Portazo ¿definitivo? al intento del Ayuntamiento de Madrid de acabar con la cesión de la Casa del Cura, el edificio cedido a decenas de colectivos vecinales de Malasaña en 2019 y que el equipo de Almeida lleva intentando convertir desde hace un año en un centro de servicios sociales. El acuerdo al que llegaron los concejales escindidos de Más Madrid con el equipo de Gobierno para la aprobación de los presupuestos del año que viene incluye no modificar el estatus de este espacio.
El texto filtrado del acuerdo indica que el Ayuntamiento de Madrid se compromete a “poner a disposición de las asociaciones vecinales” de una serie de edificios municipales, entre los que se menciona explícitamente la Casa del Cura. En este caso se añade el matiz de “si se fallase a favor del Ayuntamiento el pleito pendiente”, haciendo alusión al recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la primera sentencia sobre el espacio, favorable a los vecinos.
La justicia dio la razón en primera instancia a los actuales cesionarios, los colectivos agrupados bajo el proyecto Haciendo Barrio, que ganó el concurso público para la adjudicación del edificio situado en la plaza del Dos de Mayo. Lo hizo hace poco más de un mes, después de comprobar que no estaba justificado el intento del equipo de Almeida de acabar con la cesión para instalar allí oficinas municipales. El Ayuntamiento decidió recurrir y ahora el pacto con el Grupo Mixto frena aparentemente ese intento.
El acuerdo pilló por sorpresa a los cesionarios de la Casa del Cura, que lo toman con alivio pero también con cautela hasta que se confirme de forma oficial. Los anteriores intentos municipales por desalojarlos hace que desconfíen del equipo de gobierno. El proyecto está formado por decenas de colectivos sociales y culturales del barrio, juveniles, de apoyo a mayores o de Ampas de los centros educativos cercanos. También mantiene abierta en su interior una despensa solidaria que alimenta a más de 90 familias.
Resistencia vecinal
Hasta la primera sentencia, Junta de Centro había instado al desalojo del edificio municipal para instalar allí un centro de servicios sociales con 18 trabajadores, a 500 metros del otro que existe en el barrio. Lo hizo pese a que José Fernández (PP) aseguró en una entrevista al inicio de su mandato que pensaba respetar la cesión hasta el año 2023. Luego se desdijo de sus propias palabras. Los vecinos denuncian además que durante el verano de 2020 Fernández ordenó cambiar la cerradura del edificio cedido, lo que originó una intervención de la Policía Nacional que impidió la usurpación del inmueble.
Los vecinos adjudicatarios han peleado en los tribunales la validez de su cesión, adjudicada después de un concurso público al final del mandato de Manuela Carmena. Ya habían conseguido una primera victoria en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que frenaron en 2021 el desalojo inicial reconociendo que el proyecto que albergaba el centro era de “interés público y social”. Además de la causa principal, los cesionarios solicitaron entonces como medida cautelar que se siguiera manteniendo la cesión, cosa que fue concedida pero que luego el TSJM anuló. Recientemente, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el de casación que también presentaron desde la asociación vecinal, un fallo al que se ha intentado aferrar el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo sin esperar a la resolución judicial que llega ahora.