Los cantones de limpieza llegan a los tribunales. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ha abierto diligencias para investigar el procedimiento por el cual el Ayuntamiento de Madrid instaló en la entrada al Parque Forestal de Vicálvaro uno de estos recintos para el almacenamiento de maquinaria y residuos urbanos.
Un nutrido grupo de vecinos agrupados en la Plataforma No Al Cantón Vicálvaro presentó el pasado 15 de septiembre su denuncia ante la Fiscalía por un posible delito contra la ordenación del territorio, después de comprobar que varias excavadoras accedían a una zona de estos terrenos, en la confluencia de las calles Abad Juan Catalán y Villablanca. Eliminaron en torno a una docena de árboles, según declaró uno de estos residentes a Somos Madrid, y removieron el suelo en un entorno utilizado habitualmente para actividades de ocio y paseos.
Los afectados critican además que dicha actuación se ejecutó sin que se colocara ningún cartel informativo y sin que el consistorio que lidera José Luis Martínez-Almeida respondiera a las consultas ciudadanas efectuadas a través del registro y el portal de transparencia.
En el escrito de denuncia, los demandantes solicitan la paralización inmediata de las obras para abrir la investigación de un posible delito medioambiental. “Según figura en la notificación de la Fiscalía que hemos recibido, esto va a ocurrir quiera o no quiera el Ayuntamiento”, aseguran a este medio fuentes vecinales.
Uno de los aspectos a los que los residentes se acogieron para denunciar es la ausencia de un estudio de impacto medioambiental, pese a las características del área en la cual la instalación está proyectada. Arremeten contra el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien les aseguró en un encuentro que dicho informe “no es necesario según el pliego de los cantones”.
Durante la última comisión del ramo, celebrada este lunes, el concejal popular insistió en que dentro de la parcela “no se va a llevar a cabo tratamiento de residuos” (aunque no habló de su almacenamiento). Reiteró sus ataques a la oposición por no criticar las ubicaciones hasta que se produjeron quejas vecinales. Carabante llegó a decir que “los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento de Madrid”, aunque este caso sigue su cauce.
Desde la Plataforma inciden en que “había alternativas para evitar la aberración de desertizar parte de un Parque Forestal”. Recuerdan que el Ayuntamiento está construyendo desde enero una dotación similar en un polígono que se encuentra a apenas 100 metros, que “no ha despertado quejas vecinales pues la ubicación es la idónea tanto para los vecinos como para los trabajadores”, por lo que con esta lucha judicial únicamente pretenden proteger un entorno “indispensable para el barrio”.