Una macroplanta de biogás indigna a los vecinos de Tres Cantos y Colmenar Viejo: “Es un abuso aprobado con un tamayazo”

No ha tumbado un Gobierno de izquierdas inédito a nivel autonómico en años, ni han acabado aupando a la líder que solidificó el proyecto de derechas en toda una región. Pero la votación del pasado 29 de mayo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene ecos del tamayazo, la votación en la que dos parlamentarios del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna) impidieron la elección del también socialista Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid. Un episodio de transfuguismo que llevó a repetir las elecciones y a la victoria de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta en unos segundos comicios celebrados ese mismo 2003.

En el pleno de Colmenar de hace tres semanas se dirimía el respaldo definitivo del Consistorio para instalar una planta de biogás entre este municipio del norte de Madrid y el de Tres Cantos. “Macroplanta”, corrige Manuel Ruiz, vecino colmenareño y activista. Es uno de los vecinos contrarios al plan, muchos de los cuales se han agrupado en la plataforma Stop Biogás Colmenar Viejo Tres Cantos. Un “esperpento político” como colofón (momentáneo) a una estructura que ha despertado una fuerte oposición en la zona. Y a un tan complejo como “opaco” proceso burocrático y empresarial.

“No nos enteramos hasta la primavera de 2024, pero el proyecto debe empezar a gestarse desde 2021, ya que se presentan los primeros pasos de la evaluación en 2022 y este proceso administrativo termina en marzo de 2022”, explica Manuel en conversación con Somos Madrid. “Se presenta formalmente en enero del 2022. La Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad de Madrid lo recepciona y distribuye documentación a las partes. En enero de 2023, la Dirección elabora primer un informe de impacto ambiental. El problema es que esto es un nivel light de lo que debería ser una evaluación ambiental ordinaria, que requeriría más información y trabajo de campo”, expone Ruiz.

“El eje de la reivindicación no es el propio biogás, que puede tener un papel en la transición energética, aunque no se debe sobredimensionar. El problema es la celeridad y la falta de previsión o de estudios ambientales apropiados”, avanza. “Modifican una balsa de almacenamiento de agua que no puede reutilizar parte del agua generada. Son 25.000 metros cúbicos en el espacio de unos 3.300 metros cuadrados al aire libre, que si se inunda podría contaminar la cuenca del Jarama”, denuncia Manuel.

Añade que se ubicará “a solo 1,2 kilómetros de un instituto, en la puerta de entrada a Colmenar y a menos de 2 kilómetros de la zona norte de expansión urbana en Tres Cantos, lo que altera la expectativa de vida de estos vecinos”. La petición es que se aleje al menos 2 kilómetros de núcleos poblados, la distancia que recogía la antigua y sobreseída normativa en la materia. Ahora es solo una recomendación del Ministerio para la Transición Ecológica, que aconseja esa distancia al situar vertederos y plantas anexas. “Lo ideal serían 3 kilómetros y que el tipo o la cantidad de residuos sean los que generamos”, apostilla Manuel.

Vaivenes empresariales y administrativos entre la falta de información

El plan estaba comandado en un inicio por tres grandes empresas: Cespa, filial de gestión de residuos de la constructora Ferrovial; Suez España, filial de una multinacional francesa y por último el gigante del sector del gas en España, Enagás Renovable. Entre el 2022 y el 2023, se produce un cambio: Cespa es comprada por PreZero, filial encargada de temas de residuos y energía del conglomerado alemán Schwarz (propietaria de los supermercados Lidl o de distintos negocios de ciberseguridad). En total, la macrocompañía emplea 575.000 personas y genera un volumen de negocio de más de 167.000 millones de euros.

Cambia también el promotor francés, que pasa de Suez a Veolia (con su filial en España, Agbar - Aguas de Barcelona). “La modificación de titularidad no habría afectado a los procesos de tramitación, pero la Comunidad de Madrid los considera sustanciales, así que pide un nuevo procedimiento ambiental. Se vuelve a informar por ello a las distintas instancias autonómicas, como el Canal de Isabel II”, cuenta Manuel.

El eje de la reivindicación no es el propio biogás, que puede tener un papel en la transición energética, aunque no se debe sobredimensionar. El problema es la celeridad y la falta de previsión o de estudios ambientales apropiados

Este activista, bregado en mil batallas medioambientales, critica la forma en la que los promotores de la planta juegan con la normativa y el margen que permite para limitar la comunicación a la ciudadanía: “Hay una legalidad estricta en el trámite de información pública, pero una legalidad opaca. En diciembre 2023 llegó un nuevo informe de autorización ambiental integrada que se nos pasa, fruto de esa misma opacidad. Nos enteramos por alguien que participa en el Consejo de Medio Ambiente y Campo del Ayuntamiento, un órgano consultivo de participación ciudadana al que no se comunica el plan en su momento”, lamenta.

“Una persona pregunta por la planta en el Consejo de abril de 2024, cuando el Ayuntamiento ya llevaba dos años manejando el proyecto. No responden al no estar en el orden del día, dicen que se incorporará al siguiente. En total, pasan cinco Consejos de Medio Ambiente sin hablar del tema más importante al respecto que afecta al municipio”, denuncia Manuel.

En aquel momento los grupos políticos a la izquierda del PSOE, así como multitud de ciudadanos, comenzaron a organizarse. Contaron con la raṕida asistencia de la Plataforma Aire Limpio Madrid Norte, de la que Manuel Ruiz fue miembro fundador, configurada para luchar contra un vertedero ya activo en Colmenar que vierte residuos procedentes de 76 municipios de la región. “Es otra de las causas por las que se hace insostenible añadir más volumen de residuos. Es un abuso”, alerta.

Y eso que, de entrada y ante de las primeras muestras de oposición, la planta era todavía más ambiciosa. La previsión era tratar 90.000 toneladas de residuos al año, cifra que se quedará en 75.000 con la supresión de 15.000 de origen agroganadero. “Sigue siendo muy difícil de asumir, hay que tener en cuenta que esa cantidad se suma a las 320.000 toneladas que ya trata el vertedero”, apunta Manuel. Sugiere además que esa materia agroganadera ha sido descartada porque es “la parte menos rentable del negocio”.

“La empresa se da cuenta de la contestación y de que la concepción se va de las manos, así que va haciendo llegar propuestas a la oposición. Lanzan solicitudes de reunión con PSOE, Más Madrid y Ganemos Colmenar. Yo mismo voy con estos últimos. La reunión se desenvuelve con tres representantes del proyecto, de PreZero, Enagás Renovable y una consultora de relaciones públicas. Son dos horas y media de relajada conversación, donde nos enteramos de la evolución del proyecto que mencionaba antes”, dice Manuel.

“Lo cierto es que venden todos los cambios como mejoras al alza, para que no requiera reiniciar el proceso de autorización ambiental pese a trastocar el proyecto. No sabemos cuál es el plan definitivo, solo que no arrancarían con toda la potencia de administración que desean por no disponer de suficiente materia prima”, añade. Redondea el círculo perfecto de la opacidad subrayando que la autorización de la mancomunidad de municipios del noroeste (entidad que agrupa a 76 localidades) no tuvo demasiada dificultad: su presidente es también el alcalde de Colmenar, el popular Carlos Blázquez.

Pese a los cambios y al imparable avance de la instalación, la movilización se intensifica: “Tenemos una primera reunion pequeña y con pocos datos en Tres Cantos, luego otra más grande y documentada en Colmenar. Aquí, hace dos meses, tiene lugar la mayor manifestación de la historia de Colmenar, y es contra la planta de biogás”, cuenta Manuel. Desde entonces se han sucedido las marchas y todo tipo de actividades, incluidas campañas digitales y hasta verbenas de recaudación para afrontar las futuras costas judiciales.

La deriva política de una batalla medioambiental

En abril de este mismo año, poco después del Consejo de Medio Ambiente donde la primera petición de información se rechaza al no estar en el orden del día, el Ayuntamiento convoca un pleno extraordinario para aprobar la utilidad pública del megaproyecto. Según el plan general de ordenación urbana, se asienta en suelos de uso no urbanizable y ganadero, por lo que habría que cambiarlo. Votaron a favor los 12 concejales del Partido Popular y los 3 de Vox, con la abstención del PSOE (5 ediles) y el voto en contra de Ganemos (3) y Más Madrid (2). “La recalificación de la parcela es el eje central de la batalla jurídica”, sentencia Manuel.

Una asociación cultural de Colmenar, 14 de abril, consigue presentar una alegación dentro de plazo y en ella solicita un recurso de reposición para que la cuestión vuelva al pleno. Este es un punto importante, ya que el Ayuntamiento está obligado a responder el documento del Consejo. Su valoración puede ser favorable o negativa, pero no puede quedar en silencio.“Justo poco antes, en el Consejo de Medio Ambiente, todos los grupos municipales votaron en contra de aprobarlo tal y como está. Vox cambia de opinión en el proceso”, indica Manuel.

Así, el pleno del pasado 29 de mayo valoraba ese recurso de reposición, que en caso de prosperar devolvía el proyecto a la casilla de salida. “Se anulaba la decisión de utilidad pública para recalificar la parcela y se volvería a votar, paralizando mientras todo”, resume Manuel. Define la sesión de aquel día como “desagradable y bronca”. Pero todo parecía bien encaminado cuando los partidos fueron mostrando su apoyo al recurso de reposición: primero los dos ediles de Más Madrid, luego los tres de Ganemos y a continuación los tres de Vox (“con ellos no dábamos nada por seguro”, admite).

Pero llegó entonces la intervención del PSOE. “Ya de entrada despliegan un discurso cargado de contradicciones, hablan de bulos sobre el tema y miedos sembrados en la ciudadanía. Hasta mencionan la Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias”, cuenta Manuel. Finalmente, cuatro ediles votan como el resto de la oposición, pero una quinta llamada Begoña Sanz se abstiene. La votación empata a 12, caso en el cual la inclinación del alcalde decide. El regidor popular, como el resto de su partido, descarta el recurso y da vía libre a la tramitación de la planta.

“Ha sido un auténtico tamayazo. Creemos que, aunque solo se abstuvo una concejala, lo ha coordinado todo el grupo municipal socialista. No a nivel regional, que nos consta estaban con nosotros, como han demostrado en Tres Cantos. Pero a nivel de Colmenar funcionan a su aire”, indica Manuel. No en vano, el PSOE del municipio ha llegado a aprobar con PP y Vox las cuentas de la localidad en los dos últimos ejercicios.

Tienen prisa por el dinero ya invertido, pero también por que si el proyecto no arranca a principios del 2027, la subvención europea hay que devolverla

Este periódico ha consultado tanto al Ayuntamiento de Tres Cantos como al de Colmenar Viejo, además de al grupo socialista en este último municipio madrileño, para conocer su postura sobre el proyecto y los pormenores de lo ocurrido en el pleno. Hasta el momento, ninguna de estas instituciones ha trasladado respuesta.

“Tienen prisa por el dinero ya invertido, pero también por que si la macroplanta no arranca a principios del 2027, la subvención europea hay que devolverl, ya que da cinco años máximos de plazo para poner en marcha los proeyctos. Si se ralentiza o se modifica la autorización ambiental habría que reiniciar todo y pierden la ayuda”, teoriza Manuel sobre los motivos detrás de la estratagema.

“El proyecto va a seguir, pero presentaremos un contencioso-administrativo. Porque no nos oponemos frontalmente, pero la planta está sobredimensionada. Colmenar y Tres Cantos no llegamos a generar 20.000 toneladas año, la planta y sus digestores alcanzan los 75.000. Van a operar y manipular residuos de un radio de 45 kilómetros, es un descontrol. Y súmale un volumen de gasoil que supera los 200.000 litros al año en los camiones, las 40.000 toneladas de materiales y restos que mueven estos vehículos o el tratamiento de aguas residuales. No es un modelo tan circular como pregonan. Son miles y miles de oneladas de elementos no renovables que van a vertederos”, argumenta.