Ocho años después de la polémica venta de 1.806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros perpetrada durante el mandato de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, los responsables directos de aquella operación se sientan en el banquillo este martes, en un juicio que se alargará hasta finales de mes. En el proceso penal impulsado por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y por la Asociación de Afectados por la venta, Botella y el núcleo duro del Gobierno municipal que autorizaron la venta no serán juzgados. Los únicos acusados son Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda –sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone–.
La vía penal por esta venta desemboca en el juicio oral ahora, pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada, aunque probablemente desfilará como testigo en la vista que se celebrará el 12 de noviembre. El proceso se ha encontrado con varios escollos desde su puesta en marcha hasta el punto de que en un primer momento fue archivado por el magistrado instructor, pero la Audiencia Provincial ordenó en 2019, lo hacía por segunda vez, que diera por concluida la investigación y pasase a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa. Tampoco su equipo más cercano, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.
Ahora, el proceso no empieza con buenas noticias para los afectados, que ejercen en el juicio como acusación particular. La Fiscalía de Madrid emitía este viernes su escrito en el que solicitaba la absolución de los acusados. El organismo señala en su escrito que “el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas” en la ley que “permitía la enajenación por sus titulares –el Ayuntamiento de Madrid– de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda”.
Por tanto, entiende, se siguieron “en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público”. La Fiscalía también apunta a que “el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
La acusación pide cárcel
En contrapunto, la asociación de afectados solicita para los encausados ocho años de cárcel por fraude y por malversación de caudales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.
La presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS, Atantxa Mejías, asegura que “la esperanza es lo último que se pierde” tras conocer el escrito de la Fiscalía. “Quiero pensar que existe algo de justicia en este país, aunque la fiscalía se ponga del lado de los acusados y no de las víctimas”, dice en declaraciones a elDiario.es.
Desde el PSOE, también personado en la causa, la portavoz socialista en el grupo municipal, Mar Espinar, recuerda que la Fiscalía también se pronunció en esta línea en la fase de instrucción “y al final la Audiencia Provincial obligó al juzgado a reabrir el caso”. “Fruto de ello hoy hay señalado juicio oral por cuatro supuestos delitos, hay que esperar”, se muestra optimista Espinar en conversación con esta redacción.
“No es que fuera una inmoralidad, es que ha sido una ilegalidad lo que hizo un gobierno del PP con Ana Botella a la cabeza”, asegura la portavoz municipal. “No se puede expoliar el patrimonio publico, mucho menos el patrimonio público dedicado a fin social y desde el PSOE confiamos plenamente en que la justicia haga justicia y no permita que actos de vandalismo político como el de la venta de vivienda publica social a fondos buitre se vuelva a repetir. Por eso llevamos ocho años sin movernos ni un milímetro de nuestra posición”, defiende Espinar.
Condena y absolución en el Tribunal de Cuentas
Además del ámbito penal, el caso tuvo una vertiente administrativa que investigó el Tribunal de Cuentas y que aunque acabó en un principio en una condena contra a Botella y siete altos cargos de su gobierno, luego terminó en absolución. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero después la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.
La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
Sin embargo, la siguiente resolución del Tribunal de Cuentas consideró que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado” y concluyó que en 2012 la EMVS “enfrentaba una situación crítica” y que no debían olvidarse “cuáles eran las condiciones generales del mercado”, tras el “desplome” del mercado financiero que se mostraba también “reacio” a refinanciar créditos inmobiliarios.
El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos efectuados años después por el propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo subieron un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión años después, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).
La llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía de Madrid supuso que Ana Botella se librara por completo de cualquier responsabilidad penal y contable pese a haber organizado desde el Ayuntamiento de Madrid la operación de venta de las 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno. Pero su papel en esa controvertida operación quedó impune por el actual Gobierno que cerró la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.
Conversaciones entre afectados y fondo buitre
Los últimos meses antes de la celebración del juicio que arranca este martes, los afectados por la venta de viviendas y el fondo de inversión han mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo amistoso que garantice las viviendas a los inquilinos. El pacto no ha sido posible, explica Mejías a este diario. “Ambas partes estamos en puntos de vista y sensibilidades diferentes”, asegura.
Desde el PSOE tienen como objetivo la reversión de la venta, aunque eso no es lo que se esgrime en el proceso penal abierto. Tanto Mar Espinar como Arantxa Mejías esperan el pronunciamiento del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid como principal afectado en la enajenación de vivienda pública. “Lo que está claro es que lo que se hizo no es legal ni ético, ya que estamos viendo que todas las leyes se están haciendo en la dirección de que nunca más aquello que se hizo, vender vivienda pública, pueda repetirse”, lamenta la presidenta de la asociación de afectados. Lo que se determine en este juicio, puede condicionar futuros pasos en la lucha de los inquilinos y las fuerzas políticas.