Una patrulla de agentes de la Policía Municipal de Madrid impuso al menos dos multas a ciudadanos que repartían folletos convocando a la manifestación de este domingo en defensa de la sanidad pública. Una de ellas, que tuvo amplia difusión en redes sociales, fue emitida el viernes por la mañana en la avenida de Oporto, en el distrito de Carabanchel.
El Ayuntamiento de Madrid reconoce a preguntas de este periódico que las sanciones fueron “un error” ya que la Ordenanza de Publicidad Exterior, en la que se basaba la multa, no recoge en ningún apartado que esté prohibido dar difusión a este tipo de protestas ciudadanas.
Debido a esta circunstancia, los ciudadanos denunciados por este motivo no serán sancionados, añade el consistorio. Las multas “ni siquiera van a llegar a tramitarse”, confirman a Somos Madrid fuentes del área de Seguridad del Ayuntamiento.
La imposición de esta sanción fue denunciada el sábado en redes sociales por el candidato a la alcaldía de Podemos, Roberto Sotomayor, quien lo consideró una forma de amedrentar la difusión de la marcha. “Ni un paso atrás”, decía al publicar la imagen de uno de los partes.
La multa, sin embargo, era celebrada durante el fin de semana en Twitter por una asesora en el Ayuntamiento de Madrid, Macarena Puentes. La empleada municipal en el distrito de Salamanca, cargo también del PP en Madrid, respondía a Sotomayor escribiendo: “Para ser alcalde hay que conocer la normativa”.
Pero Puentes borraba este lunes el tuit poco antes de que se conociera la valoración del consistorio. Se conservan todavía algunas de las respuestas que le dieron y también las capturas de su mensaje.
La marcha en defensa de la sanidad pública reunió a cientos de miles de personas este domingo en Madrid, en una protesta contra la gestión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y en apoyo de los profesionales del sector sanitario, con una parte en huelga desde hace semanas para reclamar mejores condiciones laborales y de asistencia para sus pacientes.
Condena por multar una recogida de firmas
No es la primera vez que la Policía Municipal se excede en esta legislatura al poner multas por una protesta ciudadana. En febrero de 2021 un grupo de vecinos de Chamberí fueron multados al recoger apoyos en la calle para intentar evitar el cierre de la Casa de Cultura del distrito, que el equipo de Almeida había ordenado clausurar poniendo fin a la cesión de un local municipal.
Entonces, los agentes sancionaron con 600 euros a la asociación vecinal que organizaba la recogida de rúbricas. Pero la multa fue recurrida y tumbada en los tribunales, ya que previamente los vecinos habían pedido permiso en Delegación del Gobierno para el acto y los tribunales consideraron que la recogida de firmas “venía amparada por el ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que condenaron al Ayuntamiento de Madrid.