El nuevo Ayuntamiento quiere acabar con una de las escasas dotaciones públicas con las que iban a contar los vecinos del barrio de Malasaña. La reforma de las cuatro plantas superiores de San Bernardo 68, el edificio que ocupan bomberos y samur en su zona baja, servirá para albergar oficinas municipales en lugar de convertirse en un espacio sociocultural, como inicialmente estaba previsto y había prometido el gobierno de Manuela Carmena.
El Consistorio apuesta por incumplir el mandato de los Presupuestos Participativos de 2017, cuando un importante movimiento vecinal consiguió sacar adelante el proyecto de centro sociocultural, pese a que las intenciones entones eran las mismas que ahora: convertir el lugar en oficinas municipales. El proyecto fue votado masivamente y consiguió el respaldo necesario para ser construido en lugar de los despachos municipales.
En el edificio aún cuelga un cartel que indica que el objeto de las obras de reforma del edificio, en el que se están gastando 2,1 millones de euros, son para “el acondicionamiento de plantas tercera a sexta para CENTRO SOCIOCULTURAL”. Entre sus dotaciones, el proyecto de construcción contempla incluir aulas para gimnasia, talleres plásticos, salas de exposiciones, enseñanza de idiomas, estudio de radio o un salón de actos con capacidad para 245 personas, que entre otros iba a utilizar el colegio público cercano Pi i Margall, que no dispone de ninguna sala de este tipo.
El lugar tenía incluso nombre: Espacio Malasaña, elegido mediante votación popular el pasado mes de abril. Las obras iban a finalizar este verano y tenía previsto arrancar sus actividades acogiendo la programación del minúsculo centro cultural Clara del Rey, situado a escasos metros. Con el cambio, este lugar iba a ser transformado en una Casa Grande para atender las necesidades de la infancia y en un centro con actividades para los jóvenes del barrio.
Toda esta operación la ha ideado el nuevo gobierno sin anunciarlo durante la campaña electoral y a espaldas del movimiento vecinal del barrio, aunque miembros de la plataforma SOS Malasaña habían preguntado directamente al concejal de Centro José Fernández por el centro sociocultural en la reunión mantenida con éste la pasada semana. Tampoco informó de ello a la oposición, pese a las solicitudes llegadas desde Más Madrid. La supresión del espacio para la cultura la ha hecho pública paradójicamente en la Comisión de Cultura y Deportes, en la que la concejala Andrea Levy anunciaba querer ampliar la oferta cultural de Madrid.
“No es un contrato vinculante con el que estemos obligados a seguir” informan fuentes del Ayuntamiento sobre el proyecto aprobado en Presupuestos Participativos. Lo aseguran a El Mundo, rotativo que publica que será el personal de Deportes del gobierno municipal, dirigido por la concejala de Ciudadanos Sofía Miranda, el que ocupe el lugar destinado a centro sociocultural. Actualmente, la sede que ocupa su personal es de alquiler y está situada en la calle Alfonso XI, muy cerca de Cibeles. Por ella se abona 800.000 euros anuales, indican fuentes del consistorio.
El nuevo gobierno argumenta y justifica este movimiento en el ahorro que supondrá para las arcas municipales no pagar más alquiler por la sede de los funcionarios de Deportes. Sin embargo, nada dice sobre que ese hecho responde a la política de venta de edificios municipales que llevaron a cabo anteriores gobiernos municipales del PP, especialmente el de Ana Botella; tiempos en los que el Ayuntamiento hacía desaparecer del barrio dotaciones y patrimonio municipal, malvendiéndolo para rebajar deuda, tal y como sucedió, por ejemplo, con el edificio de oficinas que el consistorio poseía en la calle Divino Pastor, o con el solar de la calle de San Mateo, o con el espacio Ciball de Corredera Baja de San Pablo y las oficinas de Luna.
La tendencia la intentó revertir el anterior equipo de gobierno con su campaña “Barrios para vivir” y tenía previsto seguir haciéndolo con la liberación de otros espacios municipales como el situado en la calle Barco, que ocupa personal de Urbanismo, o las oficinas de titularidad municipal de la plaza Luna, actualmente alquiladas a terceros y que podrán ser recuperadas durante esta legislatura. Actualmente están en construcción unas nuevas macrooficinas municipales en el entorno de Legazpi, que tendrán capacidad para más de 2.500 funcionarios.
García Castaño: “El centro para el negocio y sin vecinos”
García Castaño: “El centro para el negocio y sin vecinos”
Con esta decisión, el tándem Almeida-Villacís “se carga los Presupuestos Participativos”, lamenta el anterior edil de Centro y concejal de Más Madrid, Jorge García Castaño, quien señala que el edificio de San Bernardo 68 “era el único espacio posible” dentro del barrio para albergar este centro sociocultural.
García Castaño indica que el anterior equipo de Gobierno redujo de forma importante los alquileres que pagaba el Ayuntamiento por oficinas, “al revés de lo que hizo el PP”. “Y se van a reducir mucho mas con Legazpi”.
“Da la sensación de que no quieren que en el centro viva gente”, se queja el concejal de la oposición, quien cree que los nuevos responsables municipales “tienen una idea del centro para el negocio y sin vecinos. No quieren equipamientos de proximidad, se opusieron a Madrid Central, a la regulación de viviendas turísticas y a la zona de protección acústica”, añade.
“Es un espacio absolutamente necesario para la zona norte del distrito”
“Es un espacio absolutamente necesario para la zona norte del distrito”
José Luis García Castro es la persona que presentó el proyecto a los Presupuestos Participativos el proyecto de centro sociocultural para las plantas superiores de San Bernardo 68. Junto a otros muchos vecinos y colectivos lleva dos años trabajando en el mismo. Esta mañana se declaraba “hundido” al conocer los planes del nuevo ayuntamiento, pero prevé una reacción del tejido asociativo del barrio y aún no da por perdido el espacio. “Lo vamos a pelear. De aquí a finales de septiembre, que es cuando estaba prevista la finalización de las obras, pueden pasar muchas cosas”.
“San Bernardo 68 es un centro vital no sólo para Malasaña, sino también para Chueca, un espacio dotacional del distrito e, incluso, de ciudad. En los barrios del norte del distrito Centro no hay nada parecido y la necesidad es enorme”, comenta este vecino que ha dedicado infinitas horas a un proyecto que contaba con el apoyo de asociaciones, colectivos y empresarios de la zona, además de prácticamente el respaldo de cualquier persona del entorno que conocía lo que en las plantas superiores de este edificio se estaba pensando hacer. “El espacio iba a seguir pautas de los nuevos centros de proximidad, la gestión iba a ser municipal, pero guiada por un consejo de centro con una enorme conexión con el tejido social del entorno”.