Los currículos educativos que cada año se imparten a miles de estudiantes en toda España se componen de una parte estatal y otra autonómica. Que Madrid se ha inmiscuido en el 60% que corresponde al Ministerio de Educación no es un secreto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha repetido en varias ocasiones, en plena guerra abierta con Pedro Sánchez contra la Lomloe, que eliminaría aquellos conceptos con “carga ideológica”. Pero la oposición no ha llegado a Sol desde La Moncloa. Han sido los propios abogados de la Comunidad quienes han pedido explicaciones a la Consejería de Educación.
El consejero de Presidencia de Ayuso, Enrique López, que el pasado miércoles hizo las veces de portavoz del Ejecutivo autonómico, anunció tras el Consejo de Gobierno la publicación de los decretos para los currículos de las etapas de secundaria y bachillerato. Al hacerlo, insistió en la misma idea: “Se reducen y sustituyen, como ya ha adelantado en muchas ocasiones el vicepresidente y consejero de Educación [Enrique Ossorio], por sinónimos, conceptos repletos de carga ideológica”.
Pero la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ya había dado la voz de alarma sobre estos cambios y omisiones en un informe elaborado a petición de la propia consejería de Educación sobre el 'Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria'. En él, los letrados realizan un exhaustivo análisis de la norma que define qué se estudiará el próximo curso en esa etapa educativa y detallan las alteraciones respecto al reglamento básico que ha incorporado en el texto la consejería de Educación.
El consejero del ramo y vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha defendido en varias ocasiones suprimir aquellos contenidos que vienen desde el Ministerio y que el Ejecutivo madrileño considera que tienen una “carga ideológica”. En el caso del currículo de secundaria, los abogados de la Comunidad han contabilizado hasta 35 modificaciones u omisiones de la norma estatal, que reclaman a la consejería de Educación que justifique.
Estos cambios, que recogen los abogados adscritos a la consejería de Presidencia, de la que es titular el propio López, tienen que ver, principalmente, con contenidos relacionados con la perspectiva de género, la no discriminación, la participación social, la colaboración, el voluntariado, la sostenibilidad, el autocuidado o la identificación de conductas racistas, xenófobas o LGTBIfóbicas.
“Lo que se trata es de eliminar esos conceptos, tales como ecofeminismo resiliente, etcétera, que en sí mismos son lo que son, pero lo que tenemos que estudiar son conceptos que ya existen. Existen conceptos básicos en la Constitución. El derecho de igualdad es un derecho básico en nuestra constitución y así hay que explicarlo”, indicó el consejero, que reclamó no acudir “a palabras llenas de carga ideológica que tanto les gustan a la izquierda radical y radicalizada que tenemos en España”. En el informe de la Abogacía General no figura que la Comunidad haya eliminado de ningún apartado del currículo estatal el término “ecofeminismo resiliente”, pese a que es el que los consejeros suelen poner como ejemplo y con el que la presidenta Ayuso hace mofa habitual en sus intervenciones públicas.
En el informe, de medio centenar de páginas y publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General reclama a la consejería de Educación que justifique estos cambios, que ha llevado a cabo en los temarios de secundaria. “En otro caso, no ajustarse al tenor de la norma básica implicaría que nos encontrásemos ante consideraciones de carácter esencial”, indica el texto. Estas “consideraciones de carácter esencial” son las más sensibles en este tipo de textos porque vienen a señalar que el decreto podría ser recurrido ante la Justicia si no se tienen en cuenta.
Preguntada por esta redacción el día anterior a la publicación definitiva de los textos, la Consejería de Educación señala que “la Comunidad de Madrid, a la hora de elaborar sus Decretos, siempre tiene en cuenta los informes de todas las partes, incluyendo los de la Abogacía General”. “En función de sus requerimientos se realizan las justificaciones y los ajustes necesarios y el proyecto se publicará cuando así sea”, añaden fuentes autorizadas de la Consejería. Por el momento, este departamento no ha aclarado cuáles han sido estas justificaciones ni qué ajustes ha realizado para su publicación.
Una docena de asignaturas
En total, los cambios que han registrado los letrados afectan a una docena de asignaturas. Desde biología y geología hasta digitalización. Pasando por física y química, educación física, educación plástica y visual y audiovisual, geografía e historia, latín, lengua castellana y literatura y lengua extranjera, entre otras.
En el caso de biología y geología, por ejemplo, la norma estatal recoge que una de las competencias específicas es “cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto científico para trabajar con mayor eficiencia, valorando la importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión”. En su transposición al proyecto del decreto, el ejecutivo de Ayuso ha tajado la parte relativa al respeto a la diversidad, la igualdad de género y la inclusión.
En el caso de la asignatura de digitalización, la Consejería de Educación ha suprimido la importancia de respetar “los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso posibilitando su aprendizaje permanente” y el apartado 'Activismo en línea: plataformas de iniciativa ciudadana, cibervoluntariado y comunidades de hardwate y software libres'.
En educación física, entre otras cuestión, la Abogacía General recogía que el texto que la Comunidad de Madrid quería publicar suprimía el apartado 'Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado'.
Son solo algunos ejemplos, pero hay más. En educación plástica, visual y audiovisual reclama que una de las competencias “debe completarse”, según el Real Decreto 217/2022, con competencias en “un manejo correcto de las diferentes herramientas y técnicas de expresión, que debe partir de una intencionalidad previa a la realización de la producción, ayuda en el desarrollo de la autorreflexión y la autoconfianza, aspectos muy importantes en la competencia que parte de una producción inicial, por tanto, intuitiva y que prioriza la expresividad”.
En lengua extranjera, los letrados de la Comunidad han detectado que la Consejería omitía “la comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos”, así como los valores ecosociales. En tecnología, se omiten las “comunidades abiertas, voluntariado tecnológico y proyectos de servicio a la comunidad”, para el curso de cuarto de la ESO.
Con todo, la Abogacía General considera que “al margen de lo indicado, la apreciación de cualquier posible ajuste o desajuste es una cuestión técnica, que excede lo estrictamente jurídico, por lo que hubiera sido muy conveniente que hubiera mediado un pronunciamiento del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en su condición de órgano superior de consulta en la programación de la Enseñanza”. “Sin embargo, en el presente supuesto, el Informe de su Comisión Permanente no contiene pronunciamiento expreso sobre tal extremo”, continúa.
La secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, Isabel Galvín, señala que el texto de los decretos de primaria e infantil que ya ha publicado la Comunidad de Madrid hace unos días “no coincide” con el que se presentó hace unos meses ante el Consejo Escolar. En el caso del de secundaria, que es al que se refiere ahora la Abogacía General, sospecha que va a ocurrir lo mismo, por lo que están analizando los textos. “Estamos trabajando para ver si los cambios son sustanciales, esenciales y si el paso por el Consejo Escolar no sirve para nada”, explica a esta redacción. En ese caso, se plantean acudir a los tribunales.
El informe de los letrados de la Comunidad recoge también la justificación de la Consejería, contenida en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN). En ella, argumenta que “en la distribución y complementación de contenidos se han tenido en cuenta tanto la coherencia vertical de los mismos, es decir, su relación secuencial dentro de la misma disciplina, como la coherencia horizontal, es decir, su relación con los contenidos impartidos en otras materias”. Además, apunta que “se ha observado que existen contenidos que se repiten en las enseñanzas mínimas en varios cursos y materias” por lo que se ha tratado de evitar “duplicidades”.
Estas explicaciones no son suficiente para la Abogacía General. “En en cualquier caso, se requeriría una justificación de los desajustes existentes, como los puestos de manifiesto, a título de ejemplo, en el presente informe para el supuesto de que las competencias y contenidos omitidos formasen parte de algún otro apartado del currículo. En otro caso, no ajustarse al tenor de la norma básica implicaría que nos encontrásemos ante consideraciones de carácter esencial”, reclaman.
Con todo, la Abogacía informa “favorablemente” del proyecto de decreto, “sin perjuicio del cumplimiento de las consideraciones esenciales consignadas” y “la atención de las no esenciales”.