Los organizadores del Festival Brava se enfrentan a una sanción por parte de la Comunidad de Madrid, que ha abierto expediente por las condiciones de venta de sus productos durante el evento, que tuvo lugar en septiembre del año 2023 en Ifema.
La Subdirección General de Consumo, Comercio y Servicios de la Comunidad de Madrid considera que “constituye una condición abusiva para los consumidores obligarles al pago en el recinto del festival, exclusivamente mediante el pago con pulseras cashless”, explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha hecho pública la apertura del expediente sancionador.
La empresa organizadora del Brava es Madrid Salvaje, que también gestiona otro festival con el mismo nombre en la capital. Su celebración fue polémica debido a la prohibición de entrada de comida en el recinto de Ifema. Para que su servicio de seguridad permitiera pasar alimentos era necesario un certificado médico que acreditara la imposibilidad de conseguir determinadas comidas en el interior.
Otra de las polémicas fue el cobro de nueve euros por el uso de unos autobuses municipales que la EMT había anunciado como gratuitos.
OCU considera que la prohibición de introducir alimentos “es totalmente desproporcionada y un desequilibrio que perjudica los derechos de los consumidores”, ya que -explica en nota de prensa- “dentro del recinto los precios suelen ser superiores a los normales de mercado”.
Por otro lado, OCU denunció la limitación del efectivo y el cobro de comisiones por la devolución del saldo restante. La organización obligaba a los asistentes a utilizar un medio de pago telemático a través de las pulseras cashless, como único medio de pago para adquirir bebida durante la celebración del evento y además cobraba un recargo por la devolución del saldo restante.
La compañía en defensa de los derechos de los consumidores confía que este expediente “finalice con una sanción ejemplificadora para que este tipo de abusos no se reiteren en el futuro, por este festival ni por ningún otro”.