El nuevo Ayuntamiento de Madrid quiere aprobar una nueva normativa para legalizar los pisos turísticos que actualmente operan en la capital. La actual, elaborada por el equipo de Manuela Carmena y que lleva vigente poco más de un año, frenó en seco la expansión de los alquileres legales en plataformas como Airbnb y Homeaway, al prohibir alojar a turistas en pisos que no contaran con un acceso independiente al portal de vecinos. Pero el área de Urbanismo, encabezada ahora por el concejal Mariano Fuentes (Ciudadanos) apuesta por rebajar los requisitos para conceder licencias municipales de explotación turística.
“A día de hoy ninguna vivienda es legalizable debido a los requisitos que debían cumplir según la normativa actual”, explicó Fuentes en rueda de prensa, a la vez que apostaba por aprobar una legislación “que sea realista”. “No podemos estar en contra de la evolución de las ciudades, los distintos usos y las actividades que se realizan. Exigir accesos independientes es prohibir de facto todas, porque no lo cumplen y ninguna de ellas es legalizable por el plan de Carmena”, añadió Fuentes.
El Plan Especial de Usos del Hospedaje aprobado en 2018 por Ahora Madrid dividió la ciudad en cuatro zonas. En las más restrictivas, compuestas por el distrito Centro, Chamberí, Arganzuela, Salamanca, Retiro y los barrios de El Viso y Argüelles, no es legal abrir viviendas turísticas sobre suelo residencial sin contar con acceso independiente, aunque sí que es posible hacerlo en inmuebles de tipo terciario, muy abundantes en calles comerciales como Gran Vía a o Fuencarral.
En la tercera zona, que se extendió al resto de la almendra central y abarcó por el sur a barrios de Usera, Carabanchel y Latina, también es posible abrir viviendas turísticas con licencia siguiendo unas normas menos estrictas, mientras que en el resto de la ciudad hay libertad para conseguir una licencia municipal para vivienda turística.
El concejal de Urbanismo esperará, no obstante, a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie el próximo 11 de septiembre sobre los 11 recursos que diferentes asociaciones y lobbies empresariales interpusieron al plan de Carmena, en los que llegaron a pedir la suspensión cautelar. Hasta entonces, se siguen inspeccionando cientos de viviendas turísticas que operan ilegalmente: desde finales de junio, la Agencia de Actividades ha realizado 862 visitas y las órdenes de cese de actividad superan ya las 800 (en enero eran 500).
Ciudadanos confía no obstante en aprobar “una normativa que garantice una convivencia vecinal y un turismo de calidad”, algo que organizaciones vecinales antojan complicado después de observar los devastadores efectos sobre el precio de la vivienda y el malestar surgido en los vecinos de barrios del centro de Madrid durante los últimos años, debido a la comercialización de miles de pisos residenciales en el mercado turístico.