Hace una semana, Antonio Banderas subía al escenario del renovado Albéniz para estrenar Company, el musical que ha servido para reabrir este teatro situado junto a la Puerta del Sol. Pocos en el público sabían que en el patio de butacas, asistiendo al estreno, se encontraban las personas responsables de la recuperación del teatro, las que prendieron la llama de una resistencia que, a través de la plataforma Salvemos el Albéniz, llevó a miles de personas a exigir la conservación de este espacio.
“Que la gente sepa que se puede, nosotros somos un ejemplo de lo que se puede conseguir”, aseguraba unos días antes la portavoz de todos ellos, Eva Aladro, en un artículo que recordaba sus 17 años de lucha incansable hasta lograr la salvación. En su caso, la clave fue llevar la pelea a diferentes frentes en los que se consiguieron muchos éxitos: el de los apoyos públicos, con numerosos artistas respaldando su causa, y una gran manifestación; el periodístico, apareciendo en numerosos medios de comunicación; y el legal, con el que consiguió retrasar durante años en los juzgados lo que a priori parecía un derribo inminente.
El Albéniz se salvó finalmente con el gobierno de Cristina Cifuentes, que aprobó declarar el lugar Bien de Interés Patrimonial después de muchos años de presión ciudadana. Luego, llegó un inversor privado -la cadena de hoteles de la discográfica Universal- que quiso desarrollar un proyecto que uniera un hotel de lujo y un escenario único para conciertos y musicales.
Esa es la historia de este teatro, pero en Madrid existen muchos otros ejemplos de conservación del patrimonio de la ciudad gracias a victorias vecinales con manifestaciones en las calles y, casi siempre, ligadas a éxitos judiciales. Estas son algunas de ellas.
Olivar de Chamartín
Los defensores del Albéniz reconocen que sin la inspiración del Olivar de Chamartín hubieran tenido más difícil salvar su teatro. El lugar, ubicado junto a la zona de Cuzco, era “uno de los centros intelectuales más representativos del esfuerzo renovador en el primer tercio del siglo XX”, explican los ciudadanos que por el año 2005 intentaron frenar la construcción de un restaurante que amenazaba con la destrucción del paraje.
Ellos, al igual que hicieron luego los defensores del Albéniz, abrieron un blog para defender los 150 olivos centenarios de una parcela de 14,5 hectáreas donde también se ubican tres edificios de gran valor histórico y cultural, en los que trabajaron José Castillejo, Ramón Menéndez Pidal, Ignacio Bolivar y Luis Lozano, entre otros. Y pelearon porque la Comunidad de Madrid protegiera el espacio, algo que finalmente consiguieron en el año 2009, cuando el gobierno regional recalcó su valor como “enclave fundamental en la vida cultural de España”.
Tercer Depósito del Canal: del golf al parque vecinal
“Yo pensé: tiene que haber alguien más que piense que es una locura poner un campo de golf aquí”, se decía en 2006 Mercedes Arce, una de las vecinas de Chamberí que primero se levantó contra el campo de golf que la por entonces todopoderosa Esperanza Aguirre quería construir en mitad de su distrito, sobre el Tercer Depósito del Canal. Efectivamente, no estaba sola. Pronto se encontró con Carmen, Paco y muchos otros que comenzaron a pedir un parque para los vecinos en lugar de unas instalaciones deportivas cerradas, pensadas solo para la élite.
Su pelea también mezcló manifestaciones en las calles, muchos apoyos públicos -la escritora Almudena Grandes se unió a la causa, entre otros- y una dura batalla judicial que torció la mano de la Comunidad de Madrid. Tanto que el Canal de Isabel II acabó desmantelando el campo de golf por sentencia judicial y accedió a construir un parque diseñado por los propios vecinos, que será inaugurado en los próximos meses.
Sabedores de que el ejemplo de su victoria podría resultar muy valioso para otras batallas vecinales del futuro, la asociación Parque Sí, una de las principales impulsoras de este logro, decidió financiar un documental que explicara su lucha. El resultado ha sido De interés general, una película llamada a convertirse en referencia para culquier otro movimiento ciudadano.
Derribo chino para el Edificio España
En ocasiones, son vecinos particulares quienes inician una reivindicación en Madrid. Otras veces son las asociaciones las que toman la iniciativa desde el primer momento. Fue lo que ocurrió en el caso del Edificio España, el magnífico rascacielos que hoy luce su fachada al final de la Gran Vía, pero que corrió peligro de derribo en el año 2015. El grupo chino Wanda, propietario del inmueble, quería echarlo abajo para luego reconstruirlo, gracias a que una alcaldía del PP había rebajado su protección.
Ecologistas en Acción y Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) pelearon por su conservación en los tribunales. Se agarraron a un error garrafal de la exalcaldesa Ana Botella para tumbar judicialmente su reforma y así obligar a negociar al siguiente Ayuntamiento -el de Manuela Carmena- y a la nueva propiedad la conservación de sus elementos patrimoniales.
Las negociaciones para el acuerdo final después de la victoria judicial fueron duras, recordaba después Nines Nieto, de Ecologistas en Acción. “Estamos acostumbrados a que los empresarios nos desprecien en este tipo de litigios, pero Casanova nos sorprendió porque nos trataba con respeto”, contaba sobre un diálogo que acabó fructificando y salvando el edificio del derribo.
El Palacio de la Música que espera reapertura
Doce años tardó uno de los edificios emblemáticos de la Gran Vía en vislumbrar un futuro después desde el año 2008, cuando cerró sus puertas. En este caso el ejemplo del Albéniz sirvió para impulsar una protesta ciudadana para reivindicar su reapertura y evitar un caso como el del contiguo Cine Avenida, convertido en un negocio de venta de ropa. La cadena Mango quería abrir allí una gran tienda.
Pero la resistencia a que Caja Madrid, propietaria del inmueble, vendiera el edificio, sirvió para que finalmente el Ayuntamiento de Madrid aprobara en 2020 una licencia para sumarlo a los espacios escénicos de Gran Vía, gracias a un proyecto de la Fundación Montemadrid. Como en muchos de los casos en los que se recupera el patrimonio, el peaje que se tendrá que pagar es la apertura en la última planta de un restaurante.
Orcasitas y la Memoria Vinculante
Las anteriores luchas ciudadanas son más o menos recientes, pero Madrid cuenta con mucha historia a cuestas de vecinos que se alzaron ante la Administración para recamar aquello que consideraban justo, más allá del patrimonio. Quizás el momento más emblemático de todos ellos fue el protagonizado por los vecinos de Orcasitas, que consiguieron un histórico realojo, también gracias a los tribunales.
La victoria fue de tal calibre que ha quedado para siempre impresa en las calles del barrio. La rememoraba hace poco el urbanista Antonio Giraldo en un popular hilo de Twitter:
Las victorias que llegaron tarde: Cocheras y TPA
Aunque los tribunales den a los vecinos la razón, a veces la justicia llega tarde para salvar el patrimonio de Madrid. Ha ocurrido recientemente en dos espacios con glorioso pasado industrial en Chamberí: el Taller de Precisión de Artillería (TPA) y las centenarias Cocheras de Cuatro Caminos.
El primer edificio, que databa del año 1899, fue derruido para la construcción de pisos de alto nivel en una de las zonas más cotizadas de Madrid, junto al Paseo de la Castellana. La polémica autorización para el derribo, concedida por el gobierno de Manuela Carmena, se produjo en medio de una fuerte oposición vecinal en 2016. Y en 2019 los tribunales anularon el plan que permitió el derribo y la posterior construcción. La decisión fue corroborada por el Supremo en 2021, pero las viviendas ya estaban construidas y probablemene nadie las podrá echar abajo nunca.
Algo parecido ocurrió con las Cocheras de Cuatro Caminos, vendidas por Metro de Madrid a una cooperativa para levantar una enorme torre de pisos. En julio de este año el Supremo hacía llegar una sentencia similar a la del TPA, anulando todo el planeamiento urbanístico, pero desde hacía un año los talleres en los que se repararon los primeros vagones del suburbano ya no existían: el Ayuntamiento de Almeida permitió su derribo, pese a que entonces ya se intuía la fragilidad del plan.