La carretera que más le cuesta al Ayuntamiento de Madrid puede cambiar su modelo de gestión en breve. El área de Obras estudia qué hacer con la M-30, que actualmente funciona con un modelo público-privado para su conservación a través de la empresa Calle 30 y cuyo contrato permite cambios de calado en el año 2025.
La delegada de Obras ha confirmado este miércoles en comisión que el consistorio se plantea “un posible cambio de modelo de gestión de un servicio público”, sin detallar todavía si este cambio se producirá a través de una municipalización total de Calle 30, comprando a las constructoras su parte de la empresa, o con otro modelo.
“Podría pasar a ser gestionado de alguna de las formas que prevé la normativa de régimen local”, explicaba la delegada, Paloma García Romero, en respuesta a una pregunta sobre el tema de Más Madrid. “Es posible la adopción de otros acuerdos al margen de la opción de compra”, aclaró sobre la posibilidad de que el consistorio adquiriera de nuevo la totalidad de la empresa, lo que podría suponer un importante ahorro a la larga para las arcas públicas. El área de Obras asegura que la decisión será tomada en base a los principios de “sostenibilidad y eficiencia”, con un acuerdo en el que haya voluntad de suscribirlo, tanto por parte de los grupos políticos como “de las empresas”.
“Queremos saber hasta dónde van a ir” le preguntaba la concejala de la oposición Mar Barberán. “Y por qué ahora y no antes”, añadía. “El Ayuntamiento está pagando hasta tres veces más de lo que ejecuta” por el mantenimiento de la vía, aseguraba la edil de Más Madrid.
Calle 30 fue creada en el año 2004 como empresa 100% municipal, pero al año siguiente se abrió la entrada al capital privado a través de un concurso que ganó Emesa, formada por la asociación de las constructoras Ferrovial y el grupo ACS. Desde entonces, gestionan el mantenimiento de la M-30 a través de un contrato que se extiende hasta el año 2040, pero que puede ser revisado en 2025.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en la pasada legislatura buscar la manera de revertir esta privatización, pero de momento no se conocen los detalles de cómo podrá efectuarse. Durante el mandato de Carmena Emesa fue sancionada en varias ocasiones por no ejecutar determinados trabajos de mantenimiento para los que había sido contratada.