El responsable de toda la actividad jurídica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid ha sido sancionado con un mes de inhabilitación por su Colegio de Abogados. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, fue comunicada hace menos de un mes por una infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre letrados.
El expediente afecta a Carlos Medina, actual director de los Servicios Jurídicos de la EMVS, la entidad del Ayuntamiento de Madrid que promociona su vivienda pública. También ejerce como secretario no consejero de su Consejo de Administración. Además, la denuncia incluye a los letrados Miguel Ángel Cortés y Carlos Morgades.
La demanda llegó al Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado mes de marzo, cuando otro colegiado alertó de una posible infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre letrados. En julio fue incoado un expediente y hace casi un mes, el pasado 21 de noviembre, la Junta de la institución acordaba sancionar a los tres denunciados por estos hechos.
El expediente abordaba un caso de negociación de un pago a la EMVS de cientos de miles de euros, en el que los tres abogados denunciados habían incorporado una comunicación referente al inicio de dicha negociación que pedía expresamente que quedara en “confidencialidad”. Por ello el ICAM observó una vulneración del secreto de comunicaciones profesionales, lo que se considera una “infracción grave” dentro del ordenamiento que rige su actividad y formulaba una propuesta de sanción.
En concreto, el Colegio aprobaba la sanción de un mes de suspensión en el ejercicio de la abogacía a cada uno de ellos por la comisión de un infracción grave prevista en el artículo 125.a).i) del Estatuto General de la Abogacía. Ante esta decisión cabe recurso de alzada y también la sustitución, previa valoración por el órgano competente de las circunstancias concurrentes al caso, por una multa de hasta 1750 euros para cada letrado.
El PSOE pide el “cese inmediato”
Este periódico ha preguntado a la EMVS de Madrid si tiene prevista alguna acción sancionadora sobre los abogados afectados por esta cuestión deontológica, sin que hasta el momento haya respondido a esta cuestión este organismo dependiente del Gobierno de Almeida y que dirige el concejal Álvaro González.
Desde donde sí han las primeras valoraciones ha sido desde el Grupo Municipal Socialista, que se muestra muy crítico con la actuación de los letrados. Su concejal y consejero en la EMVS de Madrid, Pedro Barrero, denuncia la “ falta de confianza que venimos arrastrando consejo tras consejo ante la actitud del máximo responsable de la dirección de los Servicios Jurídicos de esta empresa” y lamenta unos hechos que, como demuestra la resolución del ICAM, “vulneran el secreto profesional entre compañeros que constituye según su propia normativa una infracción grave”.
Barrero lamenta que “una vez más la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo Vuelva a ser noticia por la mala praxis y por falta de control del presidente y concejal de política de Vivienda”. Además, asegura que “de comprobarse la veracidad de estos hechos solicitamos el cese inmediato del director de los Servicios Jurídicos de esta empresa por falta de confianza y de ética”.