El barrio de Lavapiés aún tiene muy presente el trágico desahucio de Marina López, una vecina de 94 años que fue desahuciada la semana pasada por impago de su alquiler en la calle Doctor Fourquet. Marina salió de casa contra su voluntad en medio de un gran despliegue policial. Pero, sin tiempo de parar a pensarlo, sus vecinos se topan de bruces con la convocatoria de apoyo ante un nuevo desahucio en el número 31 de la calle Zurita el martes 16 de julio.
Este día, si la presión popular y el juez no cambian el curso del guion, serán desahuciados Zhora, su marido (ambos con distintos grados de discapacidad) y su hijo menor de edad. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha pedido apoyo para intentar parar el desahucio, explica que este sigue adelante a pesar de que la familia cumple con todos los requisitos de vulnerabilidad que exige el Real Decreto de suspensión de desahucios en vigor.
Según el Sindicato, el juez (Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70) ha decidido no aplicar la medida protectora “argumentando que Zohra no ha podido demostrar que su casero posee 27 viviendas” (y ser lo que se llama gran tenedor).
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, sin embargo, dice que se ha aportado documentación que acredita la propiedad de un bloque en Lavapiés (el mismo de la calle Zurita en el que habita la familia de Zhora) y otras propiedades pertenecientes al mismo.
Los ingresos de la familia de Zhora son exiguos, viven con una pensión y un pequeño Ingreso mínimo Vital. Llevan más de un año solicitando una alternativa habitacional a Servicios Sociales sin éxito hasta la fecha.
El edificio de la calle Zurita –y el piso de Zhora– presenta graves problemas de mantenimiento, según fuentes del Sindicato. Infecciones de chinches, cucarachas, problemas estructurales, hongos y humedades que han incidido en la salud de Zhora y su hijo, con problemas respiratorios desde hace dos años. La familia ha llegado a estar cuatro meses sin agua caliente porque el casero no arreglaba la caldera. Durante una infección de chinches, tuvieron que actuar los servicios del Ayuntamiento de Madrid porque la propiedad también hizo caso omiso. Ante la situación de abandono, Zhora y su familia decidieron no pagar el alquiler hasta que el casero satisficiera también sus obligaciones.
El primer intento de desahucio se paró el pasado 26 de junio y para este se espera que haya dotación policial con UIP (Unidades de Intervención Policial, comúnmente conocidos como antidisturbios). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado a las siete y media de la mañana en la puerta del edificio.