Zohra, una mujer de 59 años, y su hijo de ocho han sido desahuciados este jueves en el barrio madrileño de Lavapiés después de 10 años en la vivienda. Decenas de activistas del movimiento vecinal han mostrado el apoyo a la familia en la calle Zurita y varios de ellos han pasado la noche junto a ella. Pese a ello, la orden emitida por el juzgado de Madrid se ha efectuado sin remedio.
Tras un primer intento de la Policía de entrar en la casa a las 6.20 de la mañana, Jorge, uno de los miembros del Sindicato de Barrio de Moratalaz, se ha colgado en el patio del bloque de pisos a una altura de 12 metros con un mecanismo que, en caso de un repetido intento, cayera irremediablemente al suelo de hormigón.
“Un mecanismo que le conecta a la puerta de la vivienda hace que si la Policía abre dicha puerta para ejecutar el desahucio, la persona caerá al vacío de 12 metros”, señalaba el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en un comunicado en el aseguran que “las personas que se organizan para asegurar el derecho a la vivienda les va la vida en ello”.
Finalmente, Jorge ha sido detenido por la Policía, que ha instalado tres furgones a lo largo y ancho de la calle, tras los numerosos intentos de los bomberos para poder acceder a él. “Hemos vivido un chantaje emocional indescriptible en el que incluso nos han llegado a decir que fomentábamos el suicidio”, comenta Alberto, uno de los activistas que ha negociado con las fuerzas de seguridad que han emitido la orden. “En principio vivimos en un país donde no se pueden producir actuaciones, pero al final detienen a quien intenta frenarlas”, ha concluido.
En el interior de la vivienda, varios activistas lograban frenar el primer intento de entrar, sin embargo, muchos han sido expulsados de la casa y aseguran que “Zohra estaba bajo grandes niveles de ansiedad”. “Es una persona vulnerable que tiene todo acreditado y que está buscando alternativa habitacional, solo necesita tiempo”, han concluido mientras los bomberos llegaban a la calle.
Además, varios de ellos han sido amenazados por la Policía Nacional para que entreguen sus documentos de identidad y ser denunciados por incumplimiento de la Ley Mordaza.
Las decenas de vecinos que se han concentrado en los alrededores de la vivienda para mostrar el rechazo a la acción policial han esperado con incertidumbre la decisión de la Comisión Judicial que finalmente ha dictaminado que el desenlace de Zohra y su hijo de ocho años, que se encuentraba en el hogar de una vecina del mismo bloque, deban de abandonar su vivienda de la última década.
Esta acción se produce una semana después de que el movimiento vecinal lograse retrasar el segundo intento de desahucio de Zohra y su familia. Las condiciones de la vivienda se encuentran en una situación “deplorable” en el que incluso “paredes y el propio techo han tenido desprendimientos”. El abogado de la inquilina, Carlos Castillo, aseguraba entonces que estaban intentando conseguir alternativa habitacional, pero que les resultaba imposible con tan poco margen y mantenían sus esperanzas en lograr aplazarlo hasta septiembre.
Por otro lado, desde el sindicato han hecho especial hincapié en que “la problemática de la situación es que ella está buscando por todas las vías posibles una alternativa habitacional, pero no ha habido forma humana de conseguir algún remedio y las instituciones tampoco nos han dado más opciones”.
El edificio pertenece íntegramente a Antonio del Pozo, un casero que tiene en propiedad 27 viviendas y que reside en Tenerife. Los vecinos del bloque demandan que todas las viviendas están en “un estado indecente, prácticamente inhabitable” y que, pese a tener la opción de reformarlo, ha decidido declinarla. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital, lo que produce que les sea prácticamente imposible encontrar un alquiler por el aumento del precio que se estima de hasta un 12,8% en la capital en el último año.
“Rentista culpable, Gobierno responsable”, han clamado los vecinos en la calle madrileña. Desde 2018, Zohra se encuentra en lista de espera para conseguir vivienda social, sin éxito. Reside desde 2014 en la casa junto a su hijo. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid responsabilizan a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para “ver si hace algo”. Tras tres intentos de la Policía de proceder al desahucio, finalmente, este ha sido el último.
Tras el desahucio, tanto el abogado de la familia como el sindicato negocian con el Samur Social, que ha trasladado a la mujer a sus instalaciones, para encontrar alguna alternativa entre los gritos de las decenas de personas que la apoyaban desde el exterior que clamaban: “Zohra no estás sola, estamos contigo”.
“Los desahucios siguen existiendo. Se nos sigue echando de nuestros hogares, pese a la propaganda del gobierno. El año pasado fueron casi 20.000 las familias trabajadoras desahuciadas”, ha señalado un comunicado emitido por el sindicato que ha seguido todo el procedimiento del caso y que, entre aplausos y pese a la derrota, han agradecido el apoyo mostrado por los vecinos de Lavapiés. “Llevamos aquí desde las 11 de anoche, hemos dormido con ella y hemos hecho lo que hemos podido prese a la violencia policial a la que hemos estado expuestos en la que incluso nos han amenazado de denuncia por incumplir la ley mordaza”, han concluido.