El Ayuntamiento de Madrid acaba de conseguir dos enormes edificios que suman 10.000 metros cuadrados en pleno centro, junto a la plaza de Callao. Son los situados junto a la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, más conocida como plaza de la Luna. Sendos inmuebles, dedicados hasta ahora a servicios terciarios, eran parte de una larga concesión que incluía también el parking municipal de la plaza, que databa del franquismo y que acabó el pasado 30 de julio.
La fecha del fin a la explotación privada de estas instalaciones se había retrasado en varias ocasiones desde que fue firmada, en el año 1972. Primero el Ayuntamiento la alargó una década en 1997, cuando Álvarez del Manzano era alcalde. Y después Almeida extendió esta concesión dos veces más, en noviembre del año 2022 y en el mismo mes de 2023. Entonces se justificó para dar tiempo a adjudicar un nuevo concurso de privatización del aparcamiento, que se firmó el citado 30 de julio, según pudo comprobar este periódico.
“Este aparcamiento dejará de ser gestionado por Aparcamientos Madrid” explica un cartel situado en uno de los ascensores de acceso, que anunciaba las obras de remodelación que está ejecutando ya Ortiz, la constructora que se ha llevado la nueva adjudicación para los próximos 25 años.
A la vez que comenzaba la nueva concesión, el Ayuntamiento de Madrid inscribía los dos edificios como parte de su patrimonio municipal, confirman a Somos Malasaña fuentes municipales. Pero su destino final es todavía una incógnita, ya que el consistorio mantiene un mutismo absoluto sobre qué quiere hacer con estas instalaciones.
Otra gran incógnita es lo que sucederá con los negocios que estaban alquilados en los bajos de los dos edificios y que de momento han decidido no marcharse, pese a saber que la concesión iba a acabar en noviembre de 2022, aunque luego se prorrogara. Por el momento permanecen abiertos dos comercios regentados por asiáticos (una papelería especializada en caligrafía china y un bazar), además de dos bares-restaurantes, el Buda Feliz y El lugar de Martina. Dos comercios cerraron hace dos años al saber que la concesión estaba cerca de su final, es el caso de un gran gimnasio y otro bar situado en el subsuelo del parking. También se fueron muchas de las empresas alquiladas en las oficinas de los pisos superiores.
El Ayuntamiento de Madrid admite que “no se ha tomado una decisión definitiva” sobre estos cuatro comercios abiertos, explican desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Y evitan responder a las preguntas de este periódico sobre la figura legal con la que están ocupando un espacio privilegiado que ahora es municipal y que ha sido obtenido sin ningún concurso público de por medio. Tampoco se conoce qué importe han estado pagando por sus alquileres y qué cantidad abonan desde el 31 de julio, cuando el Gobierno de Almeida ha pasado a ser su casero.
En los bajos de uno de los edificios se encuentra además la comisaría de Centro Norte de la Policía Municipal, por la que el Ayuntamiento de Madrid no abonaba ningún importe a la anterior concesionaria, que pagaba tan solo 383 euros al mes como compensación al consistorio por la explotación de los 10.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales. Los beneficios que ingresaba Aparcamientos Madrid por sus respectivos alquileres nunca se han conocido.
Todos los partidos de Centro piden dotaciones en los edificios
Mientras el Gobierno de Almeida sigue sin desvelar sus intenciones con respecto al futuro, los partidos políticos con representación en el distrito Centro aprobaron por unanimidad el pasado mes de junio una proposición presentada por Más Madrid en la que se instaba “a los órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid a garantizar que los edificios de propiedad municipal de la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta tendrán un uso cien por cien dotacional para los vecinos de Distrito Centro”. La propuesta fue aprobada por el propio concejal de distrito, Carlos Segura, que siempre se ha mostrado dispuesto a intentar que estas instalaciones beneficien a los habitantes del corazón de Madrid, muy carente de algunas dotaciones públicas.
El grupo político que hizo la propuesta, Más Madrid, reclama a Almeida que dé “explicaciones de la situación, cuando menos extraña, de los edificios y los locales comerciales de propiedad municipal”, apunta la concejala Esther Gómez en declaraciones a este periódico. “El gobierno municipal segregó la concesión del aparcamiento el mes pasado y los edificios deberían haber revertido al Ayuntamiento ese mismo día, pero los locales y restaurantes siguen abiertos y funcionando”, añade.
Más Madrid ha pedido formalmente conocer bajo qué figura legal se está habilitando la ocupación de los locales por parte de los comercios, “que estaban vinculados hasta ahora a la concesión del aparcamiento subterráneo Luna Tudescos”, recuerda Gómez.
También recuerda la concejala de la oposición que la nueva privatización del aparcamiento de Luna-Tudescos será un “negocio redondo para la empresa adjudicataria, que va a invertir unos cinco millones en los trabajos de reforma. Digo redondo, porque los beneficios, según el nuevo contrato, rondarán los 54 millones de euros”, asegura a la vez que reclama que este tipo de instalaciones tan rentables sean gestionadas por la EMT, para que “todos esos millones de beneficios podrían reinvertirse en verdaderas políticas públicas de movilidad y transporte”. “La gestión municipal es mucho más rentable y beneficiosa”, añade.