El proyecto vecinal de la Casa del Cura ha decidido no entregar las llaves del espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid hasta el año 2023 y que ahora el consistorio quiere recuperar de forma anticipada. En una asamblea celebrada hace unos días, los 38 colectivos del barrio de Malasaña implicados en su gestión decidieron continuar con sus actividades. También estudian a solicitar un aplazamiento de la orden de desalojo al gobierno de Almeida, hasta que la justicia dicte sentencia sobre el contencioso que mantienen abierto.
Las entidades vecinales se lanzaron a defender en los tribunales la cesión de este espacio situado en la Plaza del Dos de Mayo a través de un contencioso administrativo, actualmente visto para sentencia. El Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado inflexible desde verano de 2020, cuando decidió anular la cesión, y ha utilizado todas las herramientas legales para hacerse con el control del edificio y expulsar a sus actuales cesionarios: “Vamos a confiar en que entreguen las llaves”, explicó la semana pasada una portavoz municipal sobre el proceso de desalojo iniciado. “De no ser así, se actuará según marca la justicia”, añadió a las preguntas del periódico Somos Malasaña.
Mientras el proceso judicial avanza, los colectivos vecinales han convocado una jornada de apoyo y visibilización de las actividades que se organizan en su interior, sacándolas a la calle bajo el lema Juntas por la Casa del Cura. Será el próximo viernes 5 de noviembre, a partir de las 18.00 horas. Lo harán “para reivindicar desde la alegría y la creación colectiva la importancia de mantener este espacio vecinal en Malasaña”, explican en los carteles que anuncian la convocatoria.
Los cesionarios alertan de que la desaparición de la Casa del Cura dejará sin alternativas a las más de 90 familias que actualmente disfrutan de la despensa solidaria de la zona, creada durante la pandemia y que se encuentra instalada en este edificio. También se podrá fin a todas las actividades que organizan los colectivos juveniles, de apoyo a mayores o de las Ampas de los centros educativos cercanos.
La Junta de Centro quiere utilizar el edificio de la plaza del Dos de Mayo para instalar allí un centro de servicios sociales con 18 trabajadores, a 500 metros del otro que existe en el barrio y que ha permanecido cerrado por las tardes por falta de personal. Lo hace pese a que el concejal del distrito, José Fernández (PP), aseguró en una entrevista al inicio de su mandato que pensaba respetar la cesión hasta el año 2023. Luego se desdijo de sus propias palabras. Los vecinos denuncian además que durante el verano de 2020 Fernández ordenó cambiar la cerradura del edificio cedido, lo que originó una intervención de la Policía Nacional que impidió la usurpación del inmueble.
Si Almeida puede o no recuperar legalmente la Casa del Cura se está decidiendo actualmente en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, esos que ya frenaron el desalojo inicial reconociendo que el proyecto que albergaba el centro era de “interés público y social”. Además de la causa principal, los cesionarios solicitaron entonces como medida cautelar que se siguiera manteniendo la cesión, cosa que fue concedida pero que luego el TSJM anuló. Recientemente, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el de casación que también presentaron desde la asociación vecinal, un fallo al que se aferra el Ayuntamiento para ejecutar el desalojo sin esperar a la resolución judicial principal.
Menos espacios para los vecinos
La Casa del Cura es una de las pocas infraestructuras culturales y vecinales existentes en Malasaña, después de que el equipo de Gobierno actual anulara el proyecto para construir un centro cultural en el edificio de San Bernardo 68 y lo sustituyera por oficinas del área de Deportes. Además, desde este otoño permanece cerrado el Centro Cultural Clara del Rey, debido a las obras para ampliar la Escuela de Educación Infantil en el edificio que lo albergaba. La Junta de Centro prometió trasladarlo al Museo ABC, pero aún no ha dado ninguna fecha de reapertura.
La orden de desalojo tiene lugar dentro de una política general del Ayuntamiento de Madrid encaminada a desmantelar los espacios vecinales autogestionados que se pusieron en marcha de forma legal durante la anterior legislatura, y que ahora el gobierno de Almeida intenta suprimir. Se inició en enero con el EVA de Arganzuela y continuó hace unos meses con la Casa de Cultura de Chamberí, donde se echó a una veintena de colectivos vecinales para instalar allí un centro de inteligencia artificial que aún no ha sido puesto en marcha.