.
Esta filtración se producía tras otra del departamento de Sanidad a El Mundo que refleja que el papel fue fabricado por Sanidad, pero también lo distribuyó por Políticas Sociales. El cruce de acusaciones ha desatado la guerra entre ambos consejeros.
Escudero habló este viernes de “traición” y acusó a Reyero de “fariseísmo político” por hacer público un correo electrónico que nunca respondió. “Podría haber llamado por teléfono, es todo bastante más sencillo y no entiendo a qué responde el estar con este tipo de filtraciones de cuestiones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo gobierno, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, y me parece una actitud de un fariseísmo político la verdad que sorprendente”.
Pero el jueves tampoco había sido bueno para Escudero. El consejero de Sanidad admitía en la Asamblea de Madrid que los protocolos llegaron a los centros, aunque dijo que por “error”. “El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación era un borrador de los hasta seis borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios”, dijo. La nueva versión de Escudero contradecía la ofrecida por Ayuso un día antes cuando aseguró que aunque se estudió “no se llevó a ningún lugar”.
El consejero de Políticas Sociales, sin embargo, ponía este viernes en duda que se tratase de un borrador y defendía que fue un protocolo que estuvo en vigor. “¿Un borrador es un documento que está firmado digitalmente y que se pide que se distribuya a las residencias y hospitales? Para mí eso no es un borrador”, decía Reyero en una entrevista en la Sexta. “Esos protocolos decían cosas que no son adecuadas, que van en contra de lo que dice la Constitución española”, insistía Reyero.
Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida pedirán la reprobación del consejero de Sanidad en el Pleno regional. “Tenemos versiones contradictorias y si el Gobierno no rectifica o no sale a dar explicaciones no descartamos pedir la reprobación del consejero de Sanidad”, aseguraba el diputado de Más Madrid, Pablo Perpinyà en declaraciones a los periodistas tras la reunión que mantuvo con el Ejecutivo autonómico para abordar un pacto de reconstrucción en la región. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, confirmaba que su grupo la registrará este lunes. Esta petición se suma a la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que esclarezca lo sucedido en las residencias.
Paralelamente, en el plano judicial, el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha remitido al Tribunal Supremo la querella presentada por familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la pandemia en estos centros. Ayuso goza de aforamiento por su condición de presidenta autonómica. Por eso es el Supremo el tribunal que debe ver la causa.
Las semanas más críticas
La primera voz de alarma estalló el 17 de marzo. La Comunidad de Madrid confirmó ese día el fallecimiento en solo cuatro días de 17 personas mayores de la residencia Montehermoso. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentaba al primer geriátrico fuera de control por un brote. Ese mismo día, Ayuso concedía una entrevista en Telecinco en la que afirmó no tener conocimiento de lo que allí había ocurrido. Era falso. Solo un día antes había recibido un correo de la residencia pidiendo auxilio. Y era el segundo email que enviaba el geriátrico Montehermoso al Gobierno regional; el primero había sido dirigido a la Consejería de Sanidad. Este episodio, desvelado por eldiario.es, es el primer capítulo del gran agujero de gestión de la Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus.
En ese correo, el representante de la residencia ya alertaba de que los traslados de residentes a hospitales se estaban denegando. “Los residentes con sintomatología, algunos de gravedad, no han podido ser derivados al hospital porque, a pesar de que se ha requerido su traslado no han llegado los servicios sanitarios”, lamentaba el centro en su comunicación enviada al correo electrónico de la presidenta. No obtuvo respuesta.
La Comunidad de Madrid había anunciado cinco días antes, el 12 de marzo, dentro de su estrategia sanitaria para combatir la epidemia, que las residencias se convertirían en “centros medicalizados”. “Vamos a tener cinco recursos asistenciales: las UCI, los hospitales, las residencias de mayores medicalizadas, los hoteles medicalizados y los domicilios”, fueron las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Los ancianos serían atendidos en las residencias. Pero esta promesa nunca llegó.
La Consejería de Políticas Sociales denunció a los pocos días el abandono al que estaban sometidas las residencias por parte de Sanidad, cuya gestión compete al PP. El primer choque público entre Ayuso y Reyero llegaba el 21 de marzo, cuando el segundo pidió ayuda al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al Ejército para intervenir los geriátricos. La presidenta regional desautorizó a su consejero y desmintió que esa ayuda fuera necesaria. La Unidad Militar de Emergencias acabó entrando y destapó la situación en la que se encontraban estos centros.
Cinco días después, Ayuso decidía retirar las competencias de las residencias a Ciudadanos el 26 de marzo “descontenta” con la gestión de su socio de gobierno, aseguraron fuentes del entorno de la presidenta regional. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos a esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios y de ayuda para estos centros.
Ahora sabemos que en esos días, entre la petición de auxilio y la retirada de las competencias, la Consejería de Sanidad ultimaba un protocolo que bloquearía el traslado de ancianos a los hospitales. Sanidad envió a hospitales y residencias esta orden firmada por el ya cesado director de coordinación socio sanitaria Carlos Mur los días 18 y 20 de marzo. Después llegaban los correos del consejero de Políticas Sociales al de Sanidad.
Los encontronazos no cesaron. Las dos alas del Gobierno siempre discreparon sobre lo que implica la medicalización de las residencias, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis. Ayuso afirmó el 17 de marzo que lo estaban en su totalidad. La presidenta regional mentía (otra vez). Pero esta ayuda asistencial no terminaba de llegar pese a que la dirigente del PP insistía en ello. “Una residencia medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más”, defendió el consejero de Políticas Sociales en el Pleno regional. “No podemos decir que las residencias están medicalizadas porque hoy por hoy no es así”, aseguraba después Aguado en una entrevista en eldiario.es. Varios ayuntamientos llevaron a la Comunidad de Madrid a los tribunales y diferentes jueces obligaron al Gobierno regional a proveer a las residencias de los servicios sanitarios necesarios.
El caos de gestión y los rifirrafes dentro de la coalición llevaron a la presidenta a hablar de ceses en su Ejecutivo si se demostraban errores en la gestión de las residencias. Pero su socio de coalición, Ignacio Aguado, le paró de inmediato los pies y le recordó que no tiene capacidad para destituir a un consejero de Ciudadanos según el acuerdo que firmaron y que la hizo presidenta.
Durante esas semanas críticas en las que la pandemia golpeaba las residencias de mayores, Ayuso nunca quiso admitir que la sanidad madrileña había colapsado –tampoco lo hace ahora–. Y mientras su Consejería de Sanidad enviaba los protocolos a los geriátricos y los hospitales que impedían el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales, la presidenta madrileña concedió varias entrevistas en las que tachó de “bulo” las informaciones que apuntaban a una saturación sin precedentes del sistema sanitario. La dirigente del PP llegó a afirmar en el Financial Times el 24 de marzo que Madrid ya estaba preparada para enviar ayuda a otros territorios.
Las numerosas contradicciones y mentiras de la presidenta regional durante los dos meses y medio de pandemia la ponen frente al espejo. Ayuso se enfrenta ahora a los tribunales con numerosos querellas y denuncias contra su gestión, en un gobierno en el que los desplantes y la división son cada vez más profundos y el ambiente más irrespirable.