Los 250 vecinos de Luna 32 a los que el Ayuntamiento pretende desalojar este martes no se irán sin una alternativa habitacional

Este martes se cumple el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid a los habitantes del edificio de viviendas situado en el número 32 de la calle Luna para que lo desalojen voluntariamente. Estos ya han dicho que no se van a ir sin que antes se les asegure un techo y solicitan a las autoridades un alquiler social, mientras que su abogado, Raúl Maillo, asegura que el gobierno local no puede recuperar el inmueble sin un procedimiento judicial y con recursos abiertos contra la orden de desahucio de Desarrollo Urbano.

De titularidad municipal, en el inmueble conocido como el Palacio de la Infanta Carlota viven alrededor de 250 personas sin contrato legal de alquiler. Para el Consistorio son okupas, mientras que para distintas organizaciones ciudadanas y de vivienda se trata de vecinos a los que no se les puede echar sin proporcionarles antes una solución habitacional, opinión que también comparten grupos políticos como Más Madrid y PSOE. 

La administración tiene gran culpa de la actual situación de estas personas y de la del inmueble en sí, construido por el arquitecto del Museo del Prado, Juan de Villanueva, en 1775, protegido por Patrimonio y en un lamentable estado de conservación tras años de expolios y de reformas bárbaras por parte de especuladores como el iraní Taefi Alí, al que el Ayuntamiento se lo acabó por expropiar hace casi una década.

En medio de una guerra contra Cintia Real SL, propiedad del citado empresario, los habitantes más antiguos de este inmueble indican que funcionarios municipales les aconsejaron dejar de pagar sus rentas a la citada empresa. Posteriormente, el Ayuntamiento no regularizó los contratos de alquiler y se desentendió de edificio y de inquilinos durante un par de legislaturas. 

Desde entonces, en Luna 32 conviven antiguos vecinos con otros nuevos que llegaban a pisos y habitaciones que habían quedado vacías y que, en ocasiones, eran manejadas por algunas personas y mafias que, sin título habilitante alguno, subarrendaban alojamientos.

Sin claras ayudas sociales sobre la mesa

Hace un año al actual gobierno le entraron las prisas por recuperar el edificio y puso fecha para un desahucio que, sin embargo, no llegaba respaldado por plan social alguno. Los recursos interpuestos por los afectados y, posteriormente, la pandemia, dejaron la resolución del tema en barbecho hasta que el pasado mes de junio se reactivó y, como consecuencia, a los habitantes de Luna 32 les llegó la actual orden de desalojo. 

Ni antes ni ahora el Consistorio ha garantizado por escrito ayudas para ellos. Aunque hace unos días el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, cuestionado al respecto por el grupo socialista, decía en la comisión del área que desde Familias y, muy especialmente, desde los servicios sociales del distrito Centro, se estaba trabajando de manera “minuciosa y concienzuda” en un plan para ayudar a los futuros desahuciados, no dio detalle sobre en qué consistía realmente ese trabajo y cuáles serían las opciones que para ellos maneja el ayuntamiento. 

Tampoco este periódico ha logrado obtener esos detalles del concejal de Centro, que sigue la línea marcada en el distrito desde el inicio de la pandemia de no responder a nada que tenga que ver con servicios sociales.

Los habitantes de Luna 32 indican que, en el mejor de los casos, a los que han sido atendidos por los servicios sociales se les ha prometido verbalmente un alojamiento temporal de entre uno y tres meses de duración en pisos o en habitaciones compartidas, algo muy alejado de las expectativas que tienen y que no son otras que las de lograr un alquiler social. Aquellos moradores que no tienen papeles aún están en peor situación porque no existen para las autoridades. En general, a menos de un día para que se cumpla el plazo del desalojo voluntario, a todos ellos los une el desamparo en el que se encuentran.

Concentración antidesahucio

La plataforma vecinal SOS Malasaña y la asociación de vecinos ACIBU han realizado una llamada de apoyo a estos vecinos, en especial de cara a mañana martes. El desalojo del palacio de la Infanta Carlota está fijado a las 9:30 y piden que a las 9 horas se concentren en la inmediaciones todo aquél que crea que antes de echar a estas personas de sus casas se les debe ofrecer una alternativa. 

A esta llamada la Plataforma Antidesahucios, PAH, ha respondido lanzado a su vez una convocatoria entre sus simpatizantes, mientras que miembros de organizaciones de vecinos como la Plataforma Maravillas y la despensa solidaria Malasaña Acompaña también acudirán a la cita; varias de las familias que podrían ser desahuciadas son usuarias de este banco de alimentos del barrio. 

Precariedad, miedo, incertidumbre, pandemia y, además, una inminente falta de techo. Este es el desayuno diario con el que amanecen en Luna 32 unas 250 personas, entre las que hay 40 niños.

“Creemos que el Ayuntamiento no va a ejecutar el desahucio mañana. Vendrán, constatarán que los inquilinos no se han marchado voluntariamente del inmueble y, a partir de ahí, iniciarán el procedimiento judicial que les permita proceder legalmente al desalojo”, comenta Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña y presidente de ACIBU, que asesora junto al abogado Raúl Maíllo a los vecinos. Por si acaso, espera que sean muchas las personas que asistan a la convocatoria antidesahucio de este martes. 

“Nadie se va a marchar ahora voluntariamente del inmueble”, pronostica Gordon, a quien le parece increíble que esto esté sucediendo especialmente en esta época de Covid-19. Propone crear una comisión negociadora entre vecinos y Ayuntamiento que no deje fuera a nadie, “ni a quienes tenían un contrato de alquiler legal antes de todo lo relacionado con el edificio se convirtiera en un despropósito ni a quienes han llegado más recientemente a él pero que igualmente necesitan soluciones para una situación desesperada”.