La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Supremo el currículo de Bachillerato de la Lomloe. También pedirá su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso, hecho que podría alargarse un año. Lo hace Madrid porque el currículo se ha “vaciado de contenido” y está “cargado de ideología” el decreto aprobado por el Gobierno central, ha explicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado de “ingeniería social” y ha sostenido que todo “forma parte de un rediseño de la España entera”.
“El Gobierno busca transformar la sociedad y hacerla a su medida. Esta reforma educativa no puede ejecutarse sin un gran debate nacional, sereno, plural, transparente y abierto y donde participen todas las fuerzas cívicas, políticas y culturales”, ha afirmado obviando que las leyes pasan por exposición pública y se debaten en el Parlamento antes de ser aprobadas.
“Están volando los puentes entre pasado, presente y futuro. Las nuevas generaciones no sabrán quiénes son, de dónde vienen y las deja en un limbo sin futuro. Se les está instrumentalizando ante un presente de crisis, de droga, de adicciones y ante un futuro que está por hacer; esto forma parte de un rediseño de España entera”, ha defendido Ayuso.
Ayuso da así otra vuelta de tuerca en su enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez con el sector educativo como campo de batalla. En los últimos cuatro meses, Madrid ha aprobado una ley dirigida a blindar la escuela concertada y contra la Lomloe, ha aprobado normas para entorpecer la implantación de la ley Celaá y ha amenazado con revisar (y censurar, si es necesario) libros de texto por adoctrinar.
Ahora suma este recurso ante el TS, que por el momento es un anuncio. A la presidenta regional no le ha ido tan bien con la Justicia recientemente. En las últimas dos semanas acumula dos derrotas (temporales) con sus propia normativa: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente un decreto sobre currículos y una instrucción que pedía a los centros que no aplicaran los ámbitos (unir asignaturas en clase), como plantea la Lomloe, en ambos casos por invadir competencias estatales.
El Gobierno regional rechaza que esté en guerra abierta con el central, como prueba, han explicado en rueda de prensa, que solo hayan recurrido el currículo de Bachillerato y no los de Primaria o la ESO. “Nuestra intención no era judicializarlo”, ha comentado Ayuso, “pero al conocer los borradores de los libros de texto nos vemos obligados”.
Ayuso ha acusado al Gobierno de hurtar el debate educativo y haber aprobado el decreto “en mitad de una pandemia” –el hecho es estrictamente cierto, había pandemia cuando se gestó– y “sin consenso”. La Lomloe, madre de estos textos, se aprobó en el Congreso con el apoyo de seis partidos, cinco más que los que dieron el sí a la única ley educativa que ha aprobado el PP.
La medida parece haber sido tomada de manera unilateral desde la Puerta del Sol sin contar con Génova, según de desprende de las palabras de Ayuso, que ante preguntas de la prensa ha tratado de explicar que se la ha comunicado a Alberto Núñez Feijóo, pero ni se ha pedido permiso ni se ha recibido. Tampoco otras comunidades gobernadas por el PP han anunciado que vayan a sumarse a esta iniciativa madrileña, según ha deslizado la popular, que ha reivindicado también su autonomía. Fuentes de Génova han explicado después que la iniciativa madrileña tiene su apoyo total.
El recurso anunciado no altera los planes del gobierno madrileño respecto a la revisión previa de los libros de texto, según han anunciado los mandatarios en la rueda de prensa esta mañana. “El servicio de Inspección Educativa madrileño revisará los nuevos libros de textos a través de un plan especial, ya que su supervisión y la de otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas, que deben velar por el respeto a los principios y valores de la Constitución y lo dispuesto en la ley”, ha anunciado la Comunidad a través de una nota de prensa.
Al respecto, ha comunicado Ossorio, el Gobierno regional mantendrá hoy un encuentro con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) para trasladar a los editores de libros de texto educativos su preocupación por los ejemplares que entrarán en vigor el próximo curso escolar 2022/23“.