La cuarta parte de Madrid es un coto privado de la Casa Real: El Pardo, 16.000 hectáreas cerradas al público
¿Qué pasaría si una valla prohibiera el acceso a más de la mitad de los distritos de Madrid? Que no estuviese permitida la entrada a Tetuán, Chamberí, Centro, Arganzuela o Retiro. Tampoco a Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel, Villaverde y Villa de Vallecas. Una extensión similar a la suma de las zonas anteriores está restringida para madrileños y visitantes desde hace tres siglos. Se trata del Monte de El Pardo, pulmón verde de la capital con más de 16.000 hectáreas de bosque mediterráneo. 160 kilómetros cuadrados que suponen el 26,4% del territorio de la capital. Un tesoro medioambiental rodeado por una cerca de más de 66 kilómetros y férreamente controlado por Patrimonio Nacional al tratarse de una posesión ligada a la Corona.
Este espacio natural cuenta solo con 900 hectáreas de acceso libre. Corresponden fundamentalmente a los núcleos residenciales de El Pardo y Mingorrubio. El resto del terreno –más de 15.000 hectáreas– es de uso exclusivo de la familia real: un privilegio que tiene su origen en el inmenso cazadero real que instauró Enrique III de Castilla en el siglo XV. La riqueza de su fauna explica esta decisión en un momento en el que Madrid no era un enclave tan primordial. Que la ciudad se convirtiese después en capital es uno de los motivos por los cuales fue ganando en importancia y perdiendo en accesibilidad. Carlos I mandó edificar el Palacio de El Pardo, que sí es visitable, en el siglo XVI.
Fernando VI ordenó edificar el muro que cercó El Pardo en 1750, aislando definitivamente la zona. Posteriormente, Carlos III la reformó de la mano de su arquitecto de referencia, Francesco Sabatini. La Monarquía disponía así a su antojo de un paraíso natural a ocho kilómetros de la Puerta del Sol, mucho antes de que Franco convirtiese el Palacio en su residencia oficial y de que Madrid anexionase El Pardo a su término municipal en 1951. El rey emérito recuperó el Palacio de la Zarzuela, situado en medio del enclave vallado, como residencia real en 1962 y lo mantuvo con la llegada de la democracia. Pese a que la oficial sigue siendo el Palacio Real, tanto Juan Carlos I como Felipe VI han preferido el aislamiento de un área vetada a la ciudadanía.
Una restricción que con el paso de las décadas ha ido levantándose de otros puntos de la ciudad con un origen vinculado a la monarquía. Edificado en 1630, El Retiro no permitió la entrada al público hasta 1767, bajo el reinado de Carlos III. En 1868 se convirtió en parque urbano dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Más tiempo tuvo que pasar en el caso de la Casa de Campo. Inaugurada en 1561, no quedó constituida como espacio público hasta 1931, después de la instauración de la Segunda República. Ni siquiera en esta etapa se abrió El Pardo: se incorporó al Patrimonio de la República y se destinó a uso residencial de su Presidente (Azaña se convertiría en un gran valedor de la preservación natural del enclave) o al alojamiento de jefes de estado extranjeros.
Los dominios de la Corona ante la “opacidad” de Patrimonio Nacional
Las posesiones de la familia real en el Monte van más allá de Palacios como El Pardo, la Zarzuela o La Quinta del Duque de Arco. Incluyen 39 casas forestales mantenidas con fondos públicos a través de Patrimonio Nacional. Aunque ningún inmueble ha despertado tanta controversia como la finca La Angorrilla. En ella se habrían instalado Juan Carlos y Corinna Larsen después de que el edificio fuese reformado (se colocó incluso una piscina) en una obra presupuestada en dos millones de euros, un coste que según informó la revista Lecturas asumió íntegramente Patrimonio Nacional.
Hace falta mayor transparencia y que la gestión de El Pardo pase a ser compartida con otras administraciones. Patrimonio Nacional es un órgano completamente opaco
Esta actuación puso en alerta a Ecologistas en Acción, que denuncia la “enorme falta de transparencia” en la administración de El Pardo. María Ángeles Nieto, coordinadora de la organización en la Comunidad de Madrid, explica en declaraciones a Somos Madrid que la construcción “vulnera el Plan de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo”, que prohíbe edificar o abrir nuevos accesos en la zona donde se ejecutaron los trabajos.
Nieto insiste en que la mayor preocupación sobre este entorno es la falta de información sobre su conservación: “Hace falta mayor transparencia y que la gestión pase a ser por lo menos compartida con otras administraciones, como la consejería de Medio Ambiente o el Ayuntamiento de Madrid”. El consistorio madrileño cataloga el número de árboles de toda la ciudad en su base de datos, incluida Casa de Campo, con la única excepción de El Pardo. Así, tacha a Patrimonio Nacional de “un órgano completamente opaco que no facilita información”. La entidad no ha respondido a ninguna de las solicitudes efectuadas por este medio para que aportasen su punto de vista sobre este tema.
El Plan de Protección Medioambiental del Monte de El Pardo que coordina Patrimonio Nacional puede consultarse en el BOE. No obstante, Nieto matiza que “debería actualizarse e informarse de sus revisiones”, ya que data de 1997. Desde Ecologistas han denunciado en los últimos años vertidos en Mingorrubio, saturación de lodos en el embalse de El Pardo o podas indiscriminadas en el encinar. El problema, dice esta activista medioambiental, es la falta de datos y accesibilidad para comprobar que los problemas se han solucionado.
Pone como ejemplo de opacidad el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid para el periodo 2000-2019, en cuyo escrito se especifica la imposibilidad de aportar datos de El Pardo “porque no se han facilitado”. Critica además que “no hay cifras sobre la gestión cinegética” cuando la caza ha sido tradicionalmente una de las actividades principales en este bosque de gran riqueza animal.
Abrir El Pardo, una reivindicación histórica
“La función de El Pardo no puede ser la misma en nuestros días que en 1712 o en 1940”, reclamaba el ecólogo y pionero en el movimiento ecologista español Fernando González Bernáldez. Lo hacía a través de una tribuna publicada en El País en 1981 titulada El Monte de El Pardo, parque nacional. Dada su diversidad de fauna y flora, la conversión del paraje en un parque regional o nacional sería precisamente la fórmula más lógica para garantizar su sostenibilidad en caso de retirarse el vallado y permitirse una entrada libre.
En la Comunidad de Madrid ya existen quince espacios naturales protegidos donde se desarrollan importantes actividades científicas, de preservación o pedagógicas. Para María Ángeles Nieto, lo más lógico sería su inclusión dentro de los límites del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares: “Ya antes de su declaración en 1985 hubo propuestas en las que se incluía en él a El Pardo. La excusa para no hacerlo es que se iba a elaborar un plan de protección independiente, ese del que ahora no hay apenas seguimiento”.
Esta reclamación ha continuado en el tiempo, aunque en pleno 2023 no se ha producido un verdadero debate político sobre su apertura. El mayor movimiento al respecto tuvo lugar en 2019, cuando Más Madrid planteó a través de un comunicado la incorporación del Monte de El Pardo a la red de parques nacionales: “La parte de este espacio cerrada al público podría ser accesible mediante visitas guiadas, un recurso de educación ambiental de primera magnitud”. Alejandro Sánchez, diputado de EQUO en la Asamblea de Madrid, cuestionó entonces la utilización actual de esa superficie: “Los reyes no necesitan 16.000 hectáreas para su uso exclusivo. El Pardo sería un lugar idóneo para llevar a cabo un programa de recuperación del lince ibérico”.
González Bernáldez exigía ya en su artículo una modificación en los usos de El Pardo que no se ha producido 42 años después. Destacaba asimismo la característica “insólita” en una capital europea de disponer de tal arbolada a sus puertas. E igualmente “insólito” le parecía mantenerla desconocida para los madrileños y no apostar por usos sociales o educativos: “Uno de los casos más llamativos de privación de disfrute del propio patrimonio cultural de los ciudadanos de un Estado moderno”.
Este importante investigador cita un exhaustivo estudio, de gran vigencia pese a datar de 1975, sobre el origen y las consecuencias de dicha privación. Elaborado por Manuel Valenzuela Rubio, catedrático de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid, este análisis remarca que “en pocos sectores de la región urbana madrileña podrá hallarse una mayor dependencia entre realidad geográfica y poder político”.
Valenzuela Rubio destierra cualquier motivación excepcional que justifique cómo o por qué El Pardo se convirtió en un enorme coto de caza para la realeza: “La base jurídica del uso privativo que los reyes de España tuvieron sobre esta importante masa arbórea arranca de la condición de propiedad de la Corona que pesaba sobre todos los montes y baldíos no expresamente asignados a individuos particulares o para el uso de los pueblos”. Es decir, se apropiaron de este gran territorio porque no tenía ningún dueño reconocido.
El autor detalla como el terreno fue acrecentándose con el paso de los siglos. Sobresale el caso del Monte de Viñuelas, bajo administración de Paracuellos hasta su anexión por bula papal durante el reinado de Carlos I. No obstante, en la actualidad se inscribe en el Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares, así que su gestión corre a cargo de la Comunidad de Madrid.
Temor ante el posible “deterioro” por un uso lúdico
La coordinadora madrileña de Ecologistas en Acción se muestra más cauta en cuanto a la apertura completa de El Pardo: “Al estar tan cerca de Madrid, podría provocar un deterioro muy rápido”. Según Nieto, “requeriría un plan de uso y unas diligencias muy importantes para mantener sus valores”.
Desde la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, en respuesta a las preguntas de este diario, avisan: “Si la Sierra de Guadarrama, siendo tan amplia y estando más lejos, sufre un uso intensivo, hay que suponer que El Pardo, menos extenso y más cercano, lo sufriría mucho más”. Argumentan que “la defensa de un bien superior impone su cierre a la ciudadanía” ya que “no es fácil la convivencia entre millones de madrileños y los corzos, jabalíes y venados que lo pueblan”.
En esta agrupación por la defensa del patrimonio artístico, histórico y natural de Madrid opinan que las visitas deben restringirse “a aquellos especialistas que pueden obtener resultados científicos de gran valor, frente al simple disfrute lúdico del usuario medio”. Ahora bien, Nieto denuncia que tampoco se permite la entrada de agentes forestales y arremete contra las trabas que se ponen incluso a investigadores: “Los permisos son extremadamente difíciles de conseguir y muy limitados”.
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