Cerrojazo informativo en el equipo de Almeida en torno al polémico expediente sobre las obras ilegales en el piso de Alberto González Amador, donde reside junto a la presidenta regional. La vicealcaldesa ha admitido este jueves la amputación de hojas enteras de la documentación municipal entregada al concejal del PSOE que lo solicitó y la ha defendido, pese a la denuncia de los socialistas en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción presentada esta mañana.
“No vamos a filtrar ni un solo dato de ningún particular”, aseguraba Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, cuando los periodistas le preguntaban por los hechos denunciados por Reyes Maroto. “No somos la Fiscalía General del Estado ni Hacienda, hay que respetar la protección de datos”, decía sobre la entrega de información incompleta a la oposición por parte de la Junta de Chamberí.
Sanz rechazaba “de manera tajante” que haya “cualquier tipo de irregularidad” en la entrega de los papeles: “Ese expediente se ha trasladado, ya digo, en todo caso respetando la protección de datos a la que tiene derecho cualquier persona en esta ciudad”, insistía sobre la denuncia. Según el PSOE, esto supone una actuación ilegal, ya que su petición no se basa en la Ley de Transparencia, sino en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que permite el acceso de los concejales a los documentos “sin censura preventiva”. En los documentos que les ha entregado el consistorio “aparecen numerosos datos tachados para ser ocultados, así como hojas parcialmente en negro”.
Los socialistas habían presentado poco antes de las palabras de la vicealcaldesa una denuncia pidiendo que, si los hechos eran constitutivos de delito, la Oficina los llevara ante la Fiscalía. Además, los de Reyes Maroto valoran acudir directamente ante lo que consideran una “censura y mutilación” de la documentación entregada por el Ayuntamiento de Madrid, que “atenta” contra sus derechos como concejales de la oposición. Lo han llegado a calificar de “fraude democrático”.
En respuesta a la socialista, la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, cree que el PSOE puede dar “pocas lecciones” de transparencia, aludiendo a que que la portavoz socialista debería “dar explicaciones sobre esos rescates que hizo en su época de ministra”. Luego aludió a que “todos los días” hay noticias de que “se niega sistemáticamente” información por parte del Gobierno de España a la oposición.
Un expediente con polémica en Chamberí
El objeto de debate e investigación política es un expediente que constata la existencia de obras ilegales en la casa de Alberto González Amador. La pareja de Díaz Ayuso pidió iniciar una reforma integral de su vivienda en Chamberí el 4 de agosto del año 2022, un mes después de adquirir el inmueble y cuando ya había cometido un fraude a Hacienda. Al día siguiente, un funcionario de la Junta de Distrito emitió un informe que declaraba “ineficaz” la declaración responsable presentada por no tener en cuenta la gestión de los escombros y considerar los trabajos de una envergadura superior a la que permitía este trámite. En octubre, la pareja de Díaz Ayuso añadió más información sobre la reforma y multiplicó por diez su coste declarado, hasta los 94.289,48 euros. También admitió que había demolido tabiques y levantando instalaciones sin licencia firme.
Pese a las irregularidades, González Amador no recibió una notificación oficial de la Junta de Chamberí hasta el 22 de diciembre, cuatro meses y medio después del primer informe municipal, según la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid. El Ayuntamiento tampoco ha iniciado todavía un expediente sancionador y ni siquiera hay constancia de que ningún funcionario municipal haya comprobado el resultado de la reforma, ejecutada sin los permisos municipales. Este jueves, la vicealcaldesa evitaba fijar una fecha para la visita de los técnicos a las obras fraudulentas.
El oscurantismo que rodea este expediente se extiende hasta trabajadores municipales y concejales que lo iniciaron.Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la funcionaria María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde, en verano del año pasado. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.
González Amador adquirió el primero de los pisos que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del inmueble. El administrador de esta empresa es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad, según pudo saber elDiario.es. La mudanza de ambos a este edificio se anunció a los medios de comunicación en otoño de 2023.
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