Reabre la casa más antigua de Malasaña convertida en pisos de alquiler a 4.200 euros al mes

El número 20 de la Corredera Baja de San Pablo ha visto pasar por delante de su puerta mucha historia, como atestigua la Cruz de Malta de piedra que corona su entrada. Está allí desde el siglo XVII y además de pertenecer a esta orden de caballería acogió a los hermanos Machado a principios del siglo XX -allí residía su madre-, después a una sociedad ajedrecista y, más tarde abrió en sus locales una tapicería y una taberna, La Pepita, que los habituales de las noches de Malasaña de hace unos años recordarán por sus croquetas, sus minis y los posters de Miguel Induráin sobre sus paredes centenarias.

Este último local cerró en 2008 y desde entonces el edificio no ha tenido actividad comercial debido a que pasó por un largo proceso de ruina, derribo y venta que explicaremos más adelante. Hasta ahora, porque el próximo 30 de noviembre reabrirá sus puertas: lo hará para acoger a sus primeros inquilinos, los de los pisos que acaban de ponerse en alquiler, una vez que todo el inmueble se ha reformado por dentro para convertirse en un edificio de apartamentos de lujo.

“El edificio ha sido totalmente reformado con todo mimo y ofrece apartamentos con acabados de primera calidad totalmente equipados”, dice la página que los comercializa, la de Caterina Corporate House, que ha llamado Leonor a este conjunto de inmuebles ubicados en uno de los barrios con más personalidad de Madrid, buscando revalorizar su pasado con el nombre de la esposa de Antonio Machado.

Alquilar uno de estos apartamentos no está al alcance de cualquiera: la reserva mínima es de un mes - no tiene licencia turística para hacerlo por periodos más cortos- a razón de 130 euros la noche. Si le sumas además los gastos de lavandería, limpieza y otros conceptos, pasar 30 días en él sale como mínimo por 4.200 €.

Aunque la compañía indica en su página que el edificio cuenta con diecinueve apartamentos de una, dos y tres habitaciones, de momento solo se alquilan dos: uno de 65 metros cuadrados y otro de 120. Ambos cuestan los citados 4.200 euros al mes y su distribución es similar: amplio salón con cocina integrada, habitación y pequeño baño con ducha.

Caterina Corporate trabaja con precios similares en varios apartamentos de Atocha y sobre todo en Barcelona, la ciudad en la que empezó a operar. Asegura en su página web que ofrece a propietarios de edificios e inversores “un rendimiento hasta un 40 % superior al inmobiliario tradicional” gracias a su “cuidado diseño”, una “comercialización multicanal” y un equipo de gestión con una gran trayectoria. No detalla quiénes son los destinatarios preferentes de los inmuebles que gestionan, aunque todos los mensajes y descripciones destinadas a posibles inquilinos están escritos por defecto en inglés. El periódico Somos Malasaña ha intentado ponerse en contacto con la empresa por distintas vías pero la compañía ha preferido no devolver las llamadas.

Okupación y venta a precio de derribo

La historia de Corredera 20 es un buen ejemplo de cómo funcionan las dinámicas urbanas y la circulación de capitales en una gran ciudad como Madrid. El edificio del siglo XVII fue comprado por el Ayuntamiento en 1991 con la intención de convertirlo en un equipamiento social para los habitantes del barrio de Malasaña, a la vez que mantenía la integridad del interior y exterior del edificio, con el nivel máximo de protección por su valor histórico.

Pero los años fueron pasando y el edificio seguía sin más uso que el de sus locales comerciales. En el año 2006, con Ruiz-Gallardón como alcalde, el Ayuntamiento de Madrid presupuestó cinco millones de euros para convertir el lugar en viviendas sociales para jóvenes, pero el proyecto no se ejecutó y volvió a caer en el olvido. En enero de 2011, entre rumores de venta, un colectivo que entonces se encontraba en plena actividad en el barrio, el Patio Maravillas, okupó el edificio para asegurarle un futuro social. Un grupo de arquitectos inició entonces allí el llamado Proceso Corredera, un proyecto de reforma del inmueble con fines sociales a coste cero para el consistorio. Unos días antes de que lo presentaran ante la concejala de Urbanismo, con cita fijada en la agenda, fueron desalojados por la Policía Nacional.

“Ante la dejadez de la administración de esta ciudad y los procesos de venta de los pocos espacios públicos que quedan en la ciudad, seguiremos denunciando el expolio que la administración municipal lleva a cabo para trasladar a la ciudadanía la deuda económica generada a partir de un modelo de ciudad basado en la especulación financiera, causa fundamental de la actual crisis económica”, publicaron entonces en un comunicado los miembros del Patio Maravillas, que pusieron Corredera 20 como “un ejemplo del expolio de lo público”.

“No nos compensa rehabilitarlo a precio de vivienda protegida, es mejor que lo haga un privado”, respondieron entonces los responsables municipales. Y el Ayuntamiento de Madrid se puso a ello publicando una licitación para venderlo: el precio de salida fue 11 millones de euros, pero el concurso quedó desierto. A finales de 2011 se ofreció por 4,7 millones, con idéntico resultado. En mayo de 2012 la oferta bajó hasta los 4,2 millones, pero siguieron sin llegar posibles compradores. Se acabó liquidando en 2014 a dedo por dos millones a una sociedad creada cinco meses antes en Holanda, Prime Cities Spain SL con solo 3.000 euros de capital (el mínimo legal). Hoy esa empresa ya no existe.

El inmueble tiene tres alturas y 793 metros cuadrados de planta, según la información que consta en el catastro a la que ha tenido acceso Somos Malasaña, e incluye una parte aneja en el número 39 de la calle del Barco. Está dividido en cinco locales comerciales, doce viviendas y almacenes, que juntos acumulan 1.994 metros. Sus compradores lo adquirieron a precio de derribo, a menos de 1.000 € el metro cuadrado, en un barrio donde la vivienda rondaba los 5.000 €/m2 por aquel entonces. Y se pusieron a hacer reformas.

Las obras se iniciaron en 2015 y durante ellas la asociación vecinal Acibu denunció desaparición de elementos protegidos, sin que se iniciara ninguna actuación por parte del Ayuntamiento. Para 2018 ya habían solicitado la licencia de primera ocupación. Tres años después, abren sus primeros pisos de alquiler. Si los 19 apartamentos se ponen al mismo precio que los dos que ya están disponibles, la compañía gestora podrá facturar cerca de un millón de euros al año en ingresos.