Hace tan solo dos meses, Zohra, su marido y su hijo de ocho años fueron desahuciados de su vivienda en el número 31 de la calle Zurita, en el barrio madrileño de Lavapiés. Pelearon con uñas y dientes por pararlo, pero después de dos intentos fallidos, tuvieron que abandonar la casa en la que vivían a pesar de su situación de vulnerabilidad.
En ese momento, el Samur Social le ofreció quedarse en el centro de acogida temporal Las Caracolas, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Este miércoles tendrán que abandonar el centro sin una alternativa habitacional ya que desde Servicios Sociales consideran que “en estos dos meses han tenido tiempo de encontrar una vivienda”. No tienen donde ir y se les acaba el tiempo.
El matrimonio y su hijo pequeño fueron desahuciados a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios. Aun así, esta medida se llevó a cabo debido a la decisión del juez de no aplicar la suspensión argumentando que Zohra no pudo demostrar que su casero posee 27 viviendas.
La familia vive con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital, una cantidad de dinero insuficiente para poder permitirse un alquiler en la capital actualmente. Además, en la mayoría de sitios, piden como requisitos tener un contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud.
Según explican desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, a pesar de llevar más de un año solicitando un alquiler social en Servicios Sociales, las administraciones no han dado respuesta y han comunicado a Zohra que el día 18 es la fecha límite para abandonar Las Caracolas. Desde el sindicato señalan que a pesar de las “condiciones nefastas” del centro de acogida no es posible quedarse: “Está formado por cubículos prefabricados en los que cada familia tiene una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas hasta ser expulsada”.
Fuentes del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad consultadas por este periódico apuntan que “desde su ingreso en este recurso municipal Samur Social y los Servicios Sociales han trabajado de forma coordinada para llevar a cabo una intervención social con ellos”. Además, explican que “la familia no se ha mostrado receptiva a dicha intervención social, detectándose una falta de implicación en la mejora de su situación” y aseguran que “han rechazado de manera sistemática la ayuda ofrecida tanto para la búsqueda de vivienda como el apoyo en la búsqueda de empleo a través de talleres”.
El sindicato denuncia que Zohra ha tenido que aguantar “insultos racistas” por parte Servicios Sociales, desde donde “insisten en que en estos dos meses ha tenido tiempo de encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos”. Sin embargo, encontrar casa con unos precios desorbitados, la oposición frontal a alquilar a mujeres con hijos y los requisitos inalcanzables es imposible para Zohra. Por esta razón, este martes 17 de septiembre a las 11.00 horas, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid se concentrará a las puertas de Las Caracolas para pedir que retrasen la expulsión de esta familia hasta que encuentren una alternativa habitacional.
La lucha de Zohra y su familia
El pasado mes de julio, Zohra fue desahuciada de la vivienda que compartía con su marido y su hijo de tan solo ocho años. Anteriormente ya habían sufrido dos intentos previos de lanzamiento. En ambas ocasiones, el 26 de junio y el 16 de julio, el Sindicato de Inquilinas logró paralizar los dos intentos de desahucio de esta familia con el respaldo en la calle de medio centenar de personas. Sin embargo, a la tercera fue la vencida y tuvieron que abandonar la vivienda.
La familia cumplía con todos los requisitos de vulnerabilidad que exige el Real Decreto de suspensión de desahucios en vigor, pero el juez (Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70) decidió no aplicar la medida protectora argumentando que Zohra no había podido demostrar que su casero posee 27 viviendas. A pesar de ello, la mujer desahuciada aportó documentación que acreditaba la propiedad de un bloque en Lavapiés (el mismo de la calle Zurita en el que vivía Zohra y su familia) y otras propiedades pertenecientes al mismo.
Además, el edificio en el que vivían presentaba graves problemas de mantenimiento, según fuentes del Sindicato. Infecciones de chinches, cucarachas, problemas estructurales, hongos y humedades que han incidido en la salud de Zohra y su hijo, con problemas respiratorios desde hace dos años. La familia llegó a estar cuatro meses sin agua caliente porque el casero no arreglaba la caldera y durante una infección de chinches tuvieron que actuar los servicios del Ayuntamiento de Madrid porque la propiedad también hizo caso omiso.
Ante esta situación de abandono, Zohra y su familia decidieron dejar de pagar el alquiler hasta que el casero satisficiera también sus obligaciones. Finalmente, el pasado 24 de julio la familia tuvo que dejar su casa y ahora, si no consiguen una prórroga de su estancia en el centro de acogida Las Caracolas, se quedarán en la calle este miércoles.