El Ayuntamiento de Madrid decidió este miércoles, por sorpresa y a última hora, renovar por un año una concesión municipal que ya suma 51 inviernos y que data de los tiempos en los que Franco estaba vivo. Se trata de la que sirve para explotar de forma privada un aparcamiento municipal con 481 plazas y dos edificios que suman 10.419 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales. Están en la plaza Soledad Torres Acosta, a escasos 100 metros de Callao.
La sorpresa vino porque esta decisión del área de Movilidad que dirige Borja Carabante la esperaban pocas personas, después de que el PP hubiera votado a favor, hace solo dos semanas, de una proposición que Más Madrid había llevado a la Junta de Centro para apoyar el fin de la concesión. Hasta el concejal de este distrito, compañero en Cibeles de Carabante, defendió la medida para conseguir “más dotaciones” para los vecinos.
Lo de la última hora fue porque la confirmación de que había prórroga para esta concesión franquista llegó a este periódico cuando eran las once de la noche del miércoles, a una hora de que expirara el contrato de la empresa SAMA -gestora del aparcamiento- con el Ayuntamiento de Madrid.
El equipo que lidera José Luis Martínez-Almeida decide así regalar un año más dos enormes edificios de oficinas en el corazón de Madrid mientras mantiene a parte de sus funcionarios en inmuebles alquilados, por los que paga algo más de 18 millones de euros cada año. A la vez, por los edificios de la conocida como plaza Luna recibe un canon de 4.597,56 euros anuales, 383 euros al mes, según los documentos relativos al año 2021 a los que tuvo acceso Somos Malasaña.
La decisión fue calificada rápidamente de “estafa” por parte de Más Madrid. “Los edificios son propiedad de todos los madrileños, pero Almeida ha preferido no recuperarlos para implantar oficinas y equipamientos públicos, mientras el Ayuntamiento sigue pagando alquileres”, lamentaba Rita Maestre este jueves. Mientras, el consistorio guardaba silencio sobre las razones de esta prórroga y solo apuntaba que podría extenderse dos meses y no el año completo.
Carabante, el que más gasta en alquileres
El concejal de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, que ha tomado por segunda vez la decisión de prorrogar esta concesión (ya había hecho lo mismo el año pasado) preside las áreas municipales que más dinero gastan en alquileres privados cada año. Su enorme edificio de oficinas en Bustamante 16, en Arganzuela, es el recibo más alto que abona el Ayuntamiento de Madrid. Y el segundo más caro es el de Ribera del Sena 21, junto a Ifema.
En total, ambos inmuebles suman más de 14 millones de euros al año de los 18 que el consistorio planea gastar a lo largo del año 2024, a tenor de su proyecto de presupuestos presentado hace unos días, a cuyo detalle de las partidas de gasto ha accedido este periódico. Por áreas, la partida más elevada es la de Medio Ambiente (7,1 millones), seguida de Vivienda y Urbanismo (5 millones).
Volviendo a los edificios de Luna, buena parte de sus más de 10.000 metros cuadrados operan actualmente como oficinas, que la concesionaria del aparcamiento explota a través de terceros, alquilando este espacio del centro de Madrid al mejor postor. Si el consistorio hubiera decidido recuperar allí la concesión y albergar a funcionarios, podría haber adelantado parte del traslado que tiene previsto ejecutar en el año 2026 hacia el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Arganzuela, su futura gran sede municipal.
El Ayuntamiento de Madrid tiene pensado trasladar allí a 2.500 funcionarios procedentes de sus sedes de Bustamante 16 y del área de Hacienda, cuando terminen las obras de las nuevas oficinas, que ocuparán unos 12.000 metros cuadrados y que presentó hace un mes el alcalde. El plan de llevar a los funcionarios hasta allí viene del gobierno de Manuela Carmena, que afrontó durante su mandato una importante política de reducción de alquileres.
Gracias a las resoluciones de contratos y la negociación para reducir los alquileres que pagaba el consistorio durante su etapa al frente de la alcaldía, se pasó de pagar 42,6 millones en 2015 a 19,4 millones al término de su mandato. Esta gestión conllevó un ahorro de 22,8 millones de euros para las arcas públicas.