Este martes 22 de noviembre acababa una de las concesiones municipales más longevas de las que perviven en la capital. Se inició en el año 1972 y sirvió para construir el aparcamiento subterráneo de la plaza Soledad Torres Acosta -conocida como plaza Luna- y dos enormes edificios de oficinas, con casi 10.000 metros cuadrados de superficie. Pero el Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a recuperar estos espacios y regalará un año de prórroga a la empresa concesionaria, como adelantó este periódico hace casi un mes.
El tema llegó el lunes a la comisión de Movilidad, en la que el PSOE preguntaba al delegado del área, Borja Carabante, sobre las razones por las que se había decidido la prórroga, que considera un “perjuicio” para los madrileños. El edil del PP le respondía: “No entiendo dónde está el perjuicio para los ciudadanos en la prórroga de un contrato de concesión que va a continuar dando el mismo servicio en el aparcamiento y a los inquilinos que ocupan el edificio de Luna-Tudescos”.
“Si no lo entiende se lo voy a explicar yo”, le respondía el socialista Pedro Barrero, al recordarle que la empresa concesionaria pagó al consistorio en 2021 solo 383 euros al mes como canon por la explotación de los dos inmuebles, que suman 10.419 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales. Una cifra minúscula, que fue publicada el pasado mes de marzo por Somos Malasaña, noticia a la que siguió una ola de indignación en las asociaciones vecinales de Centro, que sufren de una importante escasez de dotaciones públicas.
El PSOE reclama construir dotaciones y viviendas protegidas en este espacio “para contribuir a frenar el proceso de gentrificación que sufre el centro de Madrid”, pero el equipo de Almeida no ha decidido todavía qué hará con los edificios, pese a que el pasado mes de abril aseguró que conversaría con asociaciones y partidos de la oposición para buscarles utilidad pública.
Borja Carabante justificó la prórroga explicando que Movilidad ha detectado en el aparcamiento “una serie de deficiencias que son necesarias de subsanar”, por lo que necesita más tiempo para redactar un nuevo proyecto de remodelación de las instalaciones. No comunicó, sin embargo, el motivo por el que no había puesto en marcha la reforma antes para llegar a la fecha en la que se recuperaba el parking y los edificios. Y que no fuera necesaria ninguna prórroga.
“Estos edificios son propiedad del Ayuntamiento, cada vez que pierde un céntimo, lo pierden también los madrileños y las madrileñas”, el echó en cara Barredo. “El sector privado lleva 50 años lucrándose, sin ningún fin social para los vecinos del distrito de Centro, a los que les faltan equipamientos y vivienda pública”, añadió después de dejar caer la posibilidad de que haber extendido la concesión pudiera beneficiar a “los intereses del Partido Popular”.
En los edificios de Luna operan varias empresas de alquiler de oficinas, que gestionan los espacios con subarriendos a la concesionaria. También negocios en sus locales, como una papelería, un restaurante chino o un bar con terraza en la plaza. Y está la comisaría de Policía Municipal de la zona. La mayoría de inquilinos, no obstante, abandonó el lugar al conocerse el fin de la concesión.
El delegado de Movilidad anunció su intención de volver a privatizar el parking al término de la concesión y transferir los edificios de Luna a la Dirección General de Patrimonio. Algo que tendrá que decidir, en todo caso, el gobierno que salga de las próximas elecciones, ya que el nuevo plazo para la concesión vencerá el 22 de noviembre del año 2023.