La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la normativa que aprobó el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de enero, en la que exigía licencia urbanística para ejercer negocios de hostelería propios de las viviendas turísticas. La norma suspendía además la concesión de licencias durante al menos un año.
La CNMC considera que la normativa municipal “no protege adecuadamente a los ciudadanos” y que “tiene efectos restrictivos sobre la competencia, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados”, ha explicado en nota de prensa. “Ello provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación”, añade. La denuncia (un contencioso-administrativo) ha sido interpuesta a la vez que sendas denuncias a legislaciones similares en Bilbao y San Sebastián.
El Ayuntamiento de Madrid ya esperaba una denuncia como esta, indicaron fuentes de Urbanismo a Somos Malasaña, y dan por hecho que la CNMC también demandará al consistorio por la nueva ley que está en tramitación, con la que pretende ilegalizar el 95% de las viviendas turísticas de la capital. Esta normativa, que se encuentra en periodo de información pública, entrará en vigor cuando sea refrendada por el pleno del Ayuntamiento.
Tanto el consistorio, grupos políticos, como asociaciones se sorprenden de que la CNMC denuncie una normativa que se basa en una exigencia existente en el Plan General de Ordenación Urbana desde hace años, la de exigir a los negocios terciarios -el alojamiento de turistas lo es- una entrada independiente a la del portal de vecinos.
El concejal de Centro, Jorge García Castaño, resalta que la CNMC está defendiendo con su denuncia “supuesto derecho del consumidor de turismo” frente a “un derecho constitucional”, el de la vivienda. “Lo que se recurre es la competencia urbanística de los ayuntamientos. La posibilidad de garantizar que lo que el planeamiento urbanístico define como uso residencial sea realmente vivienda”, ha publicado.
“Cuando el derecho de la competencia se pone por encima de todo, incluidos derechos constitucionales, algo falla en la sociedad”, ha escrito el concejal del PSOE Chema Dávila, en su perfil de Twitter. “Lo que es legal o ilegal no lo decide la CNMC. Afortunadamente. Son los tribunales los que controlan la legalidad”, han añadido las asociaciones de vecinos del Centro de Madrid, agrupadas en la plataforma Stop Vivienda Turística.