Este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba uno de los desarrollos urbanísticos que más se le ha resistido a la ciudad. Se trata de la conversión de los antiguos terrenos militares que rodean la A-5 a su llegada al término municipal de Madrid en un nuevo barrio de la capital. Es la llamada Operación Campamento.
Los detalles de las próximas construcciones que albergará se han conocido hace unos días, cuando la Comisión de Urbanismo dio su luz verde inicial a los números que esta semana refrendará el Pleno municipal. Se sabía que habría 10.700 viviendas pero no su distribución y otros detalles como el tipo de protección que presentarán y cuántas de ellas se dedicarán al alquiler.
Las cifras de la Operación Campamento son las siguientes: se urbanizarán 2,1 millones de metros cuadrados de suelo, de los que la cuarta parte serán viviendas (aproximadamente el 25%). El 34% estará destinado a carreteras, el 17,3% a zonas verdes, casi el 15% a equipamientos de todo tipo y el 7% a diferentes tipos de transportes.
Los responsables políticos han puesto el mayor acento en las cifras de vivienda, como ejemplo de actuación pública que añade más oferta al mercado en medio de una gran crisis de acceso a pisos asequibles. El 40,2% de los metros cuadrados construidos serán vivienda libre, mientras que el 36,8% se tratará de Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL) y el 22,9% Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB).
Los responsables de la operación son el Ayuntamiento de Madrid (liderado por el PP de José Luis Martínez-Almeida) y el SEPES, la entidad estatal del suelo que forma parte del Ministerio de Vivienda (encabezado por Isabel Rodríguez, del PSOE). En una nota publicada hace unos días, el equipo de Almeida destacaba que todo había salido adelante “gracias a la estrecha colaboración entre la Administración central y municipal”. Los dos políticos citados se dejaron ver juntos el pasado viernes en un acto conjunto, con buena sintonía.
¿Es mucho o es poca la vivienda pública que va a salir de esta operación? ¿Servirá para contener o bajar los precios del mercado? “Somos conscientes de que un planeamiento de los años 2000 tiene cosas que hoy se harían diferente”, reconocía hace unos días el concejal del PSOE Antonio Giraldo, encargado de su partido en los temas urbanísticos municipales. “Pero había que empezar ya con ello para tener viviendas dentro de unos pocos años”.
También explicaba, respecto al 40% de la vivienda libre prevista, que “el compromiso de Sepes es de sacar la vivienda libre al mercado también bajo el precio de módulo de protegida”, añadía en una publicación.
Un modelo “obsoleto” para Más Madrid
“Solo un 7% de la vivienda propuesta será realmente pública”, apuntan frente a las cifras desde Más Madrid, poniendo el acento en que este será el porcentaje de viviendas de alquiler regulado, las únicas que a medio-largo plazo pueden contener los ciclos de alza de los precios. Fuentes del Ministerio de Vivienda explican que ese porcentaje será el mínimo exigido, pero que podría ser mayor, sin aportar todavía cifras concretas.
El otro dato que dan desde la oposición es que el 40,2% de viviendas privadas saldrán a precio libre y el otro 53% de pisos tipo VPPL y VPPB podrán ser vendidos también a precios de mercado 15 años después de su construcción, como permite la ley, de forma que “alimentarán los ciclos especulativos del mercado”, explican desde este partido. El Ministerio de Vivienda apunta que su intención es que los precios finales de las viviendas que se vendan sean “asequibles” y que se encuentren por debajo de lo que actualmente reclama el mercado. También en el caso de la vivienda libre.
En Más Madrid son más críticos y votarán en contra del proyecto: “El modelo de vivienda protegida actual no funciona. Se han invertido históricamente enormes cantidades de suelo y dinero en construir viviendas que en pocos años pasarán a ser privadas”. Frente a ello, el partido de Rita Maestre plantea otra Operación Campamento “para revertir errores estructurales como este en política de vivienda”.
Maestre explican, en declaraciones a este periódico, que “en lugar de defender la vivienda como derecho, en lugar de mirar a un modelo de futuro que nos acerque a referentes europeos como Viena, Almeida nos devuelve al modelo del pelotazo de los primeros 2000. Estamos a tiempo de hacer las cosas de otra manera”, asegura al adelantar la propuesta alternativa que expondrán en el pleno del martes.
“Nuestro modelo es otro: promoción pública y social garantizando la propiedad del suelo para las administraciones y evitando la especulación”, indica mientras propone que de las 10.700 viviendas previstas, 4.013 sean viviendas de parque público de alquiler asequible; otras 2.675 viviendas sean construidas por operadores privados en derecho de superficie, respetando la propiedad pública del suelo; y otras 4.012 en alquiler asequible, promovidas por cooperativas y entidades sociales. Es decir, que el 100% tengan precios limitados y la mayoría vayan destinadas al alquiler, a través de diferentes modelos, mostrando “una apuesta decidida por el alquiler indefinido y consolidar un parque público de alquiler que ofrezca garantías a las próximas generaciones”.
Su propuesta incide en “blindar el suelo público como garantía de futuro”, lo que considera que permite construir más barato a empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro. “Hay que poner en práctica con urgencia soluciones habitacionales diferentes a las empleadas hasta ahora, impulsando modelos cooperativos no lucrativos, capaces de ofrecer vivienda por debajo del precio de mercado mediante cesiones de suelo y herramientas de financiación pública”, añaden fuentes del partido. de ciudades como Viena, donde las administraciones públicas conservan el suelo y gestionan las viviendas, bien directamente, bien a través de entidades sin ánimo de lucro.
Obras en 2025 ó 2026
Si todo va según lo previsto por el Ayuntamiento de Madrid y el SEPES, los siguientes pasos administrativos pasan por la aprobación de las bases y estatutos de la Junta de Compensación en Junta de Gobierno, después de someterse a información pública.
En paralelo, irá la tramitación del proyecto de urbanización del ámbito, que necesariamente también se elevará a Junta de Gobierno. Los planes del Ministerio de Vivienda pasan por cubrir cuanto antes los trámites burocráticos y empezar las obras a finales del año 2025 o inicios del 2026. El consistorio ya ha anunciado que, por su parte, intentará acortar todo lo posible los plazos.