Hace tiempo que en el centro de Madrid se ven más maletas de viaje que mochilas de colegio. Según la plataforma Inside Airbnb, en los barrios de Sol y Cortes había a comienzos de año unas 900 viviendas turísticas registradas solo en esa aplicación. Respecto a los menores de 14, el último padrón municipal los sitúa en 458. “Los niños se quedan sin compañeros con los que jugar, y poco a poco también sin unas calles donde hacerlo”, apunta Víctor, miembro de un grupo de vecinos que se ha propuesto revertir lo que parece irreversible.
Para ello, han creado la Oficina Vecinal de Afectados por las VUT (viviendas de uso turístico). Una herramienta de asesoramiento “profesional y cercana” a residentes con la que revertir las repercusiones de una estadística “lamentable”, como lo describe Víctor en conversación con Somos Madrid, “ya que solo así puede calificarse que el corazón de una ciudad tenga dos veces más pisos ilegales que niños”.
Porque como Víctor recuerda, otro informe de Inside Airbnb cifra en un 95% el número de viviendas turísticas que no cuentan con los permisos oportunos para llevar a cabo su actividad. Los primeros cálculos internos de las asociaciones implicadas en la Oficina, incluso los del propio Ayuntamiento, elevan la cantidad al 98%. En todo Madrid el número de VUT supera los 24.000, aunque creen que “existen todavía muchas más que operan con enorme secretismo”. “Un problema que es habitacional, pero también de convivencia por las continuas molestias que acarrea para los vecindarios”, apunta.
Precisamente para “luchar contra esta invasión y pelear por salvar los barrios”, en el proyecto se han implicado varias organizaciones de vecinos, no solo del distrito Centro: La Corrala de Lavapiés, Sol y Barrio de Las Letras, Cavas-La Latina, Retiro Norte y El Organillo de Chamberí, con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. No obstante, reciben a gente de cualquier punto de la ciudad.
La Oficina se ubica en la sede de La Corrala de Lavapiés, en el número 38 de la calle homónima. Por el momento, atiende los jueves de 18.00 a 20.30 y a través de su correo oficinaafectadosvuts@gmail.com, aunque sus impulsores ya trabajan en ampliar horarios y en establecer además un canal telefónico.
“Hasta ahora hemos dado respuestas locales a esta ley de la selva, y ha llegado el momento de coordinar los pocos recursos que tenemos para construir entre todos una herramienta más potente”, expone Víctor. Comenzaron a trabajar en la iniciativa en febrero, aunque su funcionamiento efectivo se materializó a finales de octubre.
Una doble labor de asistencia
“La Oficina tiene una doble dirección en paralelo. Por un lado, atender a cualquier vecino que nos traslade un problema asociado a las VUT. Por otro, dar soporte a las asociaciones para facilitar los mecanismos de trabajo, los trámites de denuncia y en general todas las burocracias que estos procedimientos implican”, detalla Víctor. En estas primeras semanas la actividad ha sido ya continua: “No estamos desbordados, pero ya hemos recibido 42 solicitudes entre las particulares y las enviadas por agrupaciones de residentes”.
Cuando reciben una queja, en primer lugar chequean que se trate efectivamente de un piso turístico. Después, evalúan si basta con trasladarlo al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o bien (sea por la gravedad del caso o porque dicha vía se muestra agotada ante “la falta de voluntad”) deberán actuar judicialmente contra los propietarios.
Hasta ahora hemos dado respuestas locales a esta ley de la selva, y ha llegado el momento de coordinar los pocos recursos que tenemos para construir entre todos una herramienta más potente
El volumen de peticiones les hace ser flexibles, así que muchas veces intentan cuadrar una cita presencial con los interesados más allá del horario formal: “La comunicación de tú a tú nos parece mucho más humana y efectiva, es interesante hablar para conocer todos los detalles que nos permitan enfocar mejor la solución de cada caso”. No en vano, además de la asesoría legal sobre la forma más eficaz de proceder para poner en conocimiento de la administración o la Justicia estas irregularidades, la Oficina también proporciona “un espacio seguro en el que compartir experiencias para que la gente se sienta arropada y apoyada”.
El drama de los pisos turísticos tiene dos grandes vertientes muy entrelazadas, y en la Oficina ya han comprobado ambas de primera mano. Está “esa gente a la que quieren echar de sus casas a través de unas mensualidades completamente abusivas, con unos contratos salvajes y muchas veces ilegales, o incluso personas presionadas para vender sus casas”.
Al mismo tiempo, reciben a quienes “sufren inmediatamente después las consecuencias, los ciudadanos que ven como de la noche a la mañana la vida del barrio se desdibuja y tienen que aguantar ruidos a todas las horas del día y la noche”. Habla de “un comercio local que se descompone” ante la gentrificación y “unos precios completamente desorbitados, hasta en productos de primera necesidad”. Alerta igualmente del abandono de lo público en estos contextos: “Si no hay vecinos ni vecinas, las administraciones van a dar por hecho que entonces tampoco se necesitan servicios públicos como pueden ser dotaciones sanitarias o escolares”.
Víctor alerta de trucos empleados por muchos propietarios, sean particulares o grandes fondos de inversión, para esquivar la (poco aplicada) legislación contra las VUT: “Hay quien se está amparando en la figura de los alquileres de habitaciones a media estancia, para tres o cuatro meses, con la que intentan camuflar el verdadero uso que dan a esos inmuebles”. La Oficina trabaja precisamente por detectarlos, divulgarlos y ofrecer a los denunciantes mecanismos para contrarrestarlos.
La “permisividad” de las administraciones
Este vecino del Barrio de Las Letras critica que sean ellos quienes tomen el toro por los cuernos, cuando el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida “debería velar por la correcta aplicación de las licencias a través de la Agencia de Actividades”. El regidor madrileño se ampara en que la actual legislación en la materia, aprobada durante el mandato de Manuela Carmena, “no ha funcionado”. Pero Víctor cree que la normativa actual “permite aminorar el problema por mucho que quizá haya que trabajar sobre una nueva”. Culpa a su Ejecutivo de “reducir al mínimo las inspecciones municipales”, así como de favorecer los cambios de uso en los edificios de residencial a terciario.
“También está implicada la Comunidad de Madrid, que carece de cualquier voluntad por hacer cumplir las declaraciones responsables a través de las que se crean las VUT”, lamenta. En ellas, estos alojamientos se comprometen a adquirir unas licencias que en la inmensa mayoría de los casos nunca llegan a obtener. “Lo que sobra es permisividad y lo que falta es voluntad política para actuar contra estos alojamientos”, sentencia. Una cualidad, la voluntad, de la que van sobrados en esta Oficina.