“Antes éramos ocupas, ahora sólo somos irresponsables”, afirma con ironía la presidenta de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Conde Duque y Centro, Pilar Cirugeda. Así ha calificado a estos vecinos el concejal del distrito, José Fernández (PP), al conocer el fallo judicial que paraliza el desalojo que él mismo había ordenado de la Casa del Cura y que aclara que la citada asociación, actual cesionaria del edificio de titularidad municipal, tiene un contrato legal para desarrollar en él unas actividades de “interés público y social”.
Fernández, el alcalde Almeida y su partido reclaman la Casa del Cura para, en teoría, ampliar el espacio disponible para personal de servicios sociales del distrito Centro y alegan que el empeño de la asociación de Malasaña en llevar ante los tribunales, con un contencioso-administrativo, la revocación de la cesión del inmueble aprobada en el pleno municipal por los grupos en el gobierno, impide desarrollar sus planes. Sin embargo, tras esta excusa de mal pagador, lo que callan es que jamás tuvieron intención de permitir que los vecinos gestionaran el edificio, por mucho que se hubieran ganado el derecho de hacerlo en concurso público durante la anterior legislatura.
Primero, la Junta de Centro demoró hasta lo imposible la finalización de las obras de adecuación del inmueble, que retrasaron la entrega de las llaves del mismo a los vecinos y, luego, creyó haber encontrado en la pandemia la excusa perfecta a la que agarrarse para hacer efectiva la cláusula del contrato de cesión que permite revocarla en caso de necesidad por razones de interés público.
Y hablamos de excusa porque, entre otras cosas, mientras se reclama más espacio para atender con seguridad a los ciudadanos, la Junta del distrito mantiene cerrado por las tardes el Centro de Servicios Sociales Maravillas -en la cercana calle de San Joaquín- por, al parecer, falta de celadores. Así pues, no son metros cuadrados para servicios sociales lo que más necesita, sino personal y un proyecto asistencial mucho más amplio que el que ahora ofrece.
Por otra parte, cabe recordar que ese mismo centro Maravillas permaneció clausurado los meses más duros del confinamiento por unas obras que estaban previsto realizarlas durante el pasado verano pero que alguien decidió que era conveniente adelantarlas haciéndolas coincidir con el inicio de la crisis sociosanitaria de la Covid-19.
Volviendo de nuevo sobre el tema de la Casa del Cura, cierto es que lo de la demora de la entrega de las llaves se podría haber evitado de haber dejado la cosa mucho mejor atada el anterior gobierno municipal pero, igualmente, el actual ejecutivo habría tratado de hacer efectiva la cláusula de revocación de la cesión como fuera.
Es parte de su política general de gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, desde la que tratan de ningunear a los colectivos sociales y al tejido asociativo de los distintos barrios de Madrid y de la que han hecho gala, sin reparo alguno, desde sus primeros días en el poder. Se rigen por una pensamiento para ellos indiscutible: “¡Qué mayor consulta sobre lo que hacer o no hacer que las urnas!”, como si el haber logrado una mayoría para gobernar tras unas elecciones les proporcionara automáticamente cuatro años de carta blanca para hacer y deshacer a sus anchas.
Ningún representante de este gobierno municipal ha querido visitar nunca la Casa del Cura, ni reunirse con la asociación cesionaria -más que para comunicarle la revocación de la cesión-, ni se ha interesado por su proyecto. El mismo secretario general del PP de Centro, Carlos Segura, quien presume de hablar con toda asociación y vecino del distrito que se lo solicita, ha evitado acercase a este espacio vecinal y se ha dedicado en redes sociales a tratar de minusvalorar y cuestionar la función social y el beneficio colectivo de este lugar que, entre otras cosas, acoge a los voluntarios del banco de alimentos de Malasaña, el cual actualmente da de comer a 73 familias necesitadas del barrio supliendo un cometido que correspondería a unas instituciones locales soberbias e incapaces de hacer nada resolutivo con los datos de personas receptoras de ayudas que exigían les entregara la red de apoyo ciudadano Malasaña Acompaña y que, inútilmente, tienen en su poder desde junio.
Un edificio como La Casa del Cura se hace más necesario para un barrio como Malasaña, aún si cabe, en época de pandemia, pero el uso que se le está dando en la actualidad al mismo por parte del colectivo vecinal que legalmente mantiene su gestión es mucho más productivo socialmente que el artero que propone para él la Junta del distrito. Al fin y al cabo, esos vecinos “irresponsables”, según los llama el concejal Fernández, son los que están tapando algunas de las vergüenzas de su gestión asistencial.
Deberá ser la Justicia la que dirima qué gestor de la Casa del Cura y qué proyecto es más beneficioso para los habitantes del barrio, si el de la asociación vecinal o el de la Junta Municipal de Centro, dando y quitando razones a uno y a otro contendiente.
Sea como fuere, y mientras llega el juicio, los vecinos piden diálogo y colaboración al Ayuntamiento y no más palos en sus ruedas: el penúltimo de ellos, un presunto delito de coacción cuando desde Centro se trató de recuperar el edificio por las bravas, saltándose todo procedimiento legal con un intento fallido de cambio de cerradura que acabó en denuncia en la comisaría.
Los primeros tienden la mano al tiempo que el segundo, por el momento, sólo ha mostrado el puño. Ojalá la Junta de Centro cambiara de actitud hacia la Casa del Cura tan rápido como ha cambiado la forma en la que se refiere a quienes la gestionan, antes poco menos que ocupas, ahora -pronunciamiento judicial mediante- simplemente “irresponsables”.